Vender almas, comprar vacunas

Los tratos se prolongaron por casi seis meses e incluyeron la eximición de responsabilidad ante eventuales efectos adversos y demora en la entrega de los lotes. Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros en Sudamérica.

La farmacéutica fue acusada de “intimidar” a los latinoamericanos en las negociaciones por la vacuna, y llegó a pedir a algunos países que pusieran edificios de embajadas y hasta bases militares como garantía contra eventuales sobrecostos futuros derivados de efectos adversos del producto. 

En un país de Latinoamérica que no puede ser identificado por pedido de las autoridades que declararon para este reportaje, las demandas del gigante farmacéutico llevaron a un retraso de tres meses en el acuerdo de compra de la vacuna.  En los casos de Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional, y en Perú, Pfizer exigió cláusulas para reducir la responsabilidad de la empresa ante eventualidades. Las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones, y señalaron que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna.

Cualquier retraso en los países que reciben vacunas significa un continuo incremento de personas que contraen la enfermedad y que, potencialmente, mueren. Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que no podemos nombrar pues firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la compañía exigieron indemnidades adicionales contra cualquier reclamo civil que se pudiera presentar en caso de efectos adversos tras la vacunación. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.

Un funcionario del país anónimo, por su parte, describió las demandas de Pfizer como “intimidación de alto nivel”, y dijo que el gobierno sentía que era “chantajeado” para acceder a vacunas. 

Muchas voces ya advertían sobre “un apartheid de vacunas” en el que los países ricos podrían ser inoculados años antes que las regiones más pobres, expertos legales expresaron su preocupación de que las demandas de Pfizer equivalgan a abuso de poder. “Las farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios”, dijo el profesor Lawrence Gostin, directivo de la Organización Mundial de la Salud. “Esto parece ser exactamente lo que están haciendo. Las previsiones de responsabilidad no debe usarse como espada de Damocles colgando sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada”, agregó.

Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. 

Consultado por el Bureau, Pfizer dijo que “A nivel mundial, también asignamos dosis a países de ingresos bajos a un precio sin fines de lucro, como el acuerdo de compra anticipada con Covax para 40 millones de dosis en 2021. Estamos comprometidos a apoyar a los países en desarrollo para que tengan el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo”, pero se negó a comentar sobre las negociaciones privadas en curso.

La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas a los que compran. Es decir que si un ciudadano sufre un evento adverso tras ser vacunado puede presentar un reclamo contra el fabricante y, de tener éxito, el gobierno pagará la compensación. En algunos países, también se puede solicitar compensación a través de otras estructuras, sin ir a juicio.

Esto es típico de las vacunas que se administran en una pandemia. Los eventos adversos son por lo general raros, por lo que no aparecen en ensayos clínicos, y solo se evidencian luego de que cientos de miles hayan sido inoculados (una vacuna contra la gripe H1N1 del 2009, por ejemplo, se relacionó con la narcolepsia). Científicos y fabricantes han desarrollado vacunas rápidamente para proteger a todos en la sociedad, y los gobiernos aceptan cubrir el costo de la compensación.

Pero, funcionarios de Argentina y del país que solicitó no ser mencionado señalaron al equipo de esta investigación que las demandas de Pfizer iban más allá que las de otros laboratorios y más allá de las condiciones de Covax, la organización creada para garantizar que países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas, que también exige sus miembros que otorguen inmunidad al fabricante. Esto es una carga adicional para algunos países, porque significa tener que contratar abogados especialistas y, a veces, aprobar nueva legislación para poder eximir al proveedor de sus responsabilidades.

“Exigencia extrema”

Pfizer solicitó indemnidad adicional en procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de efectos adversos raros que ocasionara su vacuna, y para sus propios actos de negligencia, fraude o malicia, incluyendo los relacionados con actos administrativos de la empresa como, por ejemplo, envíos incorrectos o errores de fabricación. “Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no en caso de fraude, negligencia grave, mala gestión o incumplimiento de buenas prácticas de fabricación. Las empresas no tienen derecho a pedir indemnidad por eso”, dijo Gostin.

El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario global en la Universidad de Keele, afirmó que Pfizer y otros fabricantes recibieron financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que todos los posibles costos recaigan nuevamente sobre los gobiernos.

BioNTech, socio de Pfizer, recibió u$s 445 millones del gobierno alemán para desarrollar la vacuna, y el gobierno estadounidense hizo en julio una compra anticipada por 100 millones de dosis (u$s 2.000 millones), antes de que la vacuna entrara en la fase tres. Pfizer espera vender vacunas por u$s 15.000 millones, solo en 2021. Eccleston-Turner considera que Pfizer “trató de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica del desarrollo de la vacuna, y ahora con su lanzamiento. Pero el desarrollo fue subvencionado generosamente; el riesgo para el fabricante es mínimo”. 

Los periodistas del Bureau hablaron con funcionarios de dos países que dijeron que las reuniones con Pfizer empezaron de forma prometedora pero se frustraron rápidamente, y revisaron un informe del Ministerio de Salud de Brasil. El Ministerio de Salud argentino comenzó negociaciones con Pfizer en junio y el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director general de la empresa al mes siguiente. En reuniones posteriores, Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil. Aunque esto nunca se había hecho antes, el Congreso aprobó una nueva ley en octubre que lo permitía. Pero Pfizer no estaba contenta con la redacción de la legislación, según un funcionario de la oficina del Presidente. 

