Las represas del Comahue, la deuda y la tormenta global

Los contratos de concesión habían sido establecidos por el gobierno de Carlos Menem, en el año 1993, como parte de la gran liquidación de infraestructuras estatales. 

Alicurá, operada por la estadounidense AES; Chocón-Arroyito, por la Italiana Enel; y Planicie Banderita, por la estadounidense Orazul, vencían en agosto; y Piedra del Águila, en diciembre, hasta hoy administrada por Central Puerto. 

Entre estas cinco generadoras producen más de 4.000 Mw de potencia (el 20% de la energía aportada al Sistema Nacional; más que Yacyretá, que en su récord alcanzado en 2022 generó 3000 Mw).

Massa, el nacionalizador

Flavia Royón, la secretaria de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, instruyó en junio pasado a ENARSA para que haga los alistamientos necesarios para la toma de posesión de las represas por parte  de la empresa pública nacional. La Nación anunció que retomaría las represas, pero delegaría operación y mantenimiento en las concesionarias que hoy las operan. 

Las provincias donde están las represas quieren ser ahora parte de la gestión, sosteniendo que la Constitución del ’94 otorgó a los Estados provinciales la propiedad de sus recursos naturales. En Neuquén, la empresa provincial Emprendimientos Hidroeléctricos dijo que podría cobrar el agua para las represas si la provincia no es incluida en la gestión, y que demandaría judicialmente por la "inconstitucionalidad" de la medida del gobierno nacional. 

El gobierno nacional se propondría crear una nueva empresa, Enarsa Hidroeléctrica Comahue, de la que ENARSA tendría el 90% de acciones y el Estado nacional el 10% restante. Algunos sectores empresariales reclaman que los estados provinciales sean parte de la nueva empresa, y otros quieren que las represas sean cedidas a las provincias. Al día de hoy, Neuquén y Río Negro reciben como regalías 6% de las ganancias de las concesionarias, y quieren aumentar su parte de un modo u otro. 

En junio de 2025 vencerá la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú en Chubut, también privatizada por el proceso menemista. El principal accionista de la operadora es Aluar, propiedad de Madanes Quintanilla, que así se garantiza la energía para su planta de aluminio en Madryn, a tarifa subsidiada desde hace 28 años. 

La forma en que se resuelva el asunto del Comahue afectará a Futaleufú, pero también a la creciente participación china (que construye más al sur las represas Kirchner y Cepernic), tan cuestionada por la embajada y por las empresas  estadounidenses, que ven a las asiáticas como peligrosas competidoras.

Patear para adelante

El 12 de julio se publicó el decreto 574/23 firmado por Flavia Royón, extendiendo las concesiones de las represas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila por 60 días, con posibilidad de agregar otros 60. El documento fue el resultado de una reunión de Sergio Massa tuvo con los gobernadores de Neuquén (el actual y su sucesor) y con la gobernadora de Río Negro. Allí quedó claro que la disputa entre Nación y las provincias se basa sobre todo en el nivel de las regalías, pero además trascendieron otros motivos.

La deuda y las inversiones

La empresa estadounidense AES, operadora de Alicurá dijo que no seguirá con la operación y mantenimiento de la represa si no obtiene la titularidad de la concesión, interés que sería compartido por las otras concesionarias. Tanto AES, como Enel, Orazul Energy y Central Puerto dijeron que eventualmente podrían acudir al CIADI, porque el Estado incumplió contratos cuando pesificó tarifas en 2002. 

El CIADI -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (International Centre for Settlement of Investment Disputes, en inglés, parte del Banco Mundial), es el árbitro sobre Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados al que los contratos de Menem sometieron a la Argentina desde la década del ´90. Rara vez un Estado nacional sale favorecido en un pleito con capitales privados en ese foro.

Las empresas extranjeras –y sus colegas nacionales- aspiran además a dolarizar las tarifas de los servicios eléctricos, y han considerado propicio a ese objetivo el periodo de renegociación de los 11 contratos de concesión de represas que vencen hasta 2026. 

La decisión de Massa de patear la pelota para adelante busca calmar las aguas con vistas a la campaña electoral y evitar una intromisión judicial en el asunto de las represas. 

Pero la negociación de las concesiones también está atada a la de la deuda pública nacional, que desde este año tiene un nuevo participante, China, a la que en la reciente cumbre de Vilna se caracterizó como "un desafío a la seguridad, los valores y los intereses de la OTAN". 

La guerra de la OTAN y Rusia en territorio ucraniano parece dirigirse a una escalada global en torno a China, y sobre todo en torno al control y uso de los recursos naturales en todo el mundo. Como antes el petróleo, ahora el litio, la energía eléctrica y el agua aparecen en la mira de gigantes en guerra.