Judiciales retoman el paro contra el proyecto de Desenganche

La Intergremial Judicial inicia este jueves las medidas de fuerza definidas en rechazo al proyecto de ley 2141/26, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y conocido como de Desenganche. La protesta contempla un paro con retiro de los lugares de trabajo y concentraciones en Resistencia y el interior, mientras que para este viernes está previsto un paro sin asistencia durante 24 horas, con mantenimiento de guardias mínimas.

La Intergremial está integrada por el Sejch, el Sindicato del Personal Jerárquico y Jerarquizados, Funcionarios del Poder Judicial y Juzgado Electoral de la Provincia del Chaco, y la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (Utjch).

En Resistencia, la concentración fue convocada para las 10.30 en las Torres Civiles, sobre avenida Laprida 33, mientras que en el interior se previeron manifestaciones frente a las dependencias judiciales.

CRÍTICAS

En declaraciones exclusivas a NORTE TV, el secretario general de la Utjch, Walter Bernard, sostuvo que el proyecto plantea "eliminar la negociación colectiva" y modificar el mecanismo de cálculo salarial vigente para el personal judicial.

Según el dirigente, si la iniciativa avanza se producirá una modificación sustancial del régimen actual, con la creación de un adicional para el personal que quedaría por fuera del cálculo vinculado a las remuneraciones de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. También cuestionó que se limite la participación de las organizaciones sindicales en las discusiones salariales.

Bernard vinculó además el proyecto con actuaciones desarrolladas en el expediente conocido como "Alonso de Martínez" y cuestionó el accionar de un Tribunal Ad Hoc. En ese sentido, habló de una "expropiación y confiscación de derechos patrimoniales" de los trabajadores judiciales, aunque esas expresiones corresponden a la posición de la organización gremial.

El secretario general de la Utjch también planteó que la iniciativa modificaría el esquema institucional establecido por normas sancionadas durante la década de 1990. Según su interpretación, aquellas disposiciones habían reservado a la Legislatura el tratamiento de las cuestiones salariales del Poder Judicial.

La Intergremial, por su parte, rechazó la posibilidad de descuentos salariales para quienes adhieran a las medidas de fuerza. Argumentó que se trata de un "conflicto colectivo de derecho" y advirtió que cualquier descuento será impugnado por las vías correspondientes.

PRINCIPALES RECLAMOS

Entre sus reclamos, los gremios exigen el archivo del proyecto 2141/26, una investigación sobre el Tribunal Ad Hoc y la aplicación inmediata del artículo 9 de la Ley 3424-A para todos los trabajadores judiciales.