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Cartas de Lectores

En el Chaco quedó relegado el principio fundante de la cooperación

Señor director de NORTE:
Mi nota anterior publicada en este matutino con fecha 11 de julio de 2021 pretendía efectuar una aclaración de algunos de los puntos que se iban a tratar en la Asamblea General Extraordinaria, que se iba a desarrollar en la Cooperativa El Triunfo de Margarita Belén. Lamentablemente esta nota iba dirigida a los asociados de la mencionada entidad, pero llegó tarde.
Sin embargo — teniendo en cuenta mis antecedentes como exprofesora en la Universidad del Nordeste de la materia Cooperativas, y mis años en la Dirección de Cooperativas de la Provincia del Chaco—, vengo a exponer mis objeciones a ese acto electoral, que a mi juicio es atacable de nulidad. También manifiesto que no se trata de la motivación para el ejercicio de ninguna acción judicial sino simplemente el ejercicio de hacer realidad mis derechos de expresión de ideas y con fines eminentemente didácticos. 
En efecto, estimo que debió hacerse la publicación, por lo menos en el ámbito de la Cooperativa, del padrón que se iba a utilizar en la misma, máxime en la situación de la Cooperativa que venía con una interrupción de sus actividades desde hacía muchos años atrás. 
Esto no ocurrió, al menos no dentro de la Cooperativa tal como es su obligación en función de lo establecido en su Estatuto.
Obviamente, que al introducir por la ventana nuevos asociados fueron éstos los que definieron la elección.
Pero hay otra transgresión al Estatuto Social. Para ser asociado a la entidad deben los mismos tener una actividad agropecuaria. Lo que nunca se acreditó en esta Asamblea siendo en general, funcionarios municipales.
Por último, también es preciso aclarar que de acuerdo con la Ley de Cooperativas en su artículo 2, al caracterizar este tipo de entidades, se establece como principio básico el libre ingreso y el libre egreso. Pero he aquí la cuestión. Las personas que participaron en la Asamblea del día 10 de julio no eran productores agropecuarios y por lo tanto no debieron participar en la discusión de los temas puestos a consideración, ya que de ellos dependían la continuidad o no de El Triunfo. Es más, al día de hoy tampoco exhiben el padrón con el que se hizo la votación y mucho menos el acta de la Asamblea en la que se plasmaron las decisiones tomadas. Todo lo expresado es contrario al derecho aplicable a las cooperativas.
Por último, es de destacar que esta entidad fue pionera en el desarrollo cooperativo de la zona, ya que trataba de evitar los abusos que se registraron en el Chaco en relación con la comercialización del textil, realizada por los grandes exportadores y multinacionales que operaban en el país. 
Tampoco se puede olvidar que en sus mejores momentos el cooperativismo en conjunto comercializó hasta un 80% de la producción agrícola, que en ese momento era principalmente algodonera.
Lamentablemente, en la Provincia del Chaco ha quedado relegado el principio de solidaridad que es fundante de la cooperación, así como otros que reflejaban el esfuerzo propio y la ayuda mutua que están descriptos específicamente en la ley.
De esta manera se ha vulnerado no solamente la ley y el Estatuto, sino que también la vida de la entidad.

SILVIA KESSELMAN
DNI 5.987.215
Resistencia 

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Derecho de réplica
Sí a la colegiación legal y al debate leal 

