Vaca Muerta: embargo de u$s 7 millones por contaminación y fraude

   La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) se instaló en 2014 en el Parque Industrial Neuquén para tratar residuos de la extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, acumulando grandes cantidades de material de descarte sin tratamiento. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron una denuncia penal contra COMARSA por contaminación ambiental, violando la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal.

   En febrero de 2024, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén acusó a Juan Manuel Luis, fundador y director de COMARSA, Héctor Basilotta, ex director suplente, y Federico Ponce, ex gerente general, por contaminación peligrosa y administración fraudulenta. El juez Mauricio Zabala ordenó un embargo de 7 millones de dólares sobre las cuentas del dueño y el ex director suplente, prohibió su salida del país y declaró la inhibición de bienes de la empresa.

   El Tribunal de Impugnación limitó el embargo al monto de las multas vigentes por contaminación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restauró el embargo original, disponiendo que se concreten los embargos e inhibiciones de bienes y cargando las costas del proceso a los imputados.

Freno a la impunidad

   Rafael Colombo, abogado de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), celebró el fallo de un tribunal en Vaca Muerta que restauró los embargos millonarios contra COMARSA y sus socios principales. Este fallo, fruto de un recurso presentado junto a la APDH y la Fiscalía de Delitos Ambientales, considera los crímenes ambientales como delitos de cuello blanco. 

   Colombo señaló que la decisión judicial abre la oportunidad para que COMARSA, sus empresarios imputados y las corporaciones petroleras responsables del fracking paguen los costos de la recomposición ambiental. También destacó que el fallo pone fin a una década de impunidad que ha favorecido a la industria fósil en Vaca Muerta, afectando a comunidades campesinas e indígenas.