El gobierno creía que Pfizer debía ser responsable de actos de negligencia o malicia, pero la empresa no estuvo de acuerdo. El gobierno ofreció enmendar la ley para dejar claro que “negligencia” significaba problemas en la distribución y entrega, pero Pfizer no estaba satisfecho y pidió nuevas modificaciones por decreto; Fernández se negó. “Argentina podría compensar efectos adversos de la vacuna, pero no si Pfizer cometía un error. ¿Qué pasaría si Pfizer interrumpe involuntariamente la cadena de frío de la vacuna y un ciudadano quiere demandarlos? No sería justo que Argentina pagara por sus errores”, dijo el funcionario, que conoce en detalle las negociaciones. Las conversaciones pronto se volvieron tensas: “En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más”. Además de los cambios en la ley, la farmacéutica le pidió a Argentina que contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa (también se pidió a los países que lo hicieran durante el brote de H1N1).

A finales de diciembre, Pfizer hizo otra petición inesperada: que el gobierno pusiera reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares como garantía. “Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos el seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal. Era una exigencia extrema sólo escuchada cuando se negocia la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos”. 

“Policía bueno, policía malo”

Las mismas exigencias se hicieron al Ministerio de Salud de Brasil. Pfizer pidió indemnidad y solicitó al ministerio que pusiera activos soberanos y que creara un fondo de garantía en una cuenta bancaria en el extranjero. En enero, el ministerio rechazó estas condiciones, calificándolas de “abusivas”.

Un funcionario del otro país latinoamericano que no podemos nombrar describió las conversaciones de forma similar. Según ellos, el gobierno empezó a negociar con Pfizer en julio, antes de que se aprobara la vacuna. Existía la percepción de que los negociadores de Pfizer seguían una rutina de policía bueno-policía malo, en la que el policía malo presionaba al gobierno para que comprara más dosis. “En ese momento no había vacuna en el mundo... Esta señora presionaba diciendo: 'Compren más, van a matar a la gente, se van a morir por su culpa'”, dijo el funcionario.

Este gobierno nunca había concedido ningún tipo de indemnidad antes, y no quería renunciar a la responsabilidad, pero Pfizer dijo que no era negociable. Finalmente firmó un acuerdo, pero con un retraso de tres meses.

Dado que Pfizer sólo tiene 2.000 millones de dosis para vender en todo el mundo este año -al parecer, por orden de llegada-, el funcionario está enojado porque el retraso ha hecho retroceder al país en la cola. Una de las razones por las que este gobierno cedió en la negociaciones era porque Pfizer dijo que podía entregar rápidamente. Sin embargo, en el contrato, Pfizer se reservaba el derecho a modificar el cronograma, sin espacio para negociación. “Lo tomas o lo dejas”, dijo el funcionario, que expresó que en cinco años, cuando se acaben los acuerdos de confidencialidad, se sabrá lo que realmente ocurrió en estas negociaciones.

Idas y vueltas en Perú

Aquí las conversaciones formales comenzaron en agosto, cuando el Gobierno peruano firmó un acuerdo de confidencialidad. En setiembre, se firmaron las “condiciones vinculantes”, detallando compromisos preliminares de ambas partes para 9,9 millones de dosis por u$s 118,8 millones. Es decir, 12 dólares por dosis, 24 por cada vacuna completa.

Para dicho mes, sin embargo, el Perú no tenía un marco legal que le permitiera comprar medicamentos en desarrollo. El Ministerio de Salud planteó un proyecto d ley para acelerar el proceso, y el 1 de diciembre de 2020 el nuevo presidente, Francisco Sagasti, emitió un decreto que expresaba el compromiso del Perú a someterse a arbitrajes internacionales ante controversias que surgieran en los contratos, y que el Perú renunciaba “a la inmunidad soberana del Estado para la ejecución de una decisión arbitral”.

Eduardo Iñiguez, especialista en arbitrajes internacionales y asociado de la firma legal Bullard Falla Ezcurra, dice que el decreto confirma que el Estado peruano está de acuerdo con que otras jurisdicciones ejecuten un laudo (o decisión) de un tribunal arbitral, ante una controversia. “Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre su propiedad”, explicó. Iñiguez agregó que, aunque no es necesaria una normativa que precise la renuncia a la inmunidad soberana, “esto puede evitar problemas de interpretación [...] es normal que exista este tipo de fraseos en los contratos”. 

El especialista en contrataciones públicas, Luis Villavicencio, aseguró que “no debería ser necesario, pero el problema es que tiene que quedar expreso. En principio, el contrato es ley para ambas partes y debería bastar lo que se señale en el documento; pero estas renuncias no pueden ser contempladas en un contrato”. La entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció la publicación de esta norma como parte del avance en las negociaciones con Pfizer. 

El 4 de febrero, finalmente, el Gobierno peruano concretó el acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis de vacunas, el doble de lo inicialmente conversado. El Gobierno aceptó asumir todos los gastos de posibles demandas en cualquier parte; transporte; distribución; o productos relacionados a la vacuna.

*Leer el artículo original del Bureau of Investigative Journalism

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