Demandas urgentes de las mujeres: leyes con presupuestos específicos y capacitación con perspectiva de género

Luego se plasmaron algunos motivos de la medida de fuerza: “Paramos para reclamar el derecho al aborto libre y para que no se obligue a ninguna niña a la maternidad; para valorizar el trabajo invisibilizado que hacemos, que construye red, apoyo y estrategias vitales en contextos difíciles y de crisis”.

También en el documento estuvo contenido un fuerte reclamo por las víctimas: “Paramos porque nos faltan las víctimas de femicidio, voces que se apagan violentamente al ritmo escalofriante de una por día sólo en la Argentina; justicia por Araceli y por todas las mujeres asesinadas en nuestro territorio; paramos porque aún nos falta Maira Benítez y exigimos al gobierno y justicia provincial su aparición; nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas; nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos; nos faltan las mujeres encarceladas por delitos menores que criminalizan formas de supervivencia, mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital; libertad para Valeria en caso de que no salga libre”.

Otra parte del documento leído reclamó por “las muertas y las presas por abortos inseguros; las desaparecidas por las redes de trata; las víctimas de la explotación sexual”. “Nos apropiamos de la herramienta del paro porque nuestras demandas son urgentes. Hacemos del paro de mujeres una medida amplia y actualizada, capaz de cobijar a las ocupadas y desocupadas, a las asalariadas y a las que cobran subsidios, a las cuentapropistas y a las estudiantes, porque todas somos trabajadoras”, marcaron. 

Exigencias para cambiar

También el documento leído marcó exigencias. “Que las leyes se sancionen con presupuestos específicos y bien definidos para ser destinados a la atención de la mujer y que no se distraigan para otros fines; que se ejecuten y optimicen  el funcionamiento de los programas y áreas existentes que abordan la temática de acuerdo a las demandas de las víctimas de violencia”.

A la vez exigieron “capacitación y formación con perspectiva de género en todos los niveles del Estado, funcionarias y funcionarios en especial en las áreas de salud, educación, fuerzas policiales. Incluido especialmente el Poder Judicial, que hoy en día, no respeta la ley, dudando del testimonio de las personas en situación de violencia, culpabilizándolas, no tomando las denuncias y cuando las toman, no hacen un seguimiento de las denuncias, revictimizan a las sobrevivientes y las dejan desprotegidas”.

En la enumeración anotaron además “que se destine un cupo de viviendas para las mujeres en situación de violencia y sus hijxs, ya que muchas veces conviven con el agresor; visibilizar la situación de la mujer originaria, que sufre triple discriminación: por ser mujer, pobre y originaria”. “Exigimos que los medios periodísticos que reciben pauta publicitaria deben capacitarse en derechos humanos y hacer un tratamiento de las noticias desde una perspectiva de género, con respeto hacia la mujer, evitando la cosificación y la culpabilización de las personas en situación de violencia; que se sancionen a los funcionarios y funcionarias, agentes policiales que no cumplen con las  leyes; que la educación sexual sea integral y laica, libre de prejuicios o creencias religiosas; que se sancione e implemente la Ley del Cupo laboral trans en la provincia de Chaco; exigimos cárcel común para Gabino Manader, quien abusó, torturó y violó a compañeras durante la dictadura militar; garantizar posibilidades de salida laboral para las mujeres en situación  de violencia de género para que las mismas no tengan que, como sucede en muchos casos, depender económicamente de su agresor”.

Reclamaron también “justicia por Melisa Bogarin, quien pagó con su vida las consecuencias de un ajuste brutal; justicia para Eliana Tapia, cárcel para Sebastiani, repudio al fallo de la jueza Lidia Lezcano de Uturi; acompañamiento psicoterapéutico legal y gratuito para las personas en situación de violencias y abusos como así también para el grupo familiar; desmantelamiento de las redes de trata, separar del cargo a lxs funcionarixs cómplices”.