El 4 de febrero es el plazo final para la implementación 

   Así lo confirmó Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), en diálogo con Fénix. Según explicó, el juzgado de Campana ordenó al Ejecutivo avanzar con la aplicación efectiva de la ley y advirtió que ya no hay margen para demoras. "El 4 de febrero vence el plazo para que el Gobierno empiece a implementar la ley de forma concreta. No queremos más promesas ni movimientos administrativos: necesitamos soluciones reales", sostuvo.

   Goldman remarcó que la norma es clave para actualizar los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, congelados desde diciembre de 2023. Esta situación, señaló, dejó a muchas instituciones en una crisis financiera profunda. "Hay centros que no pudieron pagar sueldos ni aguinaldos y tuvieron que endeudarse para seguir funcionando", explicó.

   La ley también prevé un plan de compensación económica para las instituciones afectadas y un esquema de pago para las deudas acumuladas, entre ellas compromisos con organismos como ARCA. "Las familias y los prestadores esperan que el Estado cumpla. Esta ley no es una sugerencia, es una respuesta urgente a una situación crítica", afirmó el dirigente.

   En ese marco, Goldman cuestionó los argumentos oficiales sobre supuestas irregularidades en el sistema de prestaciones. Si bien reconoció que deben investigarse y sancionarse eventuales cobros indebidos, aclaró que eso no puede justificar la paralización de recursos esenciales. "No se puede castigar a quienes realmente necesitan estas prestaciones para vivir con dignidad", enfatizó.

   Con el plazo judicial en cuenta regresiva, CAIDIS reclamó acciones inmediatas y advirtió que el incumplimiento de la ley podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios a cargo.