Educación destacó el impacto de las auditorías médicas en la reducción del ausentismo
El Ministerio provincial actualizó resultados alcanzados a partir de un cambio en el sistema que evalúa largos tratamientos y tareas pasivas.
NORTE consultó al Ministerio de Educación por la decisión de tercerizar las juntas médicas y en busca de respuesta a denuncias sindicales sobre una potencial lesión a derechos laborales.
A través de un escrito, desde la cartera explicó que se introdujeron cambios en las juntas médicas para dar más capacidad de auditoría clínica y para revertir picos de ausentismo. Como se difundió antes, el Estado reportó en abril de 2023 un pico de 11,5% de licencias y un costo mensual de 2.927 millones.
Hoy el sistema actual opera a través de una unidad de reconocimiento médico (URM), que coordina con la empresa de salud tercerizada VDC Internacional y que comenzó en diciembre de 2025.
Tres años después Educación afirma que en lo que va del año la tasa de ausentismo tocó un mínimo histórico del 6,88% en abril de 2026.
Mientras que el 73% de los docentes evaluados en la etapa inicial continúa bajo régimen de licencia o tareas pasivas. "El sistema simplemente introduce una instancia de revisión científica para asegurar que el ausentismo responda estrictamente a necesidades médicas validadas", aseguraron.
Niegan arbitrariedades
En cuanto a licencias por largo tratamiento y dictámenes negativos al pedido de los docentes, desde el área que conduce la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Peláez Alcalá se destaca que "el sistema no opera bajo una lógica de sospecha, sino mediante la validación profesional presencial". Para ejemplificar esa afirmación, presenta algunos números: sobre la base de los 129 dictámenes médicos recibidos las juntas arrojan una distribución que desmiente una reducción arbitraria de plazos.
- 27% de altas inmediatas: solo en 35 casos los médicos determinaron que el docente se encontraba apto para el reintegro inmediato a sus funciones.
- 50% de altas programadas: en 64 casos se reconoció la necesidad de continuar el tratamiento, pero se fijó un reintegro a sus funciones a los 60 días, para dar previsibilidad tanto al docente como al sistema educativo.
- 23% de continuidad ratificada: en 30 casos la junta médica ratificó plenamente la licencia por largo tratamiento o tareas pasivas sin fijar un plazo de retorno inmediato, priorizando la salud del agente en casos de patologías complejas.
En resumen, la cartera educativa destaca que la prioridad de la gestión es "garantizar que cada peso invertido llegue al aula". Y que las auditorías médicas "son una herramienta clave para asegurar que las suplencias se utilicen solo cuando la salud del docente lo requiere, protegiendo el derecho de los estudiantes a tener a su maestro frente al grado".
Sobre casos judicializados
Frente a posibles planteos judiciales, Educación sostiene que el esquema actual se fundamenta en dictámenes médicos profesionales resultantes de juntas presenciales y prácticas clínicas. "De un total de 300 prácticas programadas, ya se han realizado 195, lo que dota a las decisiones administrativas de un respaldo técnico sólido. El Estado busca equilibrar el derecho a la salud del trabajador con la responsabilidad de administrar los recursos públicos de manera eficiente, considerando que el rubro Enfermedad representó en abril $2.785 millones tenemos la obligación de auditar con rigor científico el destino de estos fondos públicos".
En declaraciones oficiales se aclara que todo "planteo merece respeto técnico, pero los elementos contractuales y normativos vigentes anticipan y reducen ese riesgo, no lo crean".
Por lo que se afirma que la cadena de control está documentada. "Cada junta médica produce un dictamen formal con anamnesis, examen físico y análisis de historial clínico. El contrato exige que ese dictamen sea emitido por profesionales con matrícula habilitante, seguro de mala praxis vigente y sin sanciones disciplinarias. Si un docente impugna el dictamen, el Estado cuenta con un respaldo técnico-médico sólido y una cadena de custodia documental".
En segundo lugar, se reseña que el dictamen arbitrario es el que genera litigiosidad, no el dictamen técnico. Un sistema con control produce eventuales recursos que, si el dictamen está bien fundado, el Estado tiene altas probabilidades de sostener.
"Dicho esto, sería imprudente afirmar que no habrá litigios. Los habrá, como en cualquier sistema de control. La pregunta correcta no es si habrá juicios, sino si el Estado está en mejor posición para defenderlos. Y la respuesta es: hoy, sí" concluyen.
