El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación

   El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina la fuente de financiamiento y asigne las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. La decisión se apoyó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que ninguna norma que implique gastos puede ejecutarse sin prever los recursos correspondientes.

   La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y que había sido inicialmente vetada por Javier Milei, contempla la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apoyo a prestadores y financiamiento de pensiones no contributivas. Según estimaciones oficiales, su implementación demandaría unos 3 billones de pesos, equivalentes al 0,35% del PBI.

   El Ejecutivo argumenta que no existen fondos disponibles y que la discusión debe darse en el marco del Presupuesto 2025, presentado en septiembre. No obstante, la medida desató un fuerte rechazo opositor y de organizaciones de discapacidad, ya que coincidió con la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones de granos hasta octubre, lo que implica una menor recaudación fiscal. Para críticos como Germán Martínez (Unión por la Patria), esta contradicción evidencia que el gobierno prioriza beneficios al sector agroexportador por sobre políticas sociales urgentes.

   Los cuestionamientos se amplificaron al considerar que la suspensión de la ley se suma a una serie de hechos polémicos en el área: la crisis de coimas en la ANDIS, operativos precarios donde se dieron bajas irregulares de certificados, la reducción de pensiones no contributivas y la caída de nomencladores que dificultan el acceso a profesionales. Aunque el gobierno anunció una reasignación parcial de fondos para actualizar prestaciones, ese monto apenas representa el 4% de lo previsto en la ley bloqueada.

   Diversos sectores calificaron la medida como un "acto administrativo ilícito", ya que contradice la voluntad del Congreso que, con mayoría especial, había rechazado el veto presidencial. Plantean que se trata de una maniobra para dilatar la ejecución de una conquista impulsada por la movilización social, con efectos directos sobre miles de personas con discapacidad y sus familias.

  La polémica también anticipa la estrategia oficial frente a otras normas que enfrentan vetos presidenciales, como la Ley de Financiamiento Universitario o la Emergencia Pediátrica: permitir la sanción formal pero trabar su implementación con argumentos presupuestarios.

   Las organizaciones de discapacidad y la oposición analizan recurrir a la justicia para exigir la aplicación inmediata de la ley. Paralelamente, preparan nuevas movilizaciones, denunciando que mientras se destinan recursos a regímenes fiscales especiales y pagos de intereses financieros, se niega un presupuesto mínimo para garantizar derechos básicos.

   En suma, la decisión del gobierno de Milei de suspender la ejecución de la Emergencia en Discapacidad, pese a su promulgación, abre un frente de conflicto político y social que combina tensiones institucionales con un fuerte cuestionamiento ético sobre las prioridades presupuestarias del Estado.