Cuatro de cada diez reclusos encuestados admitieron haber intentado suicidarse en el primer mes de encierro

La vicepresidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó una parte de los resultados de una extensa encuesta realizada junto al Programa de Litigio y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. Romina Duarte explicó a NORTE que el relevamiento de 2022 y 2023 que alcanzó a 264 personas, representa al 21% de la población carcelaria provincial.

Uno de los aspectos sobre los que se indagó fue sobre salud mental y riesgo suicida en contextos de encierro. El estudio arrojó que el 3% de las personas consultadas reconoció haber intentado suicidarse, y de ese 3%, el 40% dice que lo hizo tres veces.

Para los investigadores podrían ser más, debido a que es algo a ocultar por tratarse de una situación íntima y sensible. "Contar un intento de suicidio a un desconocido es complejo", reparó la funcionaria.

Con herramientas

En relación con la forma en que se obtuvo ese dato estadístico, admitió que fue complejo, sobre todo si la persona que está encuestando no cuenta con herramientas para un abordaje acorde. "Sin una formación con los estándares internacionales y en la ley de salud mental, es difícil que alguien cuente una situación de esas características".

Otro de los datos preocupantes de la muestra revela que el 40% de quienes dijeron haber intentado quitarse la vida lo hicieron durante el primer mes de detención. Duarte señala que ese pico temprano se vincula con la falta de evaluaciones médicas y psicológicas en el ingreso, la superpoblación carcelaria y la permanencia de personas condenadas en comisarías, donde muchas veces no se analizan historiales clínicos ni se realiza un seguimiento especializado.

Bajo custodia

La abogada también recordó que para ese tipo de situaciones hay los organismos internacionales de Derechos Humanos y el Protocolo de Minnesota responsabilizan a los estados como garantes de la integridad física y psicológica de la población carcelaria. En ese contexto, cualquier muerte en prisión se considera "muerte bajo custodia", y corresponde al Estado demostrar que hizo todo lo posible para prevenirla.

La vicepresidenta del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, relató a NORTE un caso que expone fallas graves en la atención a personas privadas de libertad. En 2022, una mujer que había transitado todo su proceso penal en libertad fue condenada en un juicio por jurado a prisión efectiva.

Tras el veredicto, la trasladaron de inmediato a una comisaría (que en la actualidad funciona como una unidad penitenciaria) donde únicamente recibió un control médico básico. "No tuvo una entrevista personalizada con un psicólogo ni un psiquiatra y, a las cuatro horas de su detención, se suicidó", señaló Duarte.

La abogada toma el caso para exponer la falta de aplicación de protocolos internacionales como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, que garantizan a las personas detenidas una atención sanitaria igual a la de la población en libertad. "Hay personas con mayor riesgo, como esa mujer, que no tuvo una preparación ni contención para enfrentar la privación de libertad y el impacto de no poder ver a sus hijos", explicó.

Duarte también cuestionó las restricciones al uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. Antes, los internos podían comunicarse directamente con la guardia remota de salud mental ante una crisis. Hoy el acceso está limitado a horarios que controla el Servicio Penitenciario, lo que —según el Comité y el Ministerio Público de la Defensa— vulnera el derecho a la comunicación y dificulta la asistencia en emergencias.

También menciona dos habeas corpus, uno general y otro específico para mujeres, que tuvieron fallos favorables del Superior Tribunal de Justicia chaqueño para garantizar el uso de celulares e internet. Aunque "el servicio penitenciario sostiene que cumple, en nuestras inspecciones vemos que no hay acceso permanente, y en algunos casos ni siquiera en los horarios fijados", denunció Duarte.