El presidente de un frigorífico fue procesado por contaminar las aguas de un río

Una investigación desarrollada por la Sede Fiscal Descentralizada Azul, el juez federal Gabriel Di Giulio procesó —sin prisión preventiva— al presidente del directorio del frigorífico Absolon S.A. por el vertido de efluentes contaminantes al ecosistema del Río Salado y le trabó un embargo por 20 millones de pesos.

La resolución se dictó en línea con lo requerido por el fiscal de Azul, Santiago Eyherabide, y los auxiliares fiscales María José Buglione y Lucas Moyano.

El procesamiento se dictó al considerar que el directivo violó el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que castiga con una pena de entre 3 y 10 años de prisión, a quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". Esta misma normativa, en su artículo 57, prevé la aplicación de la pena a sus directores, cuando los hechos se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica.

El caso

En la localidad bonaerense de Roque Pérez las muestras evidenciaron la presencia de efluentes contaminantes o en concentraciones prohibidas por la normativa ambiental vigente, y las autoridades constataron infracciones de la normativa para la actividad y tratamiento de efluentes, configurando así un vertido contaminante en cuerpos receptores de agua superficial.

Al menos de enero de 2023 a febrero de 2025 se verificó en cuatro instancias concretas en inspecciones realizadas por las autoridades competentes.

El accionar de la firma Absolon S.A. ponía en peligro bienes jurídicamente tutelados, debiendo adoptar diferentes medidas administrativas para paliar sus efectos adversos; así dispuso clausuras preventivas, aplicó multas y ordenó adecuaciones estructurales en el establecimiento para el adecuado tratamiento de los efluentes, entre otros.

Los resultados de laboratorio de las muestras colectadas compartían las características de peligrosidad.

Personal del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA verificó que el destino final de los efluentes producidos en el proceso industrial por la firma investigada era el cauce del río Salado, lo que comprometía "el agua, la vida y el ambiente en general". El río atraviesa numerosas localidades bonaerenses y reviste importancia para las actividades ganaderas y agrícolas, además de la relevancia que tiene para el ecosistema en general e incluso para la recreación de la ciudadanía.