El gobierno le pone frenos a las acusaciones de abogados ambientalistas
Deberán dar explicaciones por las recriminaciones hechas por los desmontes ilegales, en los cuales ha sido el propio Ministerio de Producción, a através de la Dirección de Bosques, quien realizó los operativos de control y freno a esta actividad ilícita.

SÁENZ PEÑA (Agencia). Mientras todo el arco productivo de la forestoindustria venía luchando en soledad contra las denuncias mediáticas y hasta ante la Justicia federal, ahora es el gobierno que resolvió ponerle frenos a acusaciones consideradas genéricas y sin sustento, a través de una carta documento enviada a Enrique Matías Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
La asociación deberá darle explicaciones al gobierno del Chaco por las acusaciones hechas por los desmontes ilegales, en los cuales ha sido el propio Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Bosques, quien ha realizado operativos de control y freno a esta actividad ilícita.
En el Ministerio de Producción del Chaco causaron malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión de acusaciones lanzadas por la AAA, a través de redes sociales, el titular de la cartera productiva chaqueña, Oscar Pablo Dudik, resolvió enviar una carta documento.
"Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el gobierno provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a " poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan sean civiles, penales o administrativas incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas".
NO AL INTENTO DE GENERAR ALARMA SOCIAL
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el gobierno de la provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas desde ya contraria a la realidad resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental". Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el gobierno provincial promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del gobierno provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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