Continúa la polémica por el relleno con residuos de una cava en la zona norte

Los vecinos de la zona norte de Resistencia volvieron a expresar su preocupación por la disposición de residuos y restos de poda en una cava ubicada en las inmediaciones de los barrios del sector norte de la ciudad. El reclamo, que comenzó semanas atrás tras registrarse columnas de humo producto de quemas, tomó mayor dimensión luego de que habitantes del lugar filmaran camiones municipales descargando materiales en el predio. A partir de esas denuncias, concejales opositores promovieron un amparo ambiental para solicitar que se detenga el relleno del reservorio.

Los habitantes sostienen que el problema excede la presencia de basura o los incendios. Aseguran que el depósito de residuos genera contaminación, malos olores y afecta una zona que, con el paso de las décadas, desarrolló una importante biodiversidad con aves y otras especies. Además, consideran que permitir el relleno del lugar transmite un mensaje contradictorio frente a las campañas para evitar la formación de basurales en distintos puntos de la ciudad.
Las cavas de la zona norte tienen un origen que se remonta a principios de la década de 1980, cuando se extrajo suelo para construir el terraplén de defensa contra inundaciones. Con el paso del tiempo dejaron de ser simples excavaciones y pasaron a funcionar como reservorios naturales de agua. En total existen más de diez cavas, ocho de las cuales fueron incorporadas al Plan Director de Desagües Pluviales de la zona norte, aprobado en 2011.
Desde el punto de vista técnico, estas cavas cumplen la función de lagunas reguladoras. Durante lluvias intensas reciben los excedentes pluviales provenientes de un área de aproximadamente 2.100 hectáreas comprendida entre las rutas nacionales 11 y 16 y el terraplén de defensa, en el límite con Colonia Benítez. Su objetivo es disminuir el riesgo de anegamientos en los barrios de ese sector, por lo que especialistas y concejales consideran que reducir su capacidad mediante rellenos podría afectar el funcionamiento del sistema de drenaje previsto para la urbanización de la zona.
El caso adquiere una relevancia particular porque la cava cuestionada posee unas 18 hectáreas de superficie y fue la primera de las incluidas en el Plan Director en incorporarse al patrimonio municipal, luego de una donación realizada por sus propietarios. Según explicó el concejal Guillermo Monzón, también se impulsa un proyecto para que las otras siete cavas contempladas por el plan pasen a dominio municipal y queden preservadas como parte de la infraestructura hídrica de la ciudad.
En el marco del amparo ambiental presentado por los concejales Guillermo Monzón, Lucila Masin y Soledad Villagra, días atrás se desarrolló una audiencia de conciliación entre el Ejecutivo municipal y las partes involucradas. Según indicaron los ediles, durante el encuentro quedó planteada la necesidad de definir una política ambiental para el tratamiento de los residuos urbanos y de preservar las cavas contempladas por el Plan Director de Desagües Pluviales. La causa continuará en la Justicia, a la espera de una nueva convocatoria que permita avanzar en un acuerdo sobre las medidas que deberá adoptar el Municipio.