El desmantelamiento de ArSat 

   En pueblos remotos como Doctor Atilio Viglione (Chubut), Ñorquinco (Río Negro) y Medanitos (Catamarca), los habitantes han quedado desconectados debido a la falta de mantenimiento de las antenas satelitales y estaciones de televisión digital. Según trabajadores de ArSat, esto se debe al éxodo de unos 150 profesionales —de un total de 700— que aceptaron retiros voluntarios ante el congelamiento salarial y la incertidumbre laboral.

   La situación es crítica: estaciones de televisión digital están inoperativas desde hace meses, dejando sin acceso a noticias o entretenimiento a comunidades que dependen exclusivamente de este servicio. Además, la Red Federal de Fibra Óptica está desatendida, afectando la conectividad en escuelas y hospitales de zonas alejadas donde los servicios privados no llegan. Mientras tanto, el gobierno prioriza negocios con empresas extranjeras como Starlink, de Elon Musk, en detrimento de proyectos nacionales.

   Uno de los golpes más duros ha sido la paralización del tercer satélite argentino, ARSAT-SG1, cuyo lanzamiento estaba previsto para 2024 pero fue postergado hasta, al menos, 2027. Financiado con un crédito internacional de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 243 millones de dólares, el proyecto avanza apenas un 61% y enfrenta serios problemas: el gobierno no ejecuta los fondos necesarios, lo que podría llevar a la mora con proveedores internacionales y la cancelación de componentes críticos. Desde el entorno de ArSat denuncian que los recursos asignados al proyecto son desviados al Banco Central (BCRA) y no se utilizan para pagar a los contratistas ni completar el satélite.

   La postura oficial parece estar orientada hacia la privatización de ArSat. Aunque la empresa no figura explícitamente en los decretos de privatización, su salida a bolsa está en agenda. El 49% de las acciones podría ser vendido, dejando solo el 51% bajo control estatal. Este movimiento refleja la predilección del gobierno por socios internacionales como Starlink, en lugar de fortalecer capacidades locales.

   La importancia de mantener proyectos satelitales propios va más allá de lo económico: se trata de soberanía. Los satélites geoestacionarios, como el ARSAT-1 lanzado en 2014, permiten ofrecer servicios de telecomunicaciones y conectar regiones remotas, evitando que los datos crucen fronteras o sean gestionados por actores extranjeros. Además, generan divisas y consolidan la presencia argentina en el espacio. Como señaló Guillermo Rus, exdirector de ArSat, estos proyectos representan soberanía tecnológica, económica y política.

   Paradójicamente, ArSat es una empresa superavitaria que en 2024 multiplicó por seis sus ganancias respecto a 2023. Sin embargo, los empleados llevan meses reclamando justicia salarial. Desde fines de 2023, sus aumentos quedaron alineados con los magros incrementos de la Administración Pública Nacional, reduciendo drásticamente el poder adquisitivo del personal técnico. Esto explica el éxodo masivo y la sobrecarga laboral de quienes permanecen.

   Mientras tanto, el gobierno promueve un modelo neoliberal extremo que prioriza las ganancias globales sobre el interés nacional. El caso de ArSat evidencia cómo la falta de inversión pública puede abrir las puertas a negocios privados millonarios, dejando a Argentina dependiente de infraestructuras extranjeras. Más que un retroceso tecnológico, esta decisión compromete la capacidad del país para decidir su propio destino en materia de comunicaciones y soberanía espacial.