Milei avanza con la venta de represas hidroeléctricas estratégicas

   A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei dispuso la transferencia de las acciones de las represas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila —todas emplazadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén— desde Energía Argentina (Enarsa) hacia la órbita de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que será la encargada de ponerlas en venta.

   El mecanismo elegido será un concurso público nacional e internacional, sin distinción entre oferentes locales y extranjeros. Esto significa que capitales de cualquier origen podrán participar de la licitación, en la que el Estado tendrá un rol de veedor, pero sin injerencia en la operación ni en el mantenimiento de los complejos una vez transferidos.

Concesiones en cuenta regresiva

  Las represas mencionadas se encuentran actualmente bajo la operación de distintas empresas privadas: AES Argentina, Enel Generación El Chocón, Orazul Energy y Central Puerto. Según el decreto, estas concesionarias podrán continuar a cargo hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la adjudicación a nuevos operadores, lo que ocurra primero.

  Durante ese período, las compañías deberán cumplir con varias obligaciones: mantener una garantía financiera de 4,5 millones de dólares, pagar regalías a las provincias de Neuquén y Río Negro, garantizar la normal generación de energía y permitir el acceso a nuevos interesados en el marco del concurso.

El valor estratégico de las represas

   La cuenca de los ríos Limay y Neuquén constituye una de las principales fuentes de generación hidroeléctrica del país. Los cuatro complejos incluidos en la privatización no solo abastecen a millones de hogares y empresas, sino que también cumplen un papel clave en la regulación de caudales y en la gestión de recursos hídricos.

  La decisión del Ejecutivo se da en un contexto de fuerte debate sobre el rol del Estado en el sector energético. Mientras Milei insiste en avanzar con un esquema de desregulación y apertura al capital privado, especialistas advierten que el control de estas represas implica un factor estratégico para la seguridad energética nacional y para el desarrollo económico de la Patagonia.

   El decreto establece que el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrán un plazo de 60 días para definir las condiciones de venta, incluyendo criterios técnicos, financieros y ambientales. Fuentes oficiales señalan que el objetivo es garantizar transparencia y atraer inversiones, aunque no se descarta que la medida genere resistencia en los gobiernos provinciales y en sectores políticos que reclaman mayor soberanía sobre los recursos naturales.

   La pulseada por las represas promete convertirse en un nuevo capítulo del debate sobre hasta dónde debe llegar la mano del mercado en áreas consideradas sensibles para el futuro del país.