Señor director de NORTE:
Habiendo sido directamente aludido en la carta de lectores publicada por este medio (10-7-2021, página 10), titulada “No a la colegiación obligatoria”, respondo:
El colega Rodolfo Aguirre Hayes inicia una crítica o réplica a mis dichos del peor modo en que se puede empezar un debate leal: adjudicándome afirmaciones que nunca he pronunciado. Me refiero puntualmente a la siguiente afirmación: “…ha afirmado que en el Chaco no hay sanciones para los abogados porque no existe un tribunal de ética, lo que es desacertado”. Desafío a Aguirre Hayes a que identifique el medio concreto en el que supuestamente he realizado esa afirmación, aunque le aseguro que será una larga e improductiva búsqueda, pues nunca la he dicho. En efecto, si tan solo pudiéramos hacerle decir a nuestro oponente algo que nos convenga refutar o, mejor todavía, que sea tan ligero de rebatir que ningún esfuerzo argumental nos costara, qué fácil sería convertirnos en ciceronianos polemistas. Mucho de estrategia hay en la afirmación con que el colega empieza su refutación, lástima que le falte acierto (verdad) en la selección de los dichos que refuta, salvo que haya intentado un ejercicio de autoconfutación (refutó lo que él mismo dijo) o bien una elaborada estrategia comunicacional en la era de la muy conocida “posverdad”. 
Lamentablemente se transgrede así una regla elemental para el debate público: la veracidad en lo que se afirma. No se puede atribuir dichos falsos a un oponente y disponerse luego a su amañada réplica, pues no se logra de esa manera ningún incremento epistémico en el intercambio, ningún mejoramiento en la calidad de las razones. Por eso si quiere debatir sobre lo que dije, estimado colega, refiera con veracidad a mis dichos. Por mi parte los voy a repetir: la ley 2275.B no es eficaz para juzgar las conductas éticas de los/as abogados/as, por la evidente razón de que establece irrazonables exigencias que sirven como obstáculos o incentivos en contra de la promoción de los procedimientos de enjuiciamiento de estas conductas. La Ley 2275.B que regula el ejercicio profesional de la abogacía exige promover una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción (Ley 135.A), con patrocinio letrado (es decir acudiendo a otro/a abogado/a), simplemente para establecer si un/a abogado/a ha violentado o no sus obligaciones y deberes de naturaleza ética (art. 23). Es decir que la persona que hubiere resultado afectada por la conducta no ética de un/a profesional, debe iniciarle un juicio para establecer solo este extremo. Si además pretende obtener una reparación por el daño patrimonial o extrapatrimonial que le hubiere causado, deberá promover otro juicio, en el fuero civil ordinario. Y si su conducta hubiere configurado un delito, entonces deberá realizar la denuncia correspondiente ante el fuero penal, ordinario o federal según correspondiere a una u otra competencia. Ese cúmulo de obstáculos para alcanzar el control del ejercicio ético profesional de la abogacía, es el objeto de nuestra crítica desde el primer día que conocimos el proyecto que fuera luego sancionado como Ley 2275-B. 
Decíamos entonces, lo mismo que hoy confirmamos como realidad: el engorroso y costoso sistema de control del ejercicio profesional terminaría por su ineficacia, favoreciendo la impunidad de conductas contrarias a la ética profesional, en detrimento de todos/as los/as profesionales que ejercemos con probidad nuestra profesión y en fatal perjuicio de todas las personas afectadas por esas conductas que no disponen de instancias efectivas, expeditas y eficaces para promover el control que las ampare. Este es nuestro argumento en contra del sistema de control del ejercicio profesional que establece la Ley 2275-B y que nunca ha sido refutado por quienes lo defienden. Más todavía, alguno que ha intentado defenderlo no ha hecho más que ratificar nuestras críticas, exhibiendo como logro pírrico de ese sistema de control, una sentencia donde se declaraba la inadmisibilidad formal de la acción disciplinaria como consecuencia precisamente del incumplimiento de los requisitos formales que establece el art. 23 de la Ley Nº 2275-B, particularmente no haberse promovido la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, con patrocinio letrado y por alguno de los sujetos legitimados por la misma ley.
 Los pocos casos que existen entonces, no se deben al críptico razonamiento expuesto por el colega Aguirre Hayes en cuanto a que se trata de una profesión que “se desenvuelve en el ámbito de la administración pública” (lo que no es exhaustivo, pues deja afuera la igual relevancia que tiene el ejercicio profesional en el ámbito privado y extrajudicial). Los pocos casos de control en el ejercicio profesional que nos perjudican a todos/as porque desprestigian nuestra profesión y muchas veces generan una competencia desleal, se deben al ineficaz sistema establecido por la Ley Nº 2275-B, concebido más bien para evitar que para permitir el control de la ética profesional. 
Por lo demás, esas inconsistencias que expongo no se sanean ni suplen por la incorporación de las asociaciones privadas de abogados/as como sujetos legitimados para promover la acción disciplinaria, toda vez que pesa en tal caso sobre éstas las mismas exigencias que se han mencionado antes, como incentivos u obstáculos que dificultan la apertura de la instancia disciplinaria, esto es que deben igualmente acudir al patrocinio letrado y a la confección de nada menos que de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, es decir uno de los actos procesales más rígidos y de mayores exigencias que contempla nuestro sistema procesal. 
