El Gobierno lanza la privatización de represas en Neuquén y Río Negro

   La medida, que generó intensas negociaciones entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), autoriza la venta de las acciones de las sociedades operadoras mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin base. El objetivo es mantener el funcionamiento normal del sistema eléctrico mientras se desarrolla la licitación.

   El Gobierno argumenta que los contratos de concesión firmados en la década de 1990 ya vencieron. Por eso, busca transferir las concesiones a nuevas sociedades anónimas, cuyas acciones se venderán al sector privado mediante un proceso competitivo de alcance nacional e internacional.

  El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tendrá 60 días corridos para convocar al concurso. Por razones de seguridad, eficiencia y transparencia, se extiende el plazo de operación de las concesiones hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete la venta, lo que ocurra primero.

  Las concesiones vencieron el 11 de agosto de 2023 y, hasta la publicación del decreto el 7 de agosto de este año, ya habían recibido seis prórrogas. Según el Gobierno, esta nueva fecha será definitiva.

  El listado de centrales incluye el complejo Cerros Colorados (río Neuquén), y sobre el río Limay, Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y su compensador Arroyito. Actualmente, están en manos de Orazul Energy, AES Argentina, Central Puerto y ENEL.

  Los gobernadores buscan que las nuevas concesiones otorguen a las provincias mayores regalías y la posibilidad de cobrarlas parcialmente en especie, así como compromisos de obras para reforzar la seguridad de la presa Portezuelo Grande.

  El decreto menciona que el 7 de abril, Figueroa y Weretilneck pidieron una prórroga para que sus equipos técnicos pudieran analizar el proceso y responder formalmente al Estado nacional.

  Las actuales concesionarias tendrán cinco días para enviar una "carta de adhesión" al proceso. Si lo hacen, podrán seguir operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se complete la licitación. En caso contrario, deberán continuar generando energía por un plazo mínimo de 90 días hábiles.

  Además, las empresas que adhieran deberán pagar a Río Negro y Neuquén las regalías que se acuerden con la Secretaría de Energía, manteniendo la proporcionalidad de ingresos reconocida.

     Con este decreto, el Gobierno avanza en una de las privatizaciones más relevantes del sector energético, mientras las provincias buscan asegurar beneficios y obras estratégicas antes de la transferencia al sector privado.

   Aquí se puede leer el decreto completo