Karina Milei y el reparto discrecional de decomisos de la Aduana

   Los artículos fueron entregados principalmente a ONGs y fundaciones vinculadas al oficialismo y a instituciones religiosas, mientras se negaba asistencia a los comedores populares de las organizaciones sociales.

   Desde el inicio del gobierno libertario, la Secretaría de la Presidencia, bajo Milei y su segundo Eduardo "Lule" Menem, canalizó decomisos hacia 104 entidades, de las cuales 61 eran ONGs. Una de las principales beneficiarias fue la Fundación Conin, del médico Abel Albino, ligada al Opus Dei. Esta organización no solo recibió siete cargamentos de Aduana, sino que además fue elegida por el Ministerio de Capital Humano para repartir alimentos retenidos en depósitos estatales, excluyendo a comedores comunitarios sostenidos por movimientos piqueteros.

   Las iglesias evangélicas también fueron destinatarias frecuentes. Entre ellas, la Fundación Portal del Norte, del pastor Jorge Ledesma, conocido por haber construido un megatemplo en Chaco, inaugurado por el propio presidente Javier Milei. Otras entidades favorecidas fueron la Fundación Los Sueños Se Cumplen, denunciada por estafas; la Asociación Civil Remar, con causas por explotación laboral; y la Federación de Box de Río Negro, recientemente intervenida.

   El reparto también alcanzó a organizaciones directamente ligadas a referentes de La Libertad Avanza. La Fundación Darío Donolo, vinculada a la "Mafia de la Aduana" durante el kirchnerismo, recibió donaciones y además gestiona un espacio político ligado al operador oficialista Sebastián Pareja. La Fundación Manos Abiertas está presidida por una familiar del diputado libertario Facundo Correa Llano, mientras que la Fundación Gea-Madre Tierra pertenece al entorno del legislador Lisandro Almirón. Incluso el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, fundado por Patricia Bullrich, recibió más de 3.400 artículos de primera necesidad y 30 teléfonos celulares.

   Las críticas a la discrecionalidad del reparto contrastan con la narrativa oficial. Mientras se entregaban bienes a entidades cuestionadas, el gobierno acusaba a comedores populares de ser "fantasmas" para justificar la suspensión de suministros. También se montaron causas judiciales contra organizaciones sociales como el Polo Obrero, en un intento de criminalizar su rol en la lucha contra el hambre.

   La distribución alcanzó además a instituciones de la comunidad judía, como la Asociación Cultural Israelita Scholem Aleijem en Corrientes y la Fundación Memoria del Holocausto, presidida por el empresario Marcelo Mindlin. Asimismo, organismos estatales vinculados al oficialismo recibieron partidas, entre ellos el Pami en La Rioja y la Anses en Santiago del Estero, donde estalló el escándalo de los "ñoquis mileístas" que debían entregar parte de su sueldo al partido.

   La investigación expone un patrón: los decomisos aduaneros se transformaron en un recurso político para premiar aliados y castigar opositores. El gobierno que se presentaba como abanderado de la lucha contra la corrupción reproduce, según la denuncia, las viejas prácticas de clientelismo y favores que atribuía a la "casta".