Un blindaje judicial a la desregulación

   La diplomacia de inversiones del gobierno de Javier Milei llegó a Francia con un mensaje que excedió los discursos oficiales. En la antesala del "Argentina Week", el fallo de la Corte Suprema que ratificó la derogación de la Ley de Tierras —eliminando los topes federales a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— funcionó como un preludio perfecto para una comitiva presidencial en la que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, incluyó a tres camaristas federales con injerencia directa en causas neurálgicas para el modelo económico oficial.

   Para analistas y sectores críticos, no se trata de una coincidencia: es una señal de alineamiento entre el Poder Judicial y la agenda económica del Gobierno.

   La selección de los magistrados, según observadores entendidos en política judicial, no fue casual. Buscó enviar un mensaje de "certeza jurídica" a los inversores extranjeros. En la delegación viajaron Richar Fernando Gallego, cuya Cámara Federal de General Roca tiene la última palabra en los conflictos judiciales y socioambientales de Vaca Muerta; Sergio Fernández, del fuero Contencioso Administrativo, donde se litigan los contratos con el Estado nacional; y Eduardo Farah, veterano de la Cámara Federal de Comodoro Py, el tribunal que revisa las causas de corrupción de mayor impacto.

   La presencia de estos jueces en un viaje cuyo objetivo declarado es atraer inversiones fue leída por sectores críticos como una forma de "blindaje" o legitimación institucional de las políticas de desregulación. Mientras la Corte Suprema dejaba sin efecto las restricciones a la extranjerización de la tierra rural —por falta de legitimación procesal del reclamante, el CECIM—, el Ejecutivo viajaba acompañado por magistrados que tienen injerencia directa en los territorios y recursos que ahora quedan más expuestos a la inversión extranjera sin topes nacionales.

   El perfil de cada juez refuerza esa lectura. Gallego integra la Cámara Federal de General Roca, tribunal estratégico para los conflictos legales y ambientales vinculados con Vaca Muerta y la explotación de recursos en la Patagonia. Fernández se desempeña en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se dirimen la mayoría de las demandas contra el Estado, y además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, en un momento en que causas penales contra dirigentes del fútbol argentino siguen su curso entre tribunales. También es hermano de Javier Fernández, actual auditor general de la Nación. Farah, por su parte, ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal de Comodoro Py y es una figura conocida por su trayectoria en expedientes complejos.

   La coincidencia temporal entre el fallo y el viaje fue denunciada en redes sociales por periodistas como Luciana Bertoia, quienes resaltaron que la elección de estos perfiles judiciales para una misión de promoción económica envía un mensaje claro sobre la intersección entre la política de desregulación del Gobierno y las decisiones de los tribunales federales.

La otra cara: cerco a la disidencia

   Sin embargo, la apertura total al capital extranjero contrasta con un endurecimiento del cerco sobre la disidencia y los derechos humanos dentro del territorio nacional. En Rosario, la Policía Federal allanó los domicilios de dirigentes de Izquierda Socialista, como Mariano Soria, bajo la nueva figura del ciberterrorismo. "El único delito —denunciaron organizaciones de derechos humanos— es organizar la solidaridad con Palestina y denunciar el genocidio en Gaza. Intentan criminalizar la protesta y el activismo político".

   En la misma sintonía de impunidad frente a los abusos estatales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) exigió esta semana la reapertura de la causa por el espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. El hallazgo de 403 fichas con perfiles ideológicos, políticos y religiosos de periodistas y activistas demostró que la inteligencia estatal se usó para el "fichaje" de opositores. El riesgo de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi —el mismo que sobreseyó a Arribas y Majdalani por una "trampa formalista"— termine archivando también estos delitos envía un mensaje alentador para las agencias de inteligencia: perseguir críticos no tiene consecuencias.

   La paradoja del Gobierno se completó en las calles de París. Mientras la comitiva oficial buscaba seducir a los mercados, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) instaló un camión en el centro de la ciudad proyectando los insultos de Milei contra la prensa.

   El mapa institucional que el oficialismo dibuja para 2026 parece claro. Para los fondos de inversión y los Estados extranjeros, el Poder Judicial destrabará la venta del territorio y los recursos estratégicos. Para los periodistas de investigación, los activistas y los pueblos originarios que protesten, la respuesta puede ser la estigmatización y la persecución penal. Mientras en París se prometía seguridad jurídica, en Buenos Aires quedaba flotando una pregunta incómoda: seguridad jurídica, ¿para quiénes?