La "ley ómnibus" y la educación

   (Por Rubén Tonzar) - Una de las propuestas es la de evaluación docente cada cinco años, que introduce una prueba obligatoria que será requisito para mantener la estabilidad laboral. Esa evaluación será responsabilidad del Estado, nacional o provincial, y certificará las capacidades y conocimientos adquiridos por los docentes. 

   Otra habilitación del acceso de profesionales y técnicos a la docencia permitirá a los graduados de carreras técnicas y de grado de la educación superior integrarse como docentes en el sistema educativo. Las reglamentaciones serán elaboradas por órganos de gobierno, entidades profesionales y académicas, organizaciones gremiales y organismos de la sociedad civil, incluyendo potencialmente a la Iglesia y a entidades empresariales.

   Ambos cambios representan un primer paso hacia la implementación de las "escuelas voucher", mencionadas en campaña por Milei, que implican cuestionar y eventualmente terminar con la estabilidad docente. La inclusión de agentes externos a la educación en la regulación docente sugiere una apertura hacia influencias más variadas y posiblemente polémicas en el sistema educativo.

   La ley ómnibus propuesta introduce cambios significativos que podrían transformar el sistema, apuntando hacia un modelo de "competencia entre escuelas" y preparando el terreno para el sistema de "escuelas voucher".

   La prevista educación a distancia desde 4to grado de primaria permitirá la enseñanza híbrida como alternativa a la presencial a partir del segundo ciclo de primaria, lo que llevaría a un menor número de estudiantes en las aulas de las escuelas públicas. Los exámenes estandarizados obligatorios en la Secundaria, eliminando el anonimato, también apunta a la "competencia", esta vez entre alumnos. Los exámenes serán elaborados exclusivamente por el Estado Nacional.

   Las modificaciones en la ley de cooperadoras escolares permitirán la publicidad y propaganda dentro de la escuela por parte de quienes realicen donaciones monetarias a esas entidades. 

   Las escuelas que no logren "competir" efectivamente o que obtengan resultados menos exitosos que otras podrían enfrentarse a un futuro de vaciamiento, potenciales cierres y desfinanciamiento. La introducción del sistema de vouchers necesita la creación de condiciones previas como la pérdida de estabilidad laboral de los docentes y el debilitamiento de las escuelas públicas. Este enfoque es una de las claves de la "ley ómnibus" en el aspecto educativo.

Escolaridad virtual 

   La implementación de la educación virtual desde los 9 años  (artículo 550 de la "ley ómnibus") requiere la modificación de la Ley de Educación Nacional. La normativa actual permite la educación a distancia solo a partir de los 18 años, excepto en la modalidad rural.

   Una medida de este tipo influirá enormemente en la socialización y el establecimiento de vínculos entre estudiantes, docentes, y las familias. En la actualidad, la escuela es vista no solo como un espacio para la enseñanza de contenidos, sino también como un lugar crucial para la construcción de subjetividades y la mediación en situaciones de vulnerabilidad (asistencia social, comedores, etc).

   La propuesta va a contramano de lo que reclamaban durante la pandemia sectores que ahora están en el gobierno, quienes promovían la educación presencial a pesar de los riesgos sanitarios. Ello generó críticas y resistencia por parte de la comunidad educativa, especialmente de los docentes. 

   Todos los asuntos mencionados ponen el foco en la promoción de intereses económicos dentro del sistema educativo, como negocios con plataformas virtuales, antes que en la calidad educativa y el bienestar social. La introducción de la educación virtual facilitaría también un sistema de educación basado en vouchers. Por último, la propuesta se ve como parte de una serie de reformas educativas regresivas, cuyo objetivo sería debilitar el actual sistema educativo, incluyendo el estatuto docente, en favor de modelos orientados al mercado y no en la educación integral y la equidad social.

Rechazan propuesta de cambios en la Conabip hecha por el gobierno

   Representantes de Bibliotecas Populares, librerías independientes, autores y editoriales de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado en el que se pronunciaron en contra del capítulo de la "ley ómnibus" elevada por el presidente Milei, que promueve modificaciones al funcionamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

   "Rechazamos en su totalidad el capítulo III del proyecto de Ley Ómnibus, presentada por el Ejecutivo Nacional al Congreso, en especial la Sección V (CONABIP) cuyos artículos 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 598, 599; 600; 601 y 602, modifican la Ley 23.351, provocando un cambio drástico en la estructura de dicho organismo y el total desfinanciamiento de todas las bibliotecas populares de la República", sostiene el comunicado.

   Añade que también "nos pronunciamos en contra de la intención de derogar la Ley 25.542, que establece que el precio del libro debe ser uniforme y respetarse en todos los puntos de venta sin importar su dimensión ni su poder económico. Esta ley preserva y favorece la existencia de un variado y bibliodiverso entramado de librerías y editoriales a lo largo y a lo ancho del país. Su derogación es una amenaza al ecosistema librero, a la industria del libro en su conjunto, y a sus destinatarios, lectoras y lectores", indican.

   Finalmente, anunciaron que "desde cada uno de estos espacios, vamos a defender los derechos que hemos conquistado con mucho esfuerzo a lo largo de más de 150 años de trabajo al servicio de la comunidad toda".

Qué dice el proyecto

   La "ley ómnibus" deroga el Fondo Especial (Ley 23.351), que financia a las bibliotecas populares mediante un gravamen sobre los premios de los juegos de azar. La derogación implicará un desfinanciamiento directo de las bibliotecas, y perjudica la participación de bibliotecarios de todo el país en eventos como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde pueden adquirir libros con descuento para sus comunidades. Las bibliotecas populares juegan un papel crucial en la promoción de la lectura, el acceso a la información y la cultura, y la inclusión social en la Argentina, con la colaboración de más de 30.000 voluntarios y llegando a millones de usuarios. 

   La propuesta contenida en la "ley ómnibus" elimina beneficios fiscales y tarifas reducidas, como la franquicia postal, las exenciones en impuestos de sellos, y las subvenciones para mantenimiento, remuneración y capacitación del personal de las bibliotecas, así como para la modernización de instalaciones y equipos. También incluye la eliminación de la Junta Representativa de la CONABIP, órgano federal compuesto por representantes de todas las provincias, eliminando un mecanismo importante de representación y federalismo.