No hay reforma tributaria posible sin reforma previsional

Cada tanto vuelve la misma promesa: la reforma tributaria que por fin nos va a sacar el peso de encima. Pasaron gobiernos de todos los signos y ninguno logró bajar la presión tributaria en términos reales. Se derogó un tributo y apareció otro. Se redujo una alícuota y se ampliaron las bases imponibles, o se licuaron los mínimos no imponibles por falta de actualización. Se prometió alivio en el orden nacional y lo llenaron Ingresos Brutos, las tasas municipales y los regímenes de retención y percepción, que adelantan impuesto sobre operaciones que todavía no generaron renta.

La presión efectiva —la que se mide sobre el bolsillo, no sobre el texto de la ley— nunca aflojó. No es mala voluntad ni impericia de los equipos económicos. Es una restricción presupuestaria.

Conviene recordar una identidad elemental de las finanzas públicas: todo gasto tiene una fuente de financiamiento, y las preponderantes son tres. Impuestos, deuda o emisión monetaria. Existen otras —rentas de la propiedad, ingresos no tributarios, venta de activos—, pero por su magnitud relativa no alteran la conclusión del análisis. Si se descartan la deuda y la emisión, bajar impuestos de manera permanente exige bajar gasto de manera permanente. Hasta ahí, todos de acuerdo. El problema empieza cuando uno abre el presupuesto y se pregunta qué es, concretamente, "el gasto público".

Porque no es lo que la intuición sugiere. En la clasificación económica del gasto, la obra pública es gasto de capital y explica una porción menor del total. Los sueldos de la administración son gasto de consumo y tampoco mueven demasiado la aguja. Ambos rubros deben ordenarse, sin dudas, pero conviene entender qué se gana y qué se pierde: recortar inversión pública produce un ahorro inmediato y un costo diferido —logística más cara, más siniestralidad vial, menor productividad—; recortar planteles duele mucho y rinde poco en términos fiscales.

El grueso del gasto público argentino está en las prestaciones de la seguridad social. Cerca de la mitad del presupuesto nacional. Y detrás de ese número hay 6.5 millones de jubilados y pensionados, de ellos el 83 por ciento percibe el haber mínimo. Ahí no hay motosierra posible. No por una prohibición legal, sino por una razón económica y humana: un adulto mayor de 78 años no tiene capacidad de reconversión. No puede volver al mercado laboral, no puede diversificar ingresos, no puede esperar al ejercicio siguiente.

Y sin embargo el ajuste se hizo igual, todas las veces. Todo gobierno que quiso bajar impuestos terminó recortando por el único lugar donde el gasto realmente está: el haber previsional. No mediante un decreto de recorte, que sería inviable políticamente y probablemente inconstitucional, sino por vías indirectas. Fórmulas de movilidad que ajustan con rezago respecto de la inflación, y prestaciones complementarias que se congelan en términos nominales. Es la técnica clásica de la licuación: no se recorta el número, se deja que el número pierda contenido.

El bono es el caso testigo. Está fijado en $70.000 desde marzo de 2024. La jubilación mínima sí se actualiza mensualmente por el índice de precios y en septiembre queda en $428.633,20, con un total de bolsillo de $498.633,20 sumando el refuerzo. Pero ese refuerzo no se mueve desde hace más de dos años: para conservar su poder adquisitivo original debería superar holgadamente los $150.000. Además, al estar definido como suma no remunerativa, no integra el haber, no se computa para el sueldo anual complementario ni para la base sobre la que opera la movilidad futura. Es decir: agranda el ingreso del mes y achica el derecho del año que viene.

Tampoco es una economía genuina. La Cámara Federal de la Seguridad Social ya advirtió que un congelamiento de esa magnitud puede resultar confiscatorio a la luz del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En términos contables, lo que hoy se ahorra en el devengado se está registrando como pasivo contingente, y se pagará mañana en sentencias, intereses y honorarios.

Ahora bien, aquí está el punto que casi nunca se explica. ¿De dónde salen los recursos para pagar esas jubilaciones? La creencia extendida es que se financian con los aportes descontados del recibo de sueldo. Solo en parte. Los aportes personales y las contribuciones patronales cubren, a lo sumo, la mitad. La otra mitad proviene de impuestos con afectación específica: el 11% del IVA, el 20% del Impuesto a las Ganancias y el 15% de la masa coparticipable bruta. De cada $100 que recauda el Estado argentino sumando los tres niveles de gobierno, más de $28 se destinan a la Anses.

Traducido al mostrador: cuando alguien compra un kilo de pan y paga IVA, está financiando jubilaciones. El tributo más regresivo del sistema —regresivo porque grava el consumo, y los sectores de menores ingresos consumen la totalidad de lo que ganan— es el que sostiene la vejez. De allí la conclusión que ningún proyecto puede eludir: reducir el IVA sin rediseñar previamente el sistema previsional no es un alivio fiscal, es una promesa cuyo costo recaerá sobre un beneficiario determinado, y ya sabemos cuál.

El orden correcto es inverso al que se propone:

1) Blanquear la cuenta: separar el pilar contributivo del no contributivo. Quien se jubiló con treinta años de aportes efectivos y quien accedió por moratoria tienen derecho a cobrar, pero se financian de manera distinta y el presupuesto debe decirlo con transparencia. Hoy todo aparece consolidado y nadie puede identificar quién financia qué.

2) Incorporar el bono al haber, porque un refuerzo congelado y no remunerativo no constituye política previsional sino un parche que se degrada solo y genera litigiosidad.

3) Armonizar los cerca de doscientos regímenes de excepción y las cajas especiales bajo criterios actuariales verificables: mientras subsistan prestaciones sin correlato con la tasa de aporte que las sostiene, resultará muy difícil pedirle al contribuyente que crea en el sistema, y quien no cree en el sistema se informaliza.

4) Establecer un piso real: que el haber mínimo se referencie contra la canasta básica del adulto mayor y no contra el saldo remanente del ejercicio.

Recién después de ese ordenamiento resulta técnicamente viable discutir lo que todos queremos discutir: la eliminación del impuesto al cheque, el desarme de Ingresos Brutos en cascada —que grava varias veces la misma mercadería a lo largo de la cadena—, la simplificación de un monotributo que hoy desfinancia la seguridad social, y una reducción de contribuciones patronales concebida como incentivo a la formalización y no como simple resignación de recursos.

La secuencia importa. Primero se resuelve la deuda con quienes ya trabajaron toda su vida; después se discute cuánto se le cobra a quienes trabajan hoy. Al revés no funciona, y al revés es exactamente lo que venimos intentando hace treinta años: por eso seguimos pagando los mismos impuestos y ellos siguen cobrando lo mismo. No hay reforma tributaria posible sin reforma previsional. Pagaremos menos impuestos el día en que ninguna persona adulta mayor quede afuera y ninguna jubilación dependa de un bono congelado. Ni un día antes.

(*) El autor es contador público (M.P. 3942, CPCE Chaco). Docente adjunto por concurso público de la cátedra de Finanzas Públicas y docente adjunto de Legislación y Técnica Tributaria II de la Uncaus.