Pero además, pensar que el sistema no tiene problemas de acceso porque las asociaciones privadas de abogados/as pueden convertirse en promotoras de todas las denuncias vinculadas con la violación de la ética profesional, ante la dificultad que se les opone a los principales interesados que son los afectados por esas conductas, genera una adicional crítica que consiste en la violación de los derechos de la víctima, pues supone reemplazarlas por un ente distinto, que no ha sufrido el daño directo y de quien se espera, facultativamente, que asuma siempre ese rol acusador. A lo que agrego la imposibilidad de las asociaciones privadas de abogados/as de conocer todas las conductas violatorias de la ética profesional para suplir estos obstáculos que se ponen a sus víctimas directas. Pudiendo de todo ello derivarse, además, las sensibles limitaciones cognitivas que se ciernen sobre las entidades privadas de abogados/as, tanto por la imposibilidad de alcanzar a todo el universo de casos que deberían denunciar, como por la restricción de conocimiento concreto, directo y puntual sobre los hechos que deben motivar esas denuncias. Bajo todas estas circunstancias, más allá del fuerte interés que tengamos las asociaciones privadas de abogados/as para promover la custodia de la ética profesional, enfrentamos severos obstáculos formales, fácticos y cognitivos que terminan en la misma conclusión: el sistema está cerrado por incentivos contrarios y fuertes obstáculos. 
Por otro lado, no existe ninguna razón relevante, mucho menos razonable, para desplazar a las víctimas de este rol de acusadores o denunciantes, restringiéndoles con evidentes obstáculos formales las posibilidades para obtener revisión de las conductas profesionales que consideran incorrectas.  
Finalmente, en relación con el tribunal de ética que es el motivo principal de la carta que respondo, debo añadir un argumento central que está en el núcleo de la defensa del sistema de colegiación legal y que no tiene refutación relevante por parte de quienes lo critican. Me refiero a la necesidad de que la ética profesional sea juzgada por quienes ejercen la práctica profesional que han de juzgar, no por quienes solamente comparten un trayecto de formación académica que no los equipara en idoneidad para intervenir en este juzgamiento. La ética y el derecho son sistemas normativos distintos, razón más que suficiente para separar las distintas exigencias normativas bajo las cuales puede ser juzgada una conducta humana. Así es como la conducta profesional puede ser violatoria de normas éticas (aplicables solo a quienes están obligados por ese ethos) o de normas jurídicas (exigibles de modo general), debiendo ser juzgado cada tramo bajo reglas e instituciones distintas, que respondan a esos parámetros normativos. Esto explica que la ética profesional deba ser juzgada por quienes son pares en esa práctica profesional, los/as colegas con quienes compartimos el ejercicio profesional, porque esa práctica común nos nutre de los parámetros que consideramos aceptables y deseables en su desarrollo, tanto como nos informa de aquello que es incorrecto y que merece ser sancionado. Los/as jueces/zas son abogados/as, claro que sí, pero eso no significa que tengan conocimiento directo y suficiente de nuestras prácticas profesionales, al punto de encontrarse habilitados/as para juzgar los parámetros con los que debe ejercerse nuestra práctica profesional. Muchos/as jueces/zas incluso no han ejercido nunca la profesión (hecho que se reconoce por su posición sobre nuestros honorarios) y parece increíble que prefiramos que sean quienes no la conocen, quienes determinen los estándares de nuestra actuación profesional. A los/as jueces/zas les incumbe intervenir para aplicar el Derecho, instancia que llega cuando deben revisar la juridicidad del procedimiento disciplinario que ha terminado en la imposición de una sanción por faltas éticas a un/a profesional, sanción que a su vez llega luego de tramitarse un procedimiento disciplinario ante un tribunal de ética que se elige con representación de la minoría por todos/as los/as matriculados/as y solo después de que esa sanción es revisada por la Asamblea compuesta por todos/as los/as matriculados/as del Colegio respectivo, con posibilidad además de que por la naturaleza del hecho se resuelva que intervenga un tribunal de ética de otra circunscripción, en beneficio del/la colega imputado/a. Esta doble revisión, bajo sistemas normativos distintos, con garantías en cada instancia y revisión judicial suficiente posterior y final, conforma objetivamente un régimen que no solo da posibilidades ciertas y efectivas de acceso y funcionamiento al control de la ética profesional, sino que brinda además mayores garantías a los/as propios/as colegas acusados/as de la comisión de estas faltas, al proveerles más instancias de defensa y revisión de todo lo actuado. Concluyo el punto entonces ratificando lo que siempre hemos sostenido: necesitamos de un control efectivo, objetivo y consistente del ejercicio profesional de la abogacía, no cumpliéndose ninguno de estos principios en el procedimiento que instituye la Ley 2275-B, siendo la escasez de casos una prueba estadística que avala nuestra crítica, contrafáctica de las bondades que se le adjudican. 
Cierro, ahora sí, mi respuesta, informando al colega que el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco trabaja ininterrumpidamente por el mejoramiento de las condiciones del ejercicio profesional y por la defensa de la independencia y eficacia del Poder Judicial, como una necesidad para lo primero, de manera ininterrumpida e intensificada desde el inicio de la pandemia que aqueja al mundo, sin depender ni condicionar estos esfuerzos de que se encuentre próxima o lejana la discusión acerca de la colegiación legal. No nos une, ni nos moviliza, ni nos despierta del letargo el espanto ni la oposición a una idea. Nos une, nos moviliza, nos mantiene siempre activos la búsqueda constante del bienestar común como abogados/as, comprometidos con el mejoramiento institucional del Estado de Derecho.

RICARDO JOSÉ URTURI 
(Abogado - Matrícula 2886) 
DNI 23.408.744
Resistencia 

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