¿Orden o tensión en el sistema judicial argentino?

Uno de ellos es la seguridad jurídica. Otro, inseparable del primero, es el valor de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reciente reforma laboral —Ley 27.802— volvió a colocar estos temas en el centro de la escena. No tanto por lo que dice de manera expresa, sino por lo que instala como problema estructural: el grado de vinculación que deben tener los jueces inferiores respecto de la jurisprudencia del Máximo Tribunal.

La pregunta es inevitable: ¿puede existir seguridad jurídica en un sistema donde cada tribunal interpreta el derecho de manera distinta?

Cuando el problema no es la ley, sino su aplicación

Suele creerse que la seguridad jurídica depende exclusivamente de la existencia de normas claras. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario: el verdadero problema no suele ser la ley, sino su interpretación.

Cuando esa interpretación se vuelve imprevisible, el sistema jurídico pierde eficacia. La sociedad deja de confiar en las instituciones y aparece un fenómeno conocido como anomia, es decir, la ausencia de parámetros claros para valorar conductas y decisiones públicas.

En términos constitucionales, la seguridad jurídica exige: supremacía constitucional,  división de poderes, independencia judicial,  igualdad ante la ley (art. 16 CN). 
Pero también exige algo más concreto y menos declamativo: coherencia en las decisiones judiciales. Porque si dos casos iguales reciben respuestas distintas, la igualdad deja de ser una garantía y se transforma en una ficción.

El precedente en Argentina: entre tradición continental y lógica del stare decisis

El sistema argentino pertenece a la tradición continental europea, donde el precedente no tiene, en principio, carácter formalmente obligatorio como en el derecho anglosajón.

En los sistemas de common law, el principio de stare decisis implica que los tribunales deben seguir las decisiones anteriores en casos sustancialmente similares. No es sólo una práctica: es una regla estructural del sistema. La previsibilidad se construye sobre la estabilidad de los precedentes. Argentina, en cambio, ha desarrollado un modelo híbrido.

Formalmente, no existe un stare decisis rígido. Pero materialmente, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido consolidando una lógica cercana a ese principio.

La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que los tribunales inferiores deben conformar sus decisiones a su jurisprudencia, salvo que existan razones valederas que justifiquen su apartamiento, bajo pena de incurrir en arbitrariedad.  Y a partir de allí se estableció una regla que, sin ser idéntica al stare decisis, cumple una función similar:

Los precedentes no son absolutamente obligatorios, pero su apartamiento exige fundamentos especialmente rigurosos. Esta lógica se refuerza con la doctrina de la sentencia arbitraria, que permite invalidar decisiones que se apartan sin justificación razonada del derecho vigente.

En otras palabras, el sistema argentino no consagra un stare decisis formal, pero sí reconoce un stare decisis atenuado o implícito, fundado en la autoridad institucional de la Corte y en la necesidad de garantizar coherencia e igualdad.

Lo que dice y lo que genera la reforma

La Ley 27.802 no transforma expresamente al sistema argentino en uno de precedente obligatorio en sentido anglosajón. Pero sí acerca el funcionamiento práctico del sistema hacia esa lógica.

Durante su tratamiento legislativo, el artículo 89 ocupó un lugar central al vincular la actuación de los jueces laborales con la jurisprudencia de la Corte Suprema, generando un debate intenso en la doctrina.

Más allá de la redacción final, lo cierto es que la reforma: apunta a reducir la dispersión de criterios en el fuero laboral, refuerza la Corte como órgano unificador de interpretación y tensiona el modelo tradicional argentino hacia una mayor estabilidad jurisprudencial. 

Dicho de otro modo: sin declararlo formalmente, el legislador parece avanzar hacia una lógica más cercana al precedente vinculante, al menos en términos funcionales.

¿Por qué importa tanto este debate?

Porque la dispersión jurisprudencial no es un problema teórico. Tiene efectos concretos: incrementa la litigiosidad, dificulta la previsión de riesgos jurídicos, encarece costos para trabajadores y empleadores, y debilita la confianza en el sistema judicial. 

En el derecho del trabajo, donde confluyen derechos fundamentales, intereses económicos y políticas públicas, esa falta de previsibilidad se vuelve particularmente crítica.

En ese contexto, el valor del precedente deja de ser una discusión académica y se convierte en una herramienta de política jurídica.

El punto de tensión: previsibilidad vs. independencia

Aquí aparece el verdadero problema constitucional ya que el modelo de stare decisis privilegia la previsibilidad y el modelo continental clásico privilegia la independencia interpretativa.

Argentina ha intentado históricamente conciliar ambos principios y ahora la reforma laboral reabrio esa tensión.

Porque si bien la previsibilidad es indispensable para la seguridad jurídica, también lo es la independencia judicial como garantía del control de constitucionalidad.

La pregunta, entonces, se vuelve más precisa:

¿puede fortalecerse la estabilidad de los precedentes sin vaciar de contenido la función jurisdiccional?

Una discusión abierta

La reforma laboral no resuelve definitivamente esta tensión. Pero sí la vuelve explícita. Y obliga a replantear una cuestión central: ¿queremos un sistema donde cada juez pueda construir su propia interpretación del derecho, o uno donde exista un núcleo estable de criterios que garantice previsibilidad?

La seguridad jurídica no implica inmovilidad. El derecho evoluciona, y los precedentes también. Pero esa evolución debe ser coherente, gradual y razonada.

Porque cuando el derecho se vuelve imprevisible, deja de ordenar la realidad y pasa a depender del azar interpretativo. Y en ese escenario, la Constitución deja de ser una garantía efectiva para convertirse en una promesa incierta.