"Preocupa que los proyectos sean tan antagónicos y no contemplen las necesidades de las partes"

La norma que regula los contratos de alquiler de vivienda en nuestro país ha sido muy cuestionada desde su entrada en vigencia en julio de 2020. Es que el escenario de alta inflación ha dejado totalmente desfasado el ajuste anual que contempla la ley. Si bien el índice aplicado se acerca a los valores del aumento del costo de vida registrado, el hecho de que cualquier incremento esté congelado por doce meses atenta contra la oferta de propiedades para locación. Y lo brusco de la suba genera problemas en la ya castigada economía de quienes alquilan.       

Esta situación hizo que se pusieran en danza proyectos para modificar la Ley de Alquileres. Al respecto, Matías Sironi, referente del corretaje inmobiliario en la capital chaqueña, indicó a NORTE que "se encuentran en tratamiento distintos dictámenes de modificación que tienen que ser debatidos, sancionados, publicados y reglamentados para entrar en vigencia, en un momento económico, político, eleccionario en que la gente no puede tolerar más la imprevisión, el antagonismo total en las propuestas legislativas, la falta de seguridad jurídica frente a tantos capítulos de cambios normativos que no llegan a concretarse".

"Desde el sector preocupa que habiendo un diagnóstico tan claro y consensuado sobre las dificultades que ocasionó la ley actual en un contexto de inflación de tres dígitos, que perjudicó a todas las partes por igual, los proyectos sean tan antagónicos entre sí, que no contemplen las necesidades de las partes ni reflejen la realidad económica, y se polarice tanto la discusión dejando enfrentados a dos sectores que se necesitan mutuamente, propietarios e inquilinos".

Al momento, en Diputados se debiera tratar mañana un dictamen de Senadores que introdujo cambios al proyecto inicial, que contempla contratos a tres años y ajuste cada seis meses con el Índice Casa Propia.

"Preocupa porque este índice se aleja bastante de la economía real, salarios e inflación, al contrario del ICL, lo que provocará valores iniciales más altos, litigiosidad y probablemente informalidad, como toda ley que no se adecua a la realidad", comentó Sironi. "Paradójicamente, este índice fue creado para ajustar las cuotas de Créditos Procrear y Casa Propia de programas de viviendas públicas, no privadas. Sin embargo, no se está debatiendo ni contemplando  volver a dar créditos hipotecarios", agregó.

Por otro lado, otro sector de Diputados busca insistir en la redacción original, disminuyendo a dos años el plazo inicial de los contratos y dando libertad a las partes para ajustar el alquiler cada cuatro o más meses, con el índice que se ajuste a la realidad de su provincia, su inmueble y particularidades de su relación locativa.

"Se debe dar certezas a la población, más en una cuestión tan delicada como la de la vivienda. Ninguno de los dos proyectos parece ofrecer soluciones de fondo. Mientras tanto, quienes sufren el perjuicio son millones de personas que necesitan alquilar, y quienes desean invertir y aportar un inmueble más a la oferta locativa, en un país donde el Estado no está en condiciones de ofrecer viviendas públicas ni el urgente y esencial crédito hipotecario, esencial para que las familias construyan o compren su vivienda propia. Argentina es uno de los países que destina el menor porcentaje de su PBI al crédito hipotecario, estimado en solo un 0,2% frente al 1,5, 4, 6, 10 y hasta 25% de otros países sudamericanos", finalizó Sironi.