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CARTAS DE LECTORES

Colegiación legal: un debate reiterado con solución jurisprudencial desatendida

Señor director de NORTE:
“Estamos, a mi criterio, sólo frente al reiterativo equívoco de una visión hemipléjica del contenido integral de la Constitución, que desemboca, por vía de este exacerbado parcialismo, en este énfasis absolutizador del derecho individual de no asociarse, con errada desechanza de otros derechos fundamentales no de los individuos como tales sino de la plenitud de todos ellos en tanto comunidad organizada en el Estado que, con igual trascendencia, nuestro Derecho Constitucional consagra, en aras del difícil y republicano equilibrio entre los intereses individuales y los de la sociedad que los hombres esencialmente conforman”. La cita corresponde al dictamen del procurador general de la Nación, Juan O. Gauna, pronunciado en la causa “Ferrari, Alejandro c/ Estado Nacional”, fallada por la CSJN el 26/6/1986, resolviendo la constitucionalidad de la colegiación legal establecida por la Ley 23187. Esa podría ser la única respuesta que merecerían las renovadas alegaciones sobre la inconstitucionalidad del sistema de colegiación legal que aparecen esta vez en nuestra provincia, ante la presentación del proyecto de ley 1289/21.

La discusión sobre la conveniencia o no de adoptarlo puede tomar muchas sendas argumentales, pero no puede reiterar un argumento que ha sido desestimado por todos los órganos jurisdiccionales, provinciales, nacionales e interamericanos ante los cuales se ha planteado, siempre con reiteración fatigosa, esto es la inconstitucionalidad del sistema. Por lo menos no se puede argumentar que es inconstitucional sin incurrir en una contradicción con las fuentes jurídicas más relevantes que sirven para opinar jurídicamente sobre el tema en particular. La descalificación como inconstitucional o inconvencional no puede banalizarse al grado de reflejar simplemente una preferencia personal, privada de razones ancladas en el Derecho, esto es construida argumentalmente apelando a las fuentes autoritativas que pueden ser válidamente citadas para respaldar una opinión jurídica. Es que los/as abogados/as sabemos que no todo lo que no nos gusta, nos limita o nos molesta es contrario a la CN o a los instrumentos internacionales de DDHH que comparten la jerarquía suprema en nuestro ordenamiento. Hace falta algo mucho más relevante que el disgusto o la inconveniencia personal y eso es una incompatibilidad patente de la regulación con alguna regla o principio constitucional o convencional, sea que se exhiba como una restricción intolerable que desnaturalice el derecho fundamental o humano alcanzado por la regulación, que afecte principios asumidos como transversales para la reglamentación de los derechos o bien sea que en su aplicación al caso concreto produzca afectaciones graduadas en términos de razonabilidad. En cualquier caso, esa inconstitucionalidad o inconvencionalidad no aparece para el mundo jurídico hasta que los órganos jurisdiccionales a los que la Constitución o el Tratado internacional respectivo le atribuyen la competencia para hacerlo, se pronuncian declarándola. Hasta ese momento o después de ese momento, como sucede en este caso, la opinión es libre, pero irrelevante en términos jurídicos. Dicho de otra manera: la colegiación legal ha sido declarada constitucional, es decir conforme a la CN y CP, por la CSJN (en la citada causa Ferrari) como por nuestro STJ (en la causa Aguirre Hayes) tanto como desestimada su impugnación ante el sistema interamericano de protección de DDHH establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos (en la misma causa Ferrari). En el caso de la impugnación de la Ley 23187, referida a la colegiación legal de los/as abogados/as en la Capital Federal, ante la sentencia dictada por la Corte Suprema que confirmaba su constitucionalidad, cumplido el agotamiento de los recursos internos, el mismo actor promovió la correspondiente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, paso previo necesario para habilitar la intervención contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteo así formulado ni siquiera pudo pasar ese primer filtro de admisibilidad, puesto que la Comisión Interamericana desestimó la denuncia: “El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal reúne los requisitos y características de una típica entidad de derecho público que por su naturaleza jurídica y las atribuciones que la ley le otorga, ejerce funciones delegadas del poder público para el control de la legalidad del ejercicio profesional de los abogados de la Capital Federal de la República Argentina; en otros términos: se trata de un poder de policía que forma parte de la organización política del Estado y del orden público compatible con el Estado de Derecho y con la organización de una sociedad democrática”. Antes que la Comisión Interamericana, la CSJN había desestimado los argumentos que hasta hoy siguen repitiendo quienes sostienen esta “libre opinión” de la inconstitucionalidad, a la que añaden ahora, en contra del precedente de Ferrari, la “inconvencionalidad” del mismo sistema. 

