Soberanía en el título, seguridad nacional en el texto: el proyecto que enciende alarmas
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se presenta como una iniciativa para proteger los intereses estratégicos de la Argentina, pero un análisis de su articulado revela un giro mucho más profundo
El texto habla casi cien veces de "seguridad nacional" y apenas trece de "defensa nacional". La palabra "soberanía" aparece veintiocho veces y "Malvinas", veinte. Esa diferencia no es casual. Para los analistas, el proyecto prioriza la seguridad interna por sobre la defensa externa y alinea al país con paradigmas de seguridad cercanos a EEUU, mientras utiliza la causa Malvinas como una herramienta estratégica para impulsar objetivos que, de otro modo, enfrentarían mayores cuestionamientos constitucionales o democráticos.
El corazón de la iniciativa es la centralización de poder en el Consejo de Seguridad Nacional y en la Unidad de Inteligencia Financiera. A través de ellas se crea el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET. Su punto más controversial es que no exige condena judicial ni antecedentes penales: basta una "sospecha razonable" de vínculo con el terrorismo o su financiamiento para que una persona o entidad sea inscripta.
Las consecuencias son inmediatas. Los registrados deben abstenerse de transferir o enajenar activos, lo que en la práctica congela sus operaciones financieras. A partir de allí se abre un abanico de sanciones administrativas: multas de 30.000 a 180.000 UVA, revocación de contratos, inhabilitación para contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales y subsidios, y prohibición para participar en actividades vinculadas a la seguridad nacional.
El texto también desdibuja los límites que históricamente separaron la seguridad interior —policial e inteligencia— de la defensa nacional —fuerzas armadas—. Organizaciones de la sociedad civil advierten que esta integración de funciones amenaza los acuerdos democráticos establecidos y revive, bajo una nueva forma, la doctrina de la seguridad nacional. El resultado, sostienen, es un Estado con "superpoderes" para actuar contra opositores políticos bajo el pretexto de proteger los intereses nacionales.
El procedimiento previsto refuerza esas sospechas. El Consejo de Seguridad Nacional puede iniciar una investigación a partir de "elementos objetivos" que permitan una presunción razonable de culpabilidad. Además, puede posponer la notificación al sospechoso si esa comunicación pudiera facilitar el ocultamiento o la transferencia de activos, malograr la investigación, comprometer información clasificada o agravar una amenaza. La ley garantiza el derecho a la defensa, pero con salvedades significativas: el acceso a las pruebas puede restringirse para proteger "información clasificada" o "derechos de terceros", y solo se exige que esas limitaciones no afecten "sustancialmente" la defensa ni impidan conocer los hechos esenciales atribuidos al sospechoso.
Las críticas apuntan directamente al corazón del proyecto. Se afirma que la facultad de sancionar a individuos por sospechas, y no por delitos probados, abre la puerta a la persecución política mediante hipótesis derivadas de labores de inteligencia. También se mencionan vínculos con acuerdos recientes de intercambio de datos con figuras internacionales como Peter Thiel, lo que algunos observadores interpretan como parte de un "plan maestro" de control social y moderación basada en datos. La comparación con la Ley Antiterrorista de 2011 es inevitable, pero muchos consideran que este proyecto representa una expansión aún más extrema del poder estatal: un "Leviatán sin frenos ni límites".
Organizaciones como CECIM La Plata han hecho un llamado urgente a la población y a los partidos políticos para que dimensionen el riesgo que esta legislación representa para el marco democrático. El debate, por lo tanto, no es solo terminológico. Detrás de la palabra "soberanía" se esconde una maquinaria administrativa capaz de designar terroristas sin condena, congelar bienes, revocar contratos y excluir a personas y empresas de la vida económica y política. La discusión parlamentaria definirá si Argentina avanza hacia un modelo de seguridad con mayores controles judiciales o hacia un sistema donde la sospecha alcance para castigar.
