El Gobierno habilita una unidad regional antinarcóticos de Estados Unidos

   La medida profundiza el alineamiento con la gestión de Donald Trump y despierta cuestionamientos por la falta de información sobre su alcance, su sede y el estatus de su personal.

   La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció a través de su cuenta de X que el Gobierno autorizará a EEUU a abrir en Buenos Aires una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado. Según el anuncio, la oficina contará con u$S 7,5 millones destinados a equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, lo que multiplicaría por diez la inversión en cooperación bilateral.

   "Con EEUU somos socios estratégicos en seguridad", escribió la ministra, y sostuvo que frente a "organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras" el país trabaja "junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región".

   La INL es la oficina del Departamento de Estado especializada en narcotráfico y aplicación de la ley. Según lo trascendido, la unidad tendría un alcance regional y se complementaría con una cooperación bilateral amplia que incluye capacitaciones e intercambio de información.

   Hasta el momento no hay certeza sobre el lugar donde funcionará la base, la cantidad de personal que la integrará ni si este será militar estadounidense. En principio, la instalación de una base logística de este tipo debería pasar por el Congreso, pero el Gobierno ha evitado ese paso en otras ocasiones: lo hizo al rubricar la entrada al "Escudo de las Américas" y al permitir el ingreso de marines norteamericanos por decreto.

Una seguidilla de acuerdos y ejercicios militares

   La apertura de la INL se suma a una serie de movimientos que consolidan el alineamiento estratégico con Washington. Por el DNU 697/2025, el presidente Javier Milei autorizó el ingreso de integrantes de las fuerzas especiales navales estadounidenses para el ejercicio militar "Tridente", desarrollado en el Atlántico Sur. En abril pasado, otro decreto habilitó la llegada de un contingente de más de 50 militares para el ejercicio "Daga Atlántica", en el que EEUU desplegó el portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley en la Zona Económica Exclusiva argentina.

   Hace menos de un mes, ocho infantes de marina estadounidenses entrenaron en Tierra del Fuego junto al Batallón de Infantería de Marina 4 (BIM 4) de la Armada Argentina. La Armada calificó la actividad como un "intercambio de expertos en clima frío", con prácticas de baja montaña, uso de crampones y raquetas, esquí y supervivencia. Sin embargo, el Comando Sur difundió imágenes de un simulacro de "contacto con el enemigo", desplazamientos tácticos y un desembarco anfibio en un bote de asalto, en lo que fue leído como un desmentido a la versión oficial.

   El año pasado, el Gobierno creó por decreto el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), bajo la órbita de la SIDE. Poco después, el Ministerio de Seguridad, la SIDE y el FBI firmaron un acuerdo sobre intercambio de información, asistencia técnica y cooperación operativa. Otro convenio incorporó asistencia estadounidense para el nuevo Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.

   A esto se suma la habilitación para que la Armada estadounidense patrulle el Mar Argentino Sur durante los próximos cinco años —acuerdo que se conoció por un anuncio del Comando Sur, que calificó la zona como un "bien común global"— y la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

La lectura de los críticos

   Para varios sectores de oposición y de la sociedad civil que cuestionan estas medidas, la base antinarcóticos no solo refuerza la alianza con el trumpismo, sino que forma parte de la construcción de un Estado policial que encontró en el discurso de la "lucha contra el narcoterrorismo" una instancia para restringir libertades democráticas. En esa línea ubican la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se trata en el Congreso y que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia utilizando la causa de las Islas Malvinas como argumento.

   Los críticos también señalan que la iniciativa se enmarca en la alianza militar "Escudo de las Américas", con la que Washington busca vehiculizar el intervencionismo a escala continental. Mencionan como antecedentes la intervención militar en Venezuela a comienzos de año y la reciente decisión de revocarle la visa a 21 funcionarios bolivianos por representar, según la versión estadounidense, una "amenaza para la seguridad del Estado de derecho de las Américas".

   Uno de los principales reparos es la opacidad. Ni el anuncio de la ministra ni las gestiones posteriores precisaron el lugar de instalación, el número de efectivos ni su carácter civil o militar. Tampoco se informó si el acuerdo será sometido al Congreso o si, como en los casos anteriores, se instrumentará por decreto.