El avance del ajuste en el sector agropecuario

   Las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei generan protestas, incertidumbre y preocupación entre trabajadores, técnicos y sectores productivos en torno al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

INTA: reestructuración y amenaza de privatización

   El INTA, con una planta de 6.424 trabajadores distribuidos en todo el país, enfrenta un proceso de reestructuración que ha despertado fuertes críticas. Desde la asunción de Milei, el organismo sufrió el cierre de programas emblemáticos como Pro-Huerta y Cambio Rural, además de una reconfiguración interna aprobada por el Consejo Directivo a fines de febrero. Esta reestructuración incluyó la creación de una Secretaría de Coordinación de Gestión, que sustituye las facultades del Director Nacional y actúa como una intervención de hecho para facilitar los planes del Ejecutivo.

   La medida fue aprobada con el apoyo de entidades rurales como la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y CREA, mientras que la Federación Agraria Argentina (FAA) votó en contra. Según denuncias, el objetivo es despedir al menos 1.500 trabajadores, equivalentes al 30% de la planta, y poner a la venta unas 70.000 hectáreas de tierras consideradas "improductivas", junto con edificios institucionales.

   El portal especializado Bichos de Campo señala que esta reestructuración marca el inicio de la privatización del INTA, priorizando negocios privados y transformando el extensionismo en un modelo similar al impulsado por AAPRESID. Técnicos y empleados coinciden en que estas acciones buscan subordinar al INTA a los intereses de los agronegocios.

Fusiones en debate: INTA, INTI y CONAE

   Mientras tanto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger, prepara un decreto para fusionar el INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El nuevo organismo se llamaría Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE) y estaría organizado en tres gerencias: Agroindustria, Tecnología Industrial, y Espacio y Datos.

   Este plan también contempla la venta de inmuebles y tierras para financiar laboratorios de última generación, así como la promoción de programas conjuntos con universidades y becas cofinanciadas para retener talentos en áreas estratégicas. Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia interna y podría dejar trunca la reestructuración ya aprobada por el Consejo Directivo del INTA.

El futuro del INV y el INASE

   En paralelo, surgen rumores sobre la posible absorción del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) por parte del Senasa. Martín Hinojosa, extitular del INV, expresó su preocupación: "La fusión o absorción debería considerar las particularidades del sector vitivinícola para no comprometer los avances logrados en una actividad reconocida mundialmente." Subrayó la necesidad de tomar decisiones basadas en información técnica, evitando impactos negativos en un sector estratégico para la economía argentina.

   Por ahora, el Senasa permanece al margen de los planes de fusión, dado su rol esencial en cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por los mercados internacionales. Sin embargo, las tensiones persisten ante la posibilidad de que nuevas medidas afecten la autonomía de organismos reguladores clave.

Lucha de facciones y resistencia

   El ajuste en el INTA refleja una lucha de fondo entre facciones dentro del gobierno. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca imponer su visión mediante aliados como Nicolás Bronzovich (presidente del INTA) y Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Producción. Por otro, Sturzzenegger promueve su propia agenda de fusiones y desguace institucional.

   Ante este escenario, trabajadores y técnicos del INTA han comenzado a organizarse en autoconvocatorias para elaborar un plan de lucha contra el ajuste. Denuncian que las medidas buscan poner al INTA al servicio de los agronegocios y las patronales agrarias, sacrificando décadas de trabajo científico y desarrollo descentralizado.

Un sector en riesgo

   Las políticas de ajuste y desregulación representan una amenaza para uno de los pilares del desarrollo agropecuario argentino. La privatización y centralización propuestas podrían comprometer la capacidad del INTA para generar conocimiento y tecnología accesibles a pequeños y medianos productores, beneficiando exclusivamente a grandes empresas y corporaciones.

   El sector vitivinícola, en particular, observa con atención los movimientos del gobierno, consciente de que cualquier cambio en el INV podría afectar la calidad y competitividad de una industria emblemática. En este contexto, la resistencia desde las bases será clave para defender la autonomía y el carácter público de estos organismos frente a un ajuste que prioriza intereses privados sobre el bien común.