El Parlamento Europeo vota por revisar judicialmente el acuerdo UE–Mercosur
Lo remitirá al Tribunal de Justicia de la UE para que dictamine si es compatible con el derecho comunitario.
El Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión, adoptada por una ajustada mayoría de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, paraliza en los hechos un pacto negociado durante más de dos décadas y firmado el pasado 17 de enero en Asunción.
Con esta resolución, la aprobación del acuerdo queda congelada hasta que el máximo órgano judicial europeo emita un dictamen, un proceso que podría extenderse entre 18 y 24 meses. El fallo abre interrogantes sobre la capacidad de la UE para sostener su agenda de apertura comercial y su estrategia geopolítica en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y un giro proteccionista de EEUU.
La Comisión Europea expresó su malestar por la decisión del Parlamento. El portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, afirmó que las objeciones planteadas "no están justificadas", ya que, según sostuvo, fueron analizadas en profundidad durante las negociaciones y abordadas en acuerdos anteriores, como el firmado con Chile. Gill subrayó que el pacto con el Mercosur es de "vital importancia" para la Unión, tanto por sus beneficios económicos como por su impacto en la proyección internacional del bloque.
El acuerdo prevé la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores, y es defendido por sectores industriales europeos que lo consideran clave para acceder a nuevos mercados y diversificar exportaciones. Sin embargo, enfrenta una fuerte resistencia política y social, especialmente entre agricultores y organizaciones ecologistas, que temen una mayor competencia de productos sudamericanos más baratos y con estándares ambientales y sanitarios distintos.
Las protestas del sector agrario se intensificaron en la previa de la votación, con miles de manifestantes concentrados en Estrasburgo y enfrentamientos con la policía. Países como Francia, Irlanda y Polonia también manifestaron reparos al acuerdo, reflejando divisiones profundas dentro del bloque.
Los eurodiputados que promovieron la remisión al TJUE cuestionan la legalidad de la estrategia de la Comisión Europea de dividir el acuerdo, de modo que la parte comercial no requiera ratificación de los parlamentos nacionales. A su entender, esta maniobra podría vulnerar los tratados de la UE. También ponen bajo la lupa el llamado "mecanismo de reequilibrio", que permitiría a los países del Mercosur adoptar medidas compensatorias si futuras normas europeas afectan sus exportaciones.
Pese al revés, la Comisión aún podría optar por aplicar provisionalmente el acuerdo mientras se desarrolla el proceso judicial, aunque esta posibilidad podría agravar las tensiones institucionales. La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera consideró que el ajustado resultado refleja una posición "legítima" del Parlamento, pero advirtió que un retraso prolongado tendría costos políticos y económicos para la UE.
La decisión también tiene impacto fuera de Europa. En la Argentina, donde el acuerdo fue incluido por el presidente Javier Milei en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, se abre el debate sobre si avanzar con la ratificación local o esperar la definición de la justicia europea. Mientras en el Senado relativizan el efecto de la votación europea, fuentes diplomáticas de la UE reconocen que podría haber demoras hasta que exista mayor claridad jurídica.
Así, el futuro del histórico acuerdo UE-Mercosur queda en suspenso, atrapado entre disputas legales, divisiones políticas internas y un escenario internacional cada vez más incierto.
