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Gasoductos, hidroeléctricas y termoeléctricas en venta

El gobierno avanza en la privatización total de Enarsa

Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), creada en 2004 mediante la Ley 25.943, es una empresa estatal clave en el sector energético del país.

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   Su misión estratégica abarca la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. Entre sus activos más relevantes se encuentran el Gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner), el Gasoducto del Noreste Argentino, las represas hidroeléctricas en construcción Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, y su participación del 50% en Citelec SA, la sociedad que controla Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país con más de 15.400 km de líneas de alta tensión y el 86% de la red troncal.

   Además, Enarsa es el mayor comprador de gas natural en Argentina, gestiona importaciones de gas natural licuado (GNL) en el puerto de Escobar y participa en centrales térmicas como Manuel Belgrano y José de San Martín. Sin embargo, en 2023, la empresa recibió transferencias estatales por más de $1,23 billones, un gasto que el gobierno de Javier Milei considera insostenible y que justifica la decisión de privatizarla para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia operativa.

   Este viernes, el gobierno oficializó el inicio de la privatización total de Enarsa mediante el Decreto 286/2025, basado en la Ley Bases. El proceso comenzará con la venta del 100% de las acciones de Enarsa en Citelec SA, controlante de Transener, a través de un concurso público nacional e internacional. Según estimaciones oficiales, esta operación podría generar al menos u$s 200 millones, considerando que el valor de mercado de Transener ronda los u$s 800 millones. Enarsa comparte esta participación accionaria al 50% con Pampa Energía.

   El plan incluye la desinversión progresiva de las 15 unidades de negocio de Enarsa, entre ellas gasoductos, represas hidroeléctricas y centrales térmicas. El objetivo es transferir al sector privado la gestión de estos activos, considerados no prioritarios por el Estado, para atraer inversiones privadas y optimizar la prestación de servicios.

   Con esta medida, el gobierno busca consolidar su agenda de reducción del gasto público y promover la participación privada en sectores estratégicos. La privatización de Enarsa representa un hito en la reestructuración del mercado energético argentino, aunque también plantea interrogantes sobre el futuro de la soberanía energética y la regulación de servicios básicos.

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