Cada vez hay más personas durmiendo en la calle

   (Por Fernando Bercovich*) - Siempre que llega el invierno más crudo el tema de las personas que viven en la calle vuelve porque el riesgo de morir de frío aumenta. De hecho, en 2023 tuvo que fallecer una beba a metros de la Casa Rosada para que, indignación mediática mediante, el Gobierno nacional reglamentara la "Ley Nacional de Situación de Calle y Personas sin Techo", que había sido votada dos años antes. 

   Como sociólogo no me gusta decir esto, pero en el último año la cantidad de personas que veo durmiendo en la calle aumentó de manera tan obvia que me resulta casi innecesario ir en busca del dato para confirmarlo. De todas formas los datos –no es uno solo porque hay una disputa por cómo se mide el fenómeno– ratifican que cada vez más personas desarrollan parte o toda su vida a la vista de extraños.  

   La ley que establece un marco para la protección de los derechos (vivienda, salud, educación, trabajo, entre otros) de las personas en situación de calle (en adelante, PSC) y obliga al Estado nacional a "promover políticas públicas transversales, y crear centros de integración social que presten servicios básicos de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud", también lo obliga a realizar un censo de personas viviendo en la vía pública y en paradores o centro de integración social (CIS). 

   El Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCALLE), realizado por el Gobierno anterior a días de dejar el poder, tomó sus siglas de lo que había sido el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) en 2016.

   Así como los barrios populares están dispersos en todo el territorio nacional pero su concentración se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algo similar pasa con las personas en situación de calle. No porque necesariamente en el AMBA la situación en términos de pobreza sea peor, sino porque es ahí donde históricamente se concentran las oportunidades laborales y de servicios públicos de mayor calidad. Pero paradójicamente, o no, es en esos lugares donde lo que escasea es oferta de vivienda en alquiler a precios lógicos para los salarios de la mayoría.

Un número disputado

   Según ReNaCALLE, que tomó para su estudio once ciudades en distintas provincias, en 2023 había un total de 9.440 personas viviendo en el espacio público de las cuales 8.028 lo hacían en la Ciudad de Buenos Aires. Según el propio Gobierno porteño, en ese momento el número era mucho más bajo, de 3.286 personas. 

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   Sobre esta diferencia de conteo, Santiago Bachiller, investigador del CONICET y coordinador del Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle, cuenta que en los censos oficiales muchas veces operan sub-registros como no censar a cartoneros que duermen en estaciones de tren, asumiendo que tienen una vivienda en el conurbano bonaerense sin siquiera hablar con ellos.  

   El relevamiento a nivel nacional no se volvió a llevar adelante aunque la ley obliga a hacerlo de forma anual. El GCBA, en cambio, sí actualizó la cifra a fines de 2024, arrojando un total de 4.049 personas. Es decir que, más allá de la discusión sobre el número "base", se admite oficialmente que hubo un aumento del 23% en solo un año y de un 152% desde 2017, el primer dato disponible. Así lo resume este informe que publicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al Ministerio Público de la Defensa (MPD).

Descentralizar y desligarse

   La ley nacional volvió a ser noticia hace pocas semanas, no porque el Gobierno nacional haya decidido implementarla sino porque, decreto mediante, la modificó para hacer responsable de su implementación a los gobiernos provinciales y colocarse como mero coordinador de políticas locales a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Un enfoque algo extraño teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que viven en la calle son hombres solos. 

   Para Bachiller "está bien que las políticas de calle sean ejecutadas por los municipios porque son ellos los que conocen el terreno, pero es importantísimo el involucramiento de Nación porque no todas las provincias tienen los mismos recursos. Descentralizar esta política, como ya sucedía en la práctica y la ley buscaba combatir, es un problema porque tiene que haber una bajada de recursos nacionales y/o provinciales por un lado y también lineamientos generales de protocolos básicos de intervención. Al ser un fenómeno hiper metropolitano, que supera claramente la escala municipal, lo que permitía el involucramiento de Nación era tener un diagnóstico claro a nivel federal y a partir de ahí incentivar sí la aplicación de políticas con bajada de recursos y protocolos", analiza el doctor en Antropología Social y coordinador del Observatorio. 

   Lo más repetido por Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, acerca del aumento de personas en situación de calle es que "el 70% de esas personas vienen de la provincia de Buenos Aires". Alejado de toda originalidad, se trata del mismo argumento en el históricamente que se escudan las autoridades porteñas cuando no dan abasto los hospitales –"vienen a atenderse desde el conurbano"– o cualquier otro establecimiento público. 

   Si bien es cierto que en la provincia de Buenos Aires escasean las políticas para PSC, el argumento de Mraida desconoce, en primer término, la diferencia abismal de recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires en comparación con la provincia y sus municipios. El presupuesto que dedica el GCBA a atender esta problemática es del 0,46% del total y sólo con eso le alcanza para tener un despliegue mucho más importante que sus vecinos del conurbano. 

   Pero, además, es un argumento basado en un número falseado. Bachiller señala que "hay un uso político de las estadísticas porque dentro de ese 70% hay una gran cantidad de personas que nacieron en la provincia pero que hace 5, 10 o 20 años viven en la ciudad". En muchos casos se trata de personas que tienen una casa en la provincia pero que por distintas razones, como el aumento de tarifas de transporte público, deciden pernoctar en la ciudad. 

El desarrollo vital

   Lo ideal sería que esas personas puedan vivir cerca de sus posibilidades de trabajo y desarrollo vital pero, como se sabe, costear una vivienda en el conurbano es mucho más accesible que hacerlo en la Capital, que no cuenta con ninguna política para mejorar esa situación. 

   El tercer elemento que parece desconocer Mraida es que una persona que se ve obligada a dormir en la calle, como cualquier persona, no organiza su vida en base a los límites que marcan la General Paz y el Riachuelo. La gran mayoría de las PSC trabajan o buscan trabajo en la capital del país, donde hay más comercios, más bares para entrar a vender algo, más cartones para juntar, entre muchos otros factores. Como señala Bachiller, se trata de un problema metropolitano, por lo que se necesitan políticas coordinadas entre Ciudad, provincia y sus municipios y Nación, cada uno aportando lo que sabe y puede hacer. Sin embargo, es algo que no sucedió nunca, incluso cuando el PRO gobernaba los tres niveles.

Orden y limpieza

   En el documento de ACIJ y compañía se analiza detalladamente la estrategia de la nueva gestión del GCBA desde que asumió Jorge Macri. Allí se sostiene que "se trata de un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aún así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia".

*Publicado en Cenital