"La Corte abole, en minoría, el régimen constitucional"

  Según la lectura de Altamira, el propósito de los cortesanos fue asegurar la vigencia del grueso de ese decreto de excepción, con sus decenas de capítulos y centenares de artículos. "La Corte abole, en minoría, el régimen constitucional. Es un estado de excepción consentido", afirmó al analizar el ida y vuelta judicial alrededor del decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Gobierno.

   El dirigente sostuvo que la segunda instancia de supervisión de los DNU —luego de las comisiones y plenarios de las dos cámaras del Congreso— abandona sus funciones y se convierte en promotora de un régimen personal de órdenes ejecutivas. "La segunda instancia de supervisión de los DNU... se convierte en promotora de un régimen personal de órdenes ejecutivas", señaló.

   El caso llegó a la Corte a partir de un juicio promovido por la asociación de excombatientes de Malvinas en defensa de la Ley de Tierras, anulada por el DNU. Altamira apuntó contra el Procurador Eduardo Casal, quien actúa en "condición precaria desde hace quince años". Y agregó: "Casal se ha hecho notar recientemente como consecuencia de una orden impartida a los fiscales para que investiguen tentativas presuntas de delitos, en una suerte de Gestapo de camisa y corbata".

   Según el análisis de Altamira, la Corte anuló una declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 con un pretexto procesal, sin entrar en el mérito del asunto. "La consecuencia del arbitrio es hacer caer la Ley de Tierras y eliminar límites a la extranjerización", advirtió. La amenaza, aunque incierta, de una sesión de Diputados que derogaría el conjunto del DNU alcanzó para sacudir toda la estantería, porque caerían numerosas leyes ya vigentes, como la de alquileres, incluida la devolución de los aumentos por indexación.

   Altamira recordó que el DNU 70/23 no fue convalidado en el Congreso, sino que debe su vigencia al llamado decurso de tiempo. "Aunque la ley de facto es un contrasentido lógico, esa es la lógica del régimen político realmente presente", sostuvo.

  En ese marco, mencionó que Rosatti y Lorenzetti tomaron como excusa un juicio ambiental en Bariloche para suspender el artículo 154 y volver todo a fojas uno. Debido al desacuerdo de Rosenkrantz, que alegó desprolijidad como argumento jurídico, el fallo fue perpetrado por una minoría acompañada por dos conjueces. La Ley de Tierras vuelve a entrar en vigencia, aunque condicionada, y evita sumar "contratiempos" a un gobierno que zozobra por el aumento del riesgo-país.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">El fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras en 12’. Con todo respeto. https://t.co/l6AJ4iRrU9</p>? Natalia Volosin (@nataliavolosin) <a href="https://x.com/nataliavolosin/status/2108635459412767138?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La reforma de 1994

   Para el dirigente de Política Obrera, el episodio vuelve a evidenciar, tres décadas después, el carácter reaccionario de la reforma constitucional de 1994, "malparida por el Pacto de Olivos, entre Menem y Alfonsín". Los DNU, como las órdenes ejecutivas en EEUU o los decretos presidenciales en Francia y las enmiendas constitucionales provisorias en Brasil, "se inspiran en el articulado de la Constitución de Weimar de 1919, que establece el estado de excepción". Varias veces usado en la década del 20 en Alemania, aquel recurso luego fue funcional en la transición al estado nacionalsocialista.

   "El litigio de la Corte no es contra la Ley de Tierras, sancionada por el gobierno kirchnerista, que sirvió para impulsar la minería a cielo abierto y la fragmentación rocosa del subsuelo para el gas y el petróleo. Es en defensa del desgraciado DNU 70/23, la piedra basal del régimen político actual", concluyó Altamira.

   Y cerró con una advertencia: "Hace mucho tiempo que las instituciones del Estado vienen peleando contra la democracia. Quien gobierna en la actualidad es el Escudo de las Américas, que apunta a establecer protectorados ‘de facto’ de EEUU, con la Argentina a la cabeza".