La carrera por la vacuna contra el coronavirus

El gobierno dio a conocer hace poco la noticia de que la Argentina sería parte de los ensayos clínicos del preparado de BioNTech y Pfizer, que ya habrían testeado la seguridad de su producto con medio millar de voluntarios entre Alemania y EEUU.

BUSCANDO LA PRIORIDAD

Ambas farmacéuticas dijeron que las fases 1 y 2 (diseño, desarrollo y pruebas en animales y pocos individuos humanos) mostraron que la seguridad de su vacuna es “aceptable, con efectos adversos moderados y buena generación de anticuerpos”.

La próxima etapa incluye la transición y la fase 3, durante las que deberá mostrarse la eficacia del producto: su capacidad para generar anticuerpos y su efectividad, no solo para combatir la infección viral sino también para prevenirla. En esta etapa se aumenta el número de personas testeadas a unas decenas de miles en diversos sitios, la Argentina entre otros muchos países.

El dispositivo prevé que durante julio y agosto un 50% de los voluntarios sea vacunado con el producto en desarrollo y el otro 50% con un placebo. Los resultados, dicen BioNTech y Pfizer, serán publicados entre octubre y noviembre.

Si los datos fueran positivos, se habilitaría la vacuna para su “uso de emergencia”, mientras se preparan los recursos para iniciar la producción y distribución masiva, en la que la Argentina espera recibir parte de las primeras dosis. Lo mismo espera el gobierno brasileño del laboratorio chino Sinovac, al haber aprobado los ensayos de la vacuna desarrollada por esa empresa, que se aplicará a 9.000 voluntarios en el país.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) del Ministerio de Salud brasileño dijo que las pruebas de la potencial vacuna, hecha a partir de “cepas inactivas” del virus, servirán para “evaluar su seguridad y eficacia” en la inmunización contra el Covid-19. Los ensayos, por lo general, se realizan a través de instituciones públicas y usando presupuestos públicos del Estado elegido, por lo que en la práctica representan una decisiva transferencia de recursos materiales y humanos de los países que se prestan a la experimentación hacia los laboratorios internacionales.

Es por eso que ambos gobiernos, el argentino y el brasileño, confían en que la participación en la “fase 3” de las pruebas de las respectivas empresas les asegurará una futura provisión de la vacuna en forma preferente. Parece una expectativa lógica, pero la historia de estos ensayos muestra que no necesariamente sucede de esa manera.

EXPERIENCIAS

Hay países que han recibido partidas gratuitas de vacunas que ayudaron a desarrollar en sus fases avanzadas, aunque nunca de acuerdo con el volumen que requerían; los que obtuvieron un precio considerado a cambio del pago contado; otros que solo accedieron a un lugar preferente en la lista de espera; otros que debieron salir a disputar la provisión en el mercado sin más preeminencia que su capacidad adquisitiva.

Es un asunto crucial, especialmente cuando se habla de la necesidad de miles de millones de dosis para inmunizar a miles de millones en todo el mundo. Un transparente ejemplo acerca de los métodos que se emplean para asegurarse la provisión y el precio de este tipo de medicamentos es el de EEUU.

Usando su poder político y económico discrecional, ya ha comprado la producción completa del fármaco Redemsivir, y financia con u$s 1.000 millones al laboratorio Moderna, con la pretensión de que no solo sea el primero en obtener una vacuna viable, sino también que la destine en exclusiva al mercado interno estadounidense por un año.

Otro ejemplo notable: ya en marzo, Donald Trump intentó alcanzar un acuerdo con la biofarmacéutica alemana CureVac, a la que los servicios de inteligencia estadounidenses señalaban como puntera en el desarrollo, con el fin de garantizarse la exclusividad de una potencial vacuna.

El gobierno alemán respondió aumentando su contribución a las investigaciones y nacionalizando parcialmente la empresa. De solidaridad y humanitarismo, nada; una lucha político-comercial estratégica en la que nadie cede un ápice. Y después de ello, todavía está el régimen de patentes, fuertemente reforzado durante las últimas décadas llamadas “de globalización”, en el que los derechos del capital y la propiedad se alzaron preeminentes por sobre personas, sociedades y Estados.

El beneficio de la humanidad quedará subordinado al del “inventor”, léase la farmacéutica, el fabricante o el licenciatario, que seguirán percibiendo rentabilidad mucho después de vender el producto o el derecho a fabricarlo. Asuntos como estos son los que explican que la industria farmacéutica esté entre las más poderosas del globo.

En poco más de una década, de 2001 a 2014, pasó de una facturación anual de u$s 400 mil millones a más de u$s 1 billón. De los diez mayores laboratorios industriales, cuatro están en EEUU, dos en el Reino Unido, dos en Suiza, uno en Francia y otro en Alemania.

Solo estos diez capturaron más de u$s 400.000 millones del negocio de los medicamentos en 2014. El laboratorio que desarrolla la tercera fase de su vacuna en la Argentina, Pfizer, fue ese mismo año el cuarto en facturación global: u$s 49.000 millones.

MULTAS Y SANCIONES

A pesar de cómodas normativas hechas a su medida, las grandes farmacéuticas han caído una y otra vez en prácticas ilegales, como ensayos clínicos no declarados y/o remunerados, control del (des) abastecimiento y manipulaciones groseras varias.

Ello obligó a los organismos regulatorios de todos los países e incluso a la OMC a aplicar centenares de multas a estas grandes farmacéuticas, por miles de millones de dólares solo contando desde 2018. La cifra, sin embargo, representa márgenes mínimos en una facturación anual que, como se dijo, es billonaria. Si para hacerse con ella hay que salirse de la ley, la elección no presenta dudas.