Milei propone eliminar pisos de financiamiento en educación, ciencia y defensa

   La iniciativa elimina el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que obliga al Estado a destinar al menos el 6% del PBI a financiar el sistema educativo y a garantizar un crecimiento sostenido de los recursos para la educación pública. También deroga los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaban un aumento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Asimismo, deja sin efecto el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que establecía un 0,2% del PBI para fortalecer las escuelas técnicas.

   En materia de defensa, se elimina el inciso 1 del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa, que aseguraba un porcentaje de los Derechos de Exportación para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

   Con estas modificaciones, el Gobierno busca liberar el presupuesto de asignaciones obligatorias y dejar el financiamiento sujeto a la prioridad del equilibrio fiscal para asegurar el pago de la deuda externa. La medida se enmarca en la estrategia oficial de alcanzar déficit fiscal cero, evitando gastos que el Ejecutivo considera rígidos o insostenibles.

   La propuesta generó preocupación en universidades, centros de investigación y organismos del sistema científico. Especialistas advierten que, sin garantías legales, la educación superior podría enfrentar problemas en la planificación de carreras, infraestructura y salarios docentes en un contexto de inflación alta. En ciencia y tecnología, la quita del sendero hacia el 1% del PBI en 2032 frena una meta consensuada con la comunidad científica, que consideraba esa trayectoria como indispensable para sostener políticas de largo plazo.

   La educación técnica también quedaría debilitada, ya que la eliminación del fondo mínimo podría dificultar la actualización de equipamiento y la capacitación docente, justo cuando la demanda laboral de oficios calificados crece con fuerza. En defensa, la pérdida de una fuente automática de recursos genera dudas sobre la continuidad de los programas de modernización militar, que pasarán a depender del presupuesto general del área.

   Desde el oficialismo defienden la medida como un paso necesario para ordenar las cuentas públicas, priorizando la flexibilidad presupuestaria. La oposición, en cambio, anticipa un fuerte rechazo y considera que la eliminación de los pisos de inversión compromete políticas esenciales para el desarrollo del país.

   El debate legislativo coincide con otro frente abierto: la discusión por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial docente, sancionada con amplia mayoría. Este miércoles, Diputados intentará revertirlo con los dos tercios necesarios.

   De aprobarse el artículo 30, se produciría un cambio profundo en la estructura de financiamiento de políticas públicas clave. La discusión pondrá en juego la tensión entre el objetivo de equilibrio fiscal y la necesidad de sostener inversiones estratégicas para el mediano y largo plazo.