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CARTAS DE LECTORES

Sí a la colegiación legal, al debate respetuoso, leal y con participación popular

Señor director de NORTE:
Molesto su atención motivada en las manifestaciones relacionadas al proyecto de ley de regulación del ejercicio de la abogacía y la procuración 1289/21, efectuadas en la sección Carta de Lectores —página 6— bajo el título “Escuchar al pueblo como premisa”, de la edición del día 20/7/21 del prestigioso matutino que usted dirige. 
Al igual que la colega que suscribe la misma, no tengo más de dos años de matriculación como abogada, por lo que no desconozco, ni el tiempo que le demanda, ni las dificultades por las que debe atravesar, quien inicia el ejercicio profesional, para “vivir exclusivamente de la abogacía”. Sin embargo, adhiero al proyecto de colegiación legal, habiendo arribado a esa convicción al cabo del conocimiento, no solo del proyecto en cuestión, sino del sistema colegial. 
Esa opción de informarme de la que hice uso, me ha permitido advertir que en torno del tema prevalece un altísimo grado de desinformación, en particular en los/las noveles colegas, lo que ha facilitado la influencia de discursos tan rutilantes como vacíos de contenido, cuando no falaces, en contra del proyecto de colegiación. 
Las expresiones de la colega en la carta que me ocupa no es sino una muestra más de esa lamentable realidad. Muy probablemente, fuera del influjo de la parafernalia anticolegialista, e informada suficientemente, no afirmaría que la existencia de un colegio público resultaría perjudicial en los tramos iniciales del ejercicio profesional, o lo que es menos cierto, para la clase social media o baja, como literalmente refiere en su carta. No repetiría el eslogan de la inconstitucionalidad de la colegiación, sumándose a la batería infundada de la propaganda anticolegialista, de entre la cual se destacan su excesiva onerosidad y carácter compulsivo del sistema. Por el contrario, de interiorizase la colega, sabría a ciencia cierta, que la colegiación importa acceso a capación de excelencia mediante subsidios para noveles colegas, para quienes es gratuita la matriculación en los primeros años de ejercicio. Que el “confiscatorio” costo de las contribuciones, para los colegas de mayor antigüedad, no puede ser superior al 20% de un salario mínimo vital y móvil, como tope anual, vale decir, hoy $ 406,80 por mes. Que los colegios públicos de cualquier profesión liberal, abogacía y procuración en este caso, no son sindicatos, ni gremios, ni organizaciones civiles privadas, sino entes de derecho público, no estatal, por tener, esencialmente, una finalidad pública. Este último rasgo, medular del sistema, torna groseramente inconsistente el muy machacado argumento de afectación a la libertad de asociación, que se esgrime con notoria ligereza desde los opositores a la colegiación. 
Le posibilitará también a la colega autora de la nota que me ocupa, saber que esa naturaleza jurídica de la entidad colegial responde a la necesidad de la satisfacción de un interés general, traducido en el justiciable, en el usuario del servicio profesional, que tiene el primordial derecho a recibir un servicio profesional controlado, bajo la tutela efectiva de normas éticas, que en modo alguno supone “fuero especial”, prohibido constitucionalmente para la aplicación jurisdiccional de normas de derecho. 
En definitiva, advertirá la colega, lo paradójico del título de su carta de lectores, por cuanto “escuchar al pueblo como premisa”, no supone oír solo a los/as abogados/das, sector este del que, precisamente, proviene su alegato anticolegialista.


JÉSSICA LORENA MOSCHÉN
Abogada - MP 8607
C.S.J.N Tº 147 Fº165
DNI 37.262.820
Resistencia 

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Boletos picados

Señor director de NORTE:
Los viejos timberos de Anyelville, cuando salían secos de las partidas, se castigaban asimismo con la sentencia popular: “La víbora que sale al asfalto, es para que la pisen”. 
A la generación diezmada del peronismo chaqueño, nos pasó por arriba el tren de la historia y nuevos sujetos políticos deambulan por los arrabales de un par de compañeros que ostentan un poder cuantitativo, para rellenar listas electorales y destinos gubernamentales. 
Hay un par de compañeros que definen destinos electorales, en donde el peronismo como sujeto político no es tenido en cuenta. Se han desmantelado organizaciones populares que representaban a los barrios (unidades básicas) a los laburantes (CGT, 62 Organizaciones, Gremios y Agrupaciones Gremiales). Las Ligas Agrarias Chaqueñas están más lejos en la memoria que el grito de Alcorta. Sólo quedan los restos de gringos que se han salvado, escondidos en los matorrales. Compañeros valiosos que conocen el campo y sus frutos, la tierra y el choreo de los sudores del campesino. No son recién llegados. 
Quique Lovey, por quien pido que ocupe una banca por el justicialismo chaqueño, se está secando como un Abrojito en tiempos de seca. Y vale oro. 
Si Capitanich o Gustavo hacen la unidad indispensable, lejos de los lugares en donde viven sus familiares, amigos y parientes, daremos un paso grande para que Coqui talle en la Nación y Gustavo, herede un Chaco en marcha. 

