El régimen para grandes inversores convertirá a la Argentina en un refugio del lavado

   El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó al gobierno de Milei sobre sus preocupaciones respecto a las serias deficiencias de seguridad que identificó en la ley ómnibus, que favorecen notablemente el lavado de activos. La máxima autoridad internacional contra el lavado de dinero ha puesto el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una sección respaldada ampliamente por empresas y gobernadores de provincias con recursos estratégicos, especialmente en los sectores de minería e hidrocarburos.

   "El mencionado Registro es una puerta de entrada encubierta, con apariencia de legalidad, para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin requerimientos reales de licitud de origen y trazabilidad", indica el borrador de las objeciones del GAFI, al cual LPO ha accedido en exclusiva.

   "Las deficiencias de seguridad de la ley son evidentes, convirtiéndola en funcional al lavado de capitales, lo que podría convertir a Argentina en un lugar favorable para la operación de organizaciones criminales con objetivos multidimensionales", advierte. "En el texto del proyecto de ley no se establece ningún requisito sólido para verificar el origen lícito de los fondos o su rastreabilidad, lo que facilitaría el lavado encubierto por parte de organizaciones criminales", continúa el documento.

   Las objeciones son tan graves que el GAFI no descarta incluir a Argentina en la lista de paraísos fiscales,según fuentes cercanas a las conversaciones en el organismo. "Todos los grandes flujos ilícitos de dinero podrían calificar para ingresar al registro de incentivos para grandes inversiones, lo que convertiría a Argentina en un nuevo paraíso fiscal para capitales de origen dudoso", agrega el texto.

   El registro mencionado es una puerta de acceso camuflada con apariencia de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de drogas, armas y personas, entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de Argentina.

   El GAFI detalla como riesgos fundamentales la falta de información creíble sobre el origen de los fondos, la exención de responsabilidad por parte del Estado en caso de que se demuestre un origen ilícito de los capitales y la falta de rechazo ante la presunta ilegalidad de esos fondos.

   El pronunciamiento del GAFI es contundente: "Organizaciones criminales como los cárteles de la droga, las maras, los traficantes de personas y material genético, de armas o terroristas, entre otros, verían esta vulnerabilidad legislativa como una oportunidad para invertir o blanquear dinero obtenido de actividades delictivas".

   El documento concluye que "debido a los altos montos de ingresos, que no tienen límite máximo, y a las ambigüedades evidentes y difíciles de entender en cuanto a seguridad que surgen del propio texto del proyecto de ley, el mismo representa una maniobra abierta para asegurar una fuente de financiamiento segura y constante para cumplir con los pasivos de deuda externa e interna del país".

   El pronunciamiento del GAFI abre un nuevo punto de conflicto. El RIGI es uno de los capítulos de la ley que cuenta con un amplio consenso. Hasta ahora, las objeciones de los bloques opositores se han centrado en la flexibilidad del blanqueo, la reducción del impuesto a los bienes personales y la eliminación del monotributo social.