El 70% de las familias destina hasta la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda

   La crisis habitacional en la Argentina profundiza su impacto sobre las familias inquilinas. Según un reciente informe de la organización Inquilinos Agrupados, el 67% de los hogares que alquilan destinan entre el 30% y el 50% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler, un porcentaje muy por encima de lo recomendado por organismos internacionales como la ONU-Hábitat, que sugiere no superar el 25%.

   El relevamiento, realizado durante el mes de junio a 909 hogares de todo el país, expone una situación límite para buena parte de la población urbana. Un 14% de los encuestados afirma que el alquiler consume más del 60% de sus ingresos, y en el caso de los jubilados, la proporción promedio asciende al 49%, lo que deja poco margen para cubrir otros gastos esenciales como medicamentos, alimentos o servicios.

Endeudamiento crónico y reducción del consumo básico

   La consecuencia directa de estos niveles de presión económica es el endeudamiento generalizado. El 72% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, siendo las tarjetas de crédito (56%), la compra de alimentos (44%), el pago del alquiler (32%) y los gastos de salud (32%) los principales rubros que generan compromisos financieros.

   Este endeudamiento no se presenta como una situación coyuntural, sino como un fenómeno estructural y sostenido en el tiempo, donde las familias se ven obligadas a recurrir a créditos o adelantos para sostener gastos que deberían ser cubiertos con los ingresos corrientes.

   En este contexto, dos de cada tres familias (66%) admiten haber recortado su consumo de alimentos, mientras que el 53% redujo gastos en salud. El dato más extremo lo da el 94% de los hogares, que afirma haber abandonado por completo actividades recreativas, lo que refleja el deterioro del bienestar integral más allá del plano económico.

Alquileres que no dan respiro

   Las condiciones contractuales tampoco alivian la situación. El 78% de los inquilinos enfrenta aumentos semestrales, y más de la mitad (55%) de los contratos están atados al índice de inflación (IPC), lo que vuelve impredecible el monto a pagar mes a mes. Apenas el 16% tiene cláusulas de actualización anual, una opción que permitiría una mayor previsibilidad.

   El panorama a corto plazo también es alarmante: el 89% de los inquilinos expresa temor de no poder pagar el alquiler en los próximos meses, lo que pone en riesgo la continuidad de su vivienda y agrava la sensación de inestabilidad.

Un derecho en crisis

   Desde Inquilinos Agrupados advirtieron que los resultados del estudio revelan "una situación de extrema gravedad social" y exigieron al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales la implementación urgente de políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna, así como mecanismos efectivos de control sobre los aumentos, incentivos fiscales para la oferta y medidas de protección contra desalojos arbitrarios.