El gobierno abre el negocio de los sueldos públicos a bancos privados 

   Desde este lunes, once entidades financieras, incluidas tanto bancos tradicionales como privados, pueden ofrecer este servicio, marcando un hito en la estrategia oficial para reducir la participación del BNA como prestador exclusivo de servicios al Estado.

  La medida forma parte del plan impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger, cuyo objetivo es que las reparticiones estatales no estén obligadas por ley a contratar los servicios del BNA o YPF. Las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional podrán optar ahora entre el BNA y una lista de nuevos proveedores autorizados: el Banco Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle. En cambio, fueron descartadas las ofertas presentadas por el Banco Hipotecario, el Banco Ciudad y Brubank.

   La normativa establece que las entidades seleccionadas deberán ofrecer servicios básicos gratuitos, como la apertura, gestión y mantenimiento de cuentas sueldo. Además, se priorizará evaluar aquellos beneficios adicionales que puedan obtenerse para los trabajadores estatales, como préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.

  "Corresponde instruir a las referidas jurisdicciones y entidades a que confeccionen los términos de referencia considerando los parámetros contemplados en el pliego para la elaboración del plan de trabajo, evaluando especialmente los mayores beneficios que puedan obtenerse para el personal estatal", señala el texto oficial.

El marco legal detrás de la decisión

   El decreto 70/2023 ya había establecido que las empresas en las que el Estado Nacional sea accionista mayoritario no podrían gozar de prerrogativas de derecho público ni recibir ventajas en la contratación de bienes y servicios. Posteriormente, mediante el decreto 747/2024, publicado en agosto pasado, se eliminó la obligatoriedad de pagar los haberes del sector público únicamente a través del BNA, además de fijarse un plazo de un año para rescindir todos los contratos vigentes con esta entidad.

Un paso hacia la privatización del BNA

   La decisión de abrir el negocio de los sueldos públicos a otros bancos es visto como un paso clave dentro del proceso de privatización del Banco Nación, una de las instituciones históricas del sistema financiero argentino. Al eliminar sus prerrogativas como banco oficial, el gobierno busca reducir su rol central en la economía y transferir funciones a entidades privadas, en línea con su agenda de liberalización económica.

  Este cambio genera preguntas sobre el futuro del BNA y su capacidad para seguir cumpliendo con su misión histórica de apoyar sectores estratégicos de la economía, como la vivienda y el crédito productivo. Mientras tanto, el gobierno asegura que la medida beneficiará a los empleados públicos al ampliar la oferta de servicios financieros y mejorar las condiciones contractuales.