Un abogado plantea que el control de las licencias docentes debe volver a Salud

El abogado y docente Juan Diego Altabe acudió a NORTE para señalar que recibe reclamos docentes vinculados con el funcionamiento de las juntas médicas que evalúan licencias. Según explicó, desde el estudio jurídico que integra y desde la Consultora Jurídica Docente ENEA analizaron dictámenes médicos, criterios de evaluación y el trato dispensado a los docentes durante los procesos de revisión.

Altabe señaló que las principales quejas están vinculadas a las altas médicas otorgadas a docentes que se encontraban cumpliendo tareas pasivas debido a patologías que les impiden desempeñarse frente a alumnos. Recordó que las tareas pasivas no constituyen una licencia laboral, sino un cambio de funciones previsto en el Estatuto del Docente. "El trabajador continúa prestando servicios dentro del establecimiento educativo, pero en actividades compatibles con su estado de salud", explicó.

De acuerdo con el profesional, se estaría observando una tendencia a otorgar altas médicas de manera masiva o a modificar situaciones relacionadas con tareas pasivas y licencias por largo tratamiento, dos figuras que tienen características y alcances diferentes. En ese sentido, afirmó que los reclamos recibidos permitieron detectar "muchísimas inconsistencias" en la forma en que actualmente se desarrollan las evaluaciones médicas para el sector docente.

Altabe recordó que durante los primeros años de la actual gestión provincial de los controles se ocupaba el área de Salud Ocupacional del Hospital Perrando, con profesionales del sistema público. A su entender, ese esquema garantizaba la especialidad e idoneidad para evaluar cada caso.

Al cuestionar la decisión de tercerizar el servicio mediante una licitación el abogado sostuvo que se podría entrar en contradicción con regulaciones en la materia. "Las juntas médicas deben ser oficiales y no pueden ser tercerizadas", afirmó.

Entre las observaciones planteadas, destacó que los decretos que regulan las juntas médicas prevén la participación de tres médicos en la evaluación, mientras que actualmente se estaría trabajando con dos profesionales.

También aclaró que, si bien los docentes pueden concurrir acompañados por un médico de confianza, este no integra formalmente la junta médica.

"Actúa como médico de parte o consultor técnico, pero no forma parte de la junta evaluadora", indicó. Frente a este escenario, Altabe consideró necesario revisar el funcionamiento del sistema para garantizar transparencia, legalidad y el respeto de los derechos de los trabajadores de la educación.

Posibles irregularidades legales

Altabe explicó que los docentes cuentan con la posibilidad de apelar las resoluciones que rechazan una licencia médica, ya que se trata de actos administrativos sujetos a revisión. Sin embargo, advirtió que mientras se tramita esa instancia recursiva, el trabajador debe reincorporarse a sus tareas. "Hay muchos docentes que, sinceramente, por los casos que he visto, no están aptos para trabajar. Existen informes de especialistas que indican determinadas limitaciones físicas y, aun así, reciben el alta", sostuvo. Como ejemplo, mencionó situaciones de docentes con patologías traumatológicas que les impiden desarrollar sus actividades habituales.

Respecto de las diferencias entre los diagnósticos de los médicos tratantes y las decisiones de las juntas, Altabe señaló que existe una tensión que podría derivar en planteos judiciales. "Tarde o temprano alguien lo va a llevar a la Justicia. Estamos hablando de posibles vicios constitucionales y también de criterios médicos, porque existe disidencia entre lo que determina un médico particular y lo que resuelve una junta que muchas veces evalúa sin el especialista que necesita el docente", expresó.

El abogado también cuestionó la legalidad del sistema vigente al señalar que la normativa docente establece la intervención de una junta médica oficial. "Nuestra ley habla de junta médica oficial, es decir, una junta realizada en el ámbito público. No puede ser tercerizada", afirmó. Asimismo, recordó que los decretos preexistentes exigen la confirmación de tres médicos para validar determinados dictámenes, situación que, según indicó, no siempre se estaría cumpliendo.

Finalmente, Altabe remarcó que sus observaciones surgen tanto de su experiencia como docente como de las consultas que recibe de colegas. "No digo que todos los casos sean incorrectos ni que nadie merezca el alta médica, pero hay situaciones puntuales que requieren un estudio más profundo y no un alta automática", sostuvo.

"Desde el punto de vista legal vemos que el funcionamiento actual de la junta médica no responde plenamente a las normativas establecidas", concluyó.