¿Cuáles son estos argumentos recurrentes, tanto en su insistencia como en su desestimación? Por razones de espacio, me ocuparé muy brevemente de nombrarlos y enunciar la razón principal de su desestimación local, nacional e interamericana. i) El derecho de asociación, previsto en el art. 14 de la Constitución Nacional y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos: el Colegio Público es una persona de Derecho Público no estatal, creada por ley con el fin de ejercer una competencia que el Estado provincial, titular de esa potestad, le delega, en este caso el gobierno, control y fomento de la actividad profesional de la abogacía, razón por la cual la incorporación de los/as matriculados/as se produce en virtud de un imperativo público, surgido del ejercicio razonable del poder de policía que reglamenta los requisitos y exigencias para el ejercicio de una profesión, una que tiene además un intenso interés público. No se trata entonces de obligar a que las personas se sumen a una asociación contra su voluntad, sino a exigirles requisitos razonables para el ejercicio de una profesión, creando al efecto una persona jurídica de carácter público a la cual se atribuye la competencia para ejercer el gobierno y control de ese ejercicio profesional. Por esta fundamental razón, se ha dicho que se trata de una sujeción ope legis, es decir por obra de la ley, absolutamente imposible de asimilar a un acto meramente voluntario en el que pueda tornarse relevante el derecho de asociación en su faz negativa de no asociarse. La base de esta exigencia es, además, el cumplimiento de una obligación que también establece la Ley 2275-B que regula actualmente el ejercicio de la profesión de abogado/a, cual es la de matricularse, con la sola diferencia del órgano ante el cual debería cumplirse esa obligación, hoy ante el STJ pagando una tasa correspondiente, de aprobarse este proyecto ante el Colegio Público con jurisdicción en el domicilio real del/la matriculado/a, otorgando una sola matrícula habilitación profesional para actuar en todo el territorio provincial. Como bien se ha dicho, apelando a una reducción al absurdo, a nadie se le ocurriría pensar hoy que los/as abogados/as somos obligados/as inconstitucional e inconvencionalmente a matricularnos o que hacerlo ante el STJ nos vuelve “empleados o funcionarios judiciales”. A lo que se agrega, finalmente, que esa persona de derecho público no estatal será gobernada directamente por esos/as mismos/as matriculados/as, garantizando así una mayor organización participativa y democrática en el gobierno del propio interés privado. ii) El derecho de trabajar y ejercer industria lícita protegido en los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional: el propio artículo 14 de la CN establece que todos los derechos se gozan de conformidad a las leyes que reglamentan su ejercicio, es decir están sujetos a reglamentación para hacerlos compatibles con el resto de los derechos que al mismo tiempo coexisten en el sistema constitucional, no existiendo derecho absoluto, en el sentido de ilimitado. En el caso no existe afectación inconstitucional ni inconvencional cuando se trata simplemente de fijar las condiciones razonables para habilitar el ejercicio de la profesión de abogado/a, estableciendo la obligación de matricularse y creando al efecto una persona de derecho público no estatal que tendrá a cargo ese gobierno y control del ejercicio profesional, con participación en el gobierno de los/as mismos/as matriculados/as. 

