El Gobierno sigue incumpliendo la ley de emergencia en discapacidad
El proyecto de presupuesto para el año próximo enviada por el Ejecutivo a Diputados representa un golpe devastador para el sistema de protección social y los servicios para personas con discapacidad.
Lejos de tratarse de un ajuste menor, el proyecto deroga artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793, elimina el nomenclador de prestaciones básicas con valores universales y desvincula el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de la posibilidad de acceder a una pensión, al tiempo que impide compatibilizar el empleo registrado con los beneficios sociales. La medida, calificada por los prestadores como "la estocada final", generó un terremoto político entre los propios aliados del oficialismo y desató la desesperación de miles de familias que dependen de estos servicios para la supervivencia diaria de sus hijos.
El artículo 7 bis de la ley de emergencia, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC, sería eliminado, dejando los aumentos a discrecionalidad del Gobierno. A esto se suma que el Nomenclador de prestaciones básicas ya no incluiría valores universales, habilitando a cada obra social o prepaga a fijar sus propios valores sobre la base de un mínimo, lo que en la práctica obligará a las familias a cubrir la diferencia. La derogación de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la ley 27.793 completa un cuadro que los legisladores opositores consideran violatorio del artículo 20 de la Ley de Administración Financiera y de los principios internacionales de "no regresividad" en materia de derechos humanos.
Las consecuencias sobre el terreno son desoladoras. Marcela Kriskovic, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad, alerta que aproximadamente cincuenta centros de atención cerraron en todo el país, mientras que muchos otros "sobreviven" al límite. A pesar de que el Gobierno afirma mantener ciclos de pago de sesenta días, los prestadores del interior reportan demoras superiores a los ciento veinte días, y la deuda acumulada supera los 340.000 millones de pesos, según fuentes parlamentarias.
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El programa "Incluir Salud" no suministró medicamentos a personas institucionalizadas en hogares y residencias desde noviembre de 2025, según denuncian los propios prestadores. Los testimonios recogidos incluyen relatos de padres dispuestos a "vender un riñón" para financiar tratamientos que el Estado y las aseguradoras se niegan cada vez más a cubrir. La desesperación familiar ya no distingue entre sectores vulnerables y clase media: el sobreendeudamiento, desregulado por el DNU 70, convirtió a las familias en rehenes de préstamos con tasas exorbitantes que se disparan de 5.000 a 100.000 pesos en cuestión de meses.
También contra la AUH
En paralelo, el presupuesto avanza sobre la Asignación Universal por Hijo y la asignación por embarazo, eliminando las actualizaciones automáticas vinculadas a la inflación para pasar a un sistema discrecional. Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social, advierte que el precedente del bono de 70.000 pesos para jubilados —congelado durante veintiocho meses— sugiere que eliminar las actualizaciones automáticas es el preludio de un deterioro "brutal" de las ayudas familiares. Arroyo señala que el endeudamiento ya es el problema más crítico del país, con familias que no se endeudan para gastos discrecionales sino para cubrir electricidad, gas, agua, alimentos, transporte y medicamentos.
Aliados reticentes
La inclusión de estos cambios en el presupuesto provocó una fractura significativa entre el Poder Ejecutivo y sus aliados legislativos. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, admitió desconocer los cambios relativos a la discapacidad hasta que se presentó el presupuesto, y advirtió que esta falta de información "daña las relaciones" con los aliados, colocando a los líderes del bloque en la incómoda posición de que parezcan estar "engañando" a sus socios. El "guadañazo" del ministro de Economía, Luis Caputo, habría "dinamitado" las negociaciones con los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y partidos regionales. Diputadas aliadas como Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado expresaron su "furia" y "malestar" al descubrir que el proyecto introdujo recortes más profundos de lo prometido.
Los aliados habían exigido el pago de compensaciones de emergencia a prestadores y el compromiso de no modificar la fórmula del nomenclador. Ninguno de esos puntos parece cumplirse. Entre los "innegociables" del PRO figuraban la actualización automática y mensual de aranceles, acelerar los plazos de pago y fortalecer las auditorías de pensiones. La última palabra la tenía Economía, y el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, se mostró incómodo ante las consultas: "Tienen que preguntarle a Economía", respondió.
Los prestadores aseguran que no fueron convocados a una mesa de trabajo y denuncian que no recibieron cronograma ni detalles del monto de las compensaciones. Diputados hablan de un reconocimiento equivalente al 30% de lo facturado, mientras que fuentes del sector estiman brechas de hasta el 60%. Desde el oficialismo admiten que los reclamos se repetirán en la comisión previa al 23, cuando se prevé dictamen: "Nos van a tirar con todo", se cubren.
La incertidumbre alcanza a los aliados oficialistas del bloque Provincias Unidas, que alerta sobre los riesgos si cae la emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre, y sobre la situación jurídica de medidas de la ley 24.901, como la regularización de deudas y compensaciones. Mientras tanto, los legisladores oficialistas enfrentan el desafío de convencer a sus aliados de que apoyen otro nuevo ajuste contra los discapacitados, en un contexto donde la falta de coordinación y las promesas incumplidas amenazan con hacer naufragar la negociación.