CARANCHO RAMÍREZ 
Resistencia 

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Carta a la Justicia chaqueña

Señor director de NORTE:
En mi carácter de integrante de la Asociación Civil de Policías y Penitenciarios del Chaco, llega a mi conocimiento una situación muy particular planteada por familiares y abogado defensor de subcomisario José Ricail detenido en causa “supuesta estafa, adulteración documento público y asociación ilícita”.
Este oficial jefe se halla privado de libertad hace once meses y actualmente con orden del Juzgado de Garantías a cargo del abogado Zozzoli, de concretarse su detención domiciliaria, circunstancia que el fiscal de Investigación Penal Obaldia Eyseric  dilata sin mayores justificaciones, como por ejemplo: no recibe oficio Juzgado Menor Edad y Familia con informe sobre situación del hijo de Ricail. No hay tobilleras de monitoreo. No permite el acceso al expediente al abogado Romero Castelán, nuevo defensor del causante, situación que motivó acta con notario público.
Independientemente de lo narrado, hay que decir que la detención domiciliaria ordenada encuentra fundamento en la situación de salud de la madre del subcomisario Ricail, que tiene 79 años y es hemipléjica, incapacitada motriz, se halla en silla de ruedas y postrada por triple ACV, cardíaca hipertensa. Por separado el hijo de 2 años se halla a cargo de su abuela materna transitoriamente por problemas particulares de su pareja.
Esta misiva lejos de interferir en los procesos normales de la justicia, tiene el único objetivo de expresar y apelar al carácter humanitario y empatía que debe poseer todo funcionario público, requisito indispensable para todos nosotros como personas, por eso digo que sin más dilación debe operar la detención domiciliaria del subcomisario Ricail, arbitrándose los medios urgentes para proveer al mismo de la pulsera electrónica.
No hay peligro de fuga, tiene domicilio en la provincia, es funcionario público, tiene constituida familia en Resistencia y madre postrada, argumentos suficientes para justificar la medida.
En tiempos de pandemia sobran ejemplos para mencionar: Innumerables cantidad de presos liberados por cuestiones de emergencia sanitaria, entre ellos:  Amado Boudou, Horacio Rey, Vanesa López, etc., ¿por qué no conceder este beneficio a un policía del Chaco?
Esta carta será distribuida a todos los medios de comunicación de la provincia; ministros del Superior Tribunal de Justicia, procurador general, procurador adjunto, Ministerio de Seguridad, al jefe de Policía, Secretaría de Derechos Humanos y Comité de Prevención contra la Tortura.

FERNANDO JAVIER ROMERO
Comisario general (R) 
Resistencia 

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Proyecto de colegiación obligatoria: violación al derecho de trabajar

Señor director de NORTE:
El proyecto de ley 1282/21 de colegiación obligatoria tiene, entre sus objetivos no disciplinarios, cuya literalidad vale la pena transcribir el inciso 2) del artículo 30, que dice: “Los Colegios tienen por objeto y atribuciones, exclusivamente: …. La defensa y asistencia jurídica de las personas indigentes o sin recursos”, que debe ser promesa de campaña electoral esta odisea para los abogados.
Lo trascendental de esta quijotada es que el “colegio público” tiene previsto cumplir esta misión con el trabajo de todos los abogados matriculados en la provincia, ya que, entre las obligaciones se ha impuesto, en el artículo 6, “son deberes específicos de los abogados (…) inciso b) Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio, para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita a litigantes carentes de recursos suficientes”. 
Sabemos de la magnitud de este objetivo, sobre todo, en reclamos contra el Estado chaqueño. 
Ahora, el artículo 6, al obligar a los abogados a trabajar gratis de una manera tan descomunal, ya que no acusa límites algunos, es violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque no está protegiendo al trabajo, sino que lo está agrediendo.
Más, como consideramos que de ser un hecho estas dos normas jurídicas, el “colegio público” necesitará para su cometido, y en el marco de igualdad de todas las profesiones, la colaboración gratuita de principalmente los escribanos para los poderes, y las escrituras traslativas de dominio, de los agrimensores, para las mediciones de terrenos, arquitectos e ingenieros para los planos y construcciones, y la lista de profesionales no se agota con esta enumeración. 
Si es necesaria una norma urgente de igual magnitud y trascendencia para el Colegio de Escribanos del Chaco, y en cuatro o cinco años para agrimensores, ingenieros, y por qué no también a los del Colegio de Criminalística.

ELVIRA H. AGUIRRE HAYES 
DNI 13.902.394 
(Abogada - MP 1271)
Resistencia 

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