Como bien fundamentó el juez Petracchi en la sentencia de la causa Ferrari, la crítica a la colegiación obligatoria evidencia un exacerbado individualismo que es incluso incompatible con el espíritu social de la CN, precisamente incorporada al constitucionalismo social y sus principios de igualdad y solidaridad social en virtud del art. 14 bis añadido en 1957. Dicho de otro modo, alegar desde el individualismo en contra de instrumentos que se asientan en el principio de solidaridad social, es contrariar el art. 14 bis de la CN por lo que mal podría servir de fundamento para atacar la colegiación legal. iii) El derecho de propiedad previsto en el art. 17 de la CN: la imposición de tasas para el ejercicio profesional es constitucional y convencionalmente válida en tanto que las mismas se aplican para sustentar el gobierno y control de la matrícula profesional que propiamente interesa a quienes contribuyen a ese sostenimiento, procurando así la preservación del prestigio que es un bien preciado de cualquier profesión, tanto como obteniendo recursos que se destinan al mejoramiento de las condiciones profesionales que es también un directo interés y en provecho de esos mismos sujetos gravados. Como la Corte Suprema ha dicho en Ferrari, la imposición de tasas es una razonable reglamentación del ejercicio profesional, consistente con la habilitación de imponer cargas públicas razonables que habilita el art. 17 de la CN. La clave está en la razonabilidad de esas cargas, no siendo por sí sola y en todos los casos, inconstitucional la imposición de las mismas. En el caso del proyecto de ley 1289/21, las tasas que se prevén serán definidas por los/as propios/as matriculados/as a través de la participación que tienen asegurado como derecho en los órganos directivos, eligiendo a sus autoridades, así como la función decisoria directa que tienen como derecho en el ámbito del máximo órgano de gobierno del Colegio Público que es la asamblea, a lo que se añade como garantía para evitar cualquier decisión en contra de los intereses de la mayoría, el establecimiento de topes máximos a los montos que pueden decidirse. Un viejo presupuesto del gobierno democrático es que la voluntad general nunca actúa en contra de su propio interés, por lo que estando conformado por abogados/as el gobierno del Colegio Público es contraintuitivo asumir a priori que sus decisiones serán las peores posibles en términos económicos, asumiendo así que actuarán todos/as y siempre en contra de su propio interés. Agrego además que la razonabilidad de las imposiciones es un aspecto que podría ser materia de análisis en su perspectiva constitucional bajo el tamiz de la razonabilidad y ha sido sobradamente atendido en el proyecto de ley 1289/21, quedando igualmente habilitado el control judicial posterior para el caso de que las decisiones concretas de esos futuros órganos fuere en contra del interés de los/as abogados/as matriculados/as imponiéndose cargas irrazonables por desproporcionadas o prohibitivas. Hasta que eso no suceda, lo que tenemos es un fantasma argumental, útil solo para incentivar a la crítica sin razón. iv) El art. 15 inc. 3 de la Constitución del Chaco: finalmente se alega en nuestra provincia la violación de esta norma constitucional, para lo cual se la invoca de un modo parcial, sesgando su propia letra para encontrar en ella una prohibición que no existe. En efecto, la precitada norma dice, cuando se la cita completa, incluyendo la parte que silencian los opositores a la colegiación constitucional: 3) A trabajar y ejercer la profesión, industria, oficio o empleo libremente elegidos, sin obligación de asociarse compulsivamente a entidad alguna. La ley podrá autorizar a los colegios, consejos o entidades profesionales el otorgamiento y control de la matrícula, estableciendo la tasa respectiva y garantizando la gratuidad del ejercicio profesional. 

No parece ser necesario convertirse en un prominente intérprete para extraer de la norma constitucional precitada la concluyente habilitación constitucional para que la Legislatura provincial establezca la colegiación legal de cualquier profesión, autorizando a ese colegio público a ejercer el control y gobierno de esa matrícula profesional, permitiendo al mismo tiempo la imposición de una tasa para atender esos gastos. De hecho nuestra Legislatura provincial ha hecho esa misma interpretación de la norma constitucional, una interpretación que debemos considerar auténtica por cuanto la hace el órgano al que la CP le ha atribuido esa competencia para legislar en materia de colegiación legal, al tiempo en que pacíficamente ha legislado creando colegios y consejos profesionales a los que ha delegado el gobierno y control de la matrícula profesional, estableciendo tasas respectivas para sustentar esas funciones públicas delegadas. Es más, distinguidos/as colegas que sostienen la inconstitucionalidad de la colegiación legal para nuestra profesión, son asesores jurídicos de esos irreprochables Colegios Públicos, sin que exista un motivo relevante para que ese mismo temperamento “constitucional para los/as otros/as” se nos aplique a los/as abogados/as. Son muchas más las razones que pueden sustentar la constitucionalidad y convencionalidad del sistema de colegiación legal, pero me he concentrado en las que responden a las principales y recurrentes (rancias) razones que se invocan desde hace décadas para intentar su crítica. No se trata en estas discusiones de clausurar para siempre el debate, pues como bien he dicho antes, la opinión debe ser siempre libre, máxime cuando se trata de opinar sobre el alcance de nuestros derechos fundamentales y humanos. 

Pero lo que no resulta admisible es el ocultamiento deliberado o el desconocimiento involuntario de los hechos marcados por la jurisprudencia (a la que añado la totalidad de la doctrina autoral) que nos aporta una interpretación constitucional y convencional vigente sobre la constitucionalidad y convencionalidad del sistema de colegiación legal de la abogacía. Siendo así, lo que nos puede ocurrir es ese tránsito que nos señala Jonathan Wolff de pasar de la ignorancia confusa a la perplejidad informada.


JOSÉ MIGUEL VIGIER
DNI 29.184.678 - MP 4955
Resistencia 

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