Fraude de las empresas tecnológicas a la Ley de la Economía del Conocimiento

   El sindicato de los trabajadores tecnológicos denunció a Globant y a otras veinte compañías del sector tecnológico por incumplir los requisitos de la Ley de la Economía del Conocimiento, un régimen que otorga beneficios fiscales a cambio de mantener e incrementar el empleo. El sindicato acusa a estas empresas de aprovechar millonarios subsidios estatales mientras realizan despidos masivos.

Subsidios para despedir

   La denuncia formal contra Sistemas Globales S.A. (Globant) fue presentada ante la Autoridad de Aplicación de la ley. Según la AGC, la firma dirigida por Martín Migoya incumplió un requisito esencial: sostener o aumentar su nómina de personal. La empresa está inscripta en el Registro Nacional de Beneficiarios (RL-2022-11993041-APN-SSEC#MDP) y recibe recursos del Bono de Crédito Fiscal (BCF), que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales.

   "Una empresa no puede usar fondos públicos para engrosar su colchón financiero mientras deja a cientos de informáticos sin trabajo. Los subsidios fueron otorgados bajo la promesa de crear empleo de calidad, no para financiar despidos", advirtió Ezequiel Tosco, secretario general de la AGC.

453 puestos menos

   El sindicato acompañó la denuncia con documentación que prueba la reducción de la plantilla. De acuerdo con un informe de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Globant perdió 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025, incumpliendo el plazo de 60 días que la ley otorga para reponer bajas.

   Esto vulnera directamente el artículo 4°, inciso III de la Ley 27.506, que obliga a mantener o ampliar la nómina declarada al momento de la inscripción. Para la AGC, los datos confirman una tendencia de ajuste en la empresa, pese a los recursos públicos recibidos.

Riesgo de sanciones

   El incumplimiento puede derivar en sanciones severas. La ley prevé la revocación de la inscripción y la pérdida automática de beneficios. Además, la autoridad de aplicación podría aplicar el mecanismo de clawback, que obliga a devolver retroactivamente todo lo percibido de manera irregular:

• El total del Bono de Crédito Fiscal.

• Las reducciones en el Impuesto a las Ganancias.

• Multas e intereses por la deuda generada.

   El sindicato advierte que la cifra acumulada sería millonaria y afectaría los balances de la multinacional. Incluso plantea que la maniobra podría constituir un delito federal, al implicar una asignación indebida de fondos públicos.

Una promesa rota

   La Ley de Economía del Conocimiento fue creada para impulsar la innovación, fortalecer a las PyMEs y, sobre todo, fomentar empleo calificado. Sin embargo, cuando una empresa que recibe exenciones decide despedir personal, se rompe el "contrato social" que legitima el régimen.

   "Globant es el ejemplo más claro de cómo se desvirtúa la norma: por un lado recibe millonarios subsidios y por otro precariza y despide trabajadores. El beneficio se convierte en una ayuda de caja para sostener márgenes de ganancia", sostiene la AGC.

   La organización gremial viene denunciando hace meses la situación de los empleados en la firma, a la que acusa de maximizar utilidades a costa de incumplir regulaciones laborales y fiscales.

Auditoría e interpelación

   Ante esta situación, la AGC pidió a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento iniciar un proceso de verificación que incluya:

• Auditoría específica a Sistemas Globales S.A., según la Resolución 268/2022.

• Pericia contable con información de los organismos de recaudación para comprobar la reducción de la plantilla y las contribuciones patronales.

• Libre deuda gremial, intimando a la empresa a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sindicales.

   El gremio subraya que no se trata solo de sancionar fiscalmente, sino de recuperar la transparencia en el uso de fondos estatales y recordar que los beneficios impositivos implican responsabilidades sociales concretas.

Un debate de fondo

   El conflicto abre la discusión sobre la efectividad de la Ley de la Economía del Conocimiento, que buscaba posicionar a la Argentina como polo de innovación regional. Para la AGC, los casos como el de Globant evidencian que, sin controles estrictos, los recursos públicos pueden terminar sirviendo a la lógica financiera de las grandes corporaciones en lugar de generar empleo de calidad.

   "Estamos frente a un fraude a los trabajadores, a la ciudadanía y al propio Estado", concluyó Tosco. La denuncia deja en manos de la autoridad de aplicación la decisión de investigar y sancionar, en un sector clave para el futuro económico del país.