Miles de afiliados sin cobertura y denuncias contra Milei

   La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) declaró en emergencia a dos entidades: la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y la de Conductores de Taxis de Córdoba. Según las resoluciones 1755/2025 y 1767/2025, ambas presentaron balances irregulares, falencias administrativas y un delicado cuadro económico-financiero que compromete la atención a los afiliados.

   La SSS les dio 15 días para presentar planes de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales. El seguimiento estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro, que revisará documentación, indicadores financieros y la dependencia de subsidios estatales.

   Con estos casos, ya son 14 las obras sociales declaradas en crisis, a las que se suman ocho bajo intervención y siete con procesos de baja en curso. El organismo insiste en que el objetivo es "garantizar prestaciones de calidad y mayor transparencia".

   La problemática se repite en distintos gremios. En semanas recientes fueron declaradas en crisis la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y la de los Mensualizados del Jockey Club. También la Asociación Mutual Metalúrgica de Villa Constitución debe presentar un plan de recuperación. En paralelo, el Gobierno dispuso la disolución de la obra social de la Industria Botonera, con apenas 50 afiliados, y la baja de la de Aduaneros, por graves irregularidades.

   Entre las entidades con dificultades se destacan las de los trabajadores del fósforo, químicos y petroquímicos, técnicos de fútbol, Volkswagen, Fedecámaras, prensa de Córdoba y Mendoza, peones de taxis de Rosario y personal azucarero del Ingenio Ledesma.

Iosfa: 20 mil afiliados sin cobertura en Santa Fe

   El impacto más fuerte golpea a las fuerzas de seguridad. Casi 20 mil afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) en Santa Fe quedaron sin cobertura luego de que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario suspendiera prestaciones por falta de pago.

   La delegación rosarina reúne a civiles en unidades militares y personal de Gendarmería, Prefectura, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, con sus familias incluidas. La deuda nacional de Iosfa asciende a 240 mil millones de pesos, generada desde inicios de 2024. El resultado: atrasos en la entrega de medicamentos oncológicos y de alto costo, y deudas con médicos y farmacias.

    "Si tengo que llevar a mi hija a una guardia no sé a dónde ir", relató Alejandro Sortino, delegado de ATE en Rosario, que describió la peor crisis en 35 años. Entre los casos más graves figuran embarazadas sin posibilidad de cesárea y jubilados sin acceso a tratamientos.

   La conducción de Iosfa estuvo marcada por renuncias y deudas crecientes. Oscar Sagás dejó el cargo en 2024; lo sucedió Roberto Fiochi, que renunció en junio de 2025 con un pasivo de 120 mil millones, y luego Betina Surballe reconoció obligaciones por 240 mil millones.

   En Rosario, Iosfa abonó la mitad de lo adeudado y propuso un plan de pago por el resto, aunque los prestadores no confirmaron si retomarán la atención. El martes próximo, afiliados y trabajadores marcharán en protesta. "No podemos aceptar que el derrumbe económico recaiga sobre las familias", advirtió ATE.

Intervenciones y denuncias en Osprera

   La intervención, vigente hace un año, acumula denuncias de afiliados por falta de prestaciones. La Uatre, sindicato que lidera José Voytenco, mantiene judicializado el proceso y acusa al Gobierno de buscar el control de la entidad. Incluso aparecieron chats que comprometerían a funcionarios y allegados a la familia Menem en un supuesto esquema de coimas.

   La CGT denuncian que la estrategia oficial apunta a desfinanciar a los gremios mediante intervenciones, demoras en la certificación de autoridades y medidas de flexibilización laboral. Esa combinación, sostienen, precariza el sistema sindical y bloquea la administración de obras sociales.

   Ejemplo de ello es el gremio de Vialidad Nacional, que lleva un año sin aval de autoridades electas y con riesgo de bloqueo de cuentas. Lo mismo sucede con el sindicato del Ingenio Ledesma, que acusa un hostigamiento conjunto del Gobierno y la empresa Blaquier.