Reclaman a Caputo y Bullrich la devolución de viviendas a sus legítimos propietarios

   García denunció que esas 160 viviendas ya tenían adjudicatarios cuando el Gobierno nacional reasignó las unidades. "No me opongo a que los miembros de las fuerzas de seguridad tengan vivienda, pero sí a que ocupen casas que ya tenían dueños", declaró. Cuestionó además la publicación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la entrega de viviendas en Avellaneda sin mencionar que las mismas ya habían sido asignadas previamente a otras familias.

   El defensor calificó esta medida como un acto más en una serie de decisiones contrarias a los sectores más vulnerables del país: "Ya demostraron que no quieren a los jubilados, a los médicos del Garrahan, a las universidades públicas ni a los más necesitados", afirmó. Y agregó: "Asumo el compromiso de defender hasta las últimas consecuencias a estas familias que fueron despojadas de sus casas. Mi deber es cuidar a quienes deben ser cuidados".

Procrear "federal"

   El acto en Avellaneda fue encabezado por Bullrich, quien confirmó que las 160 viviendas entregadas forman parte de un plan federal que contempla la reasignación de 329 unidades habitacionales recuperadas en distintos puntos del país. Según explicó, las casas fueron cedidas por el Ministerio de Economía al de Seguridad y serán destinadas directamente a personal de las Fuerzas Federales.

   "El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan Procrear y las destinamos a quienes nos protegen todos los días. Es el inicio de un plan federal que continuará por todo el país", publicó Bullrich en su cuenta de X. También destacó que las unidades serán administradas directamente por las fuerzas, sin intermediarios, lo que –según el comunicado oficial– garantizará una mejor asignación y mantenimiento.

   La ministra defendió la decisión: "Este es un paso importante para resolver el problema habitacional de los efectivos, que pagan alquileres altísimos", sostuvo.

   Bullrich también anticipó que el plan de reasignación se extenderá a otras localidades de la provincia de Buenos Aires y el país, incluyendo Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.

Liquidación del Procrear 

   Este esquema de redistribución se enmarca en la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, oficializada mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024. El programa, creado en 2012, fue una política central para facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos y desarrollos urbanísticos.

   El Gobierno justificó su eliminación como parte de una estrategia para reducir el gasto público, simplificar el Estado y transferir el financiamiento de viviendas al sector bancario. Los préstamos vigentes serán cobrados por el Banco Hipotecario SA.

   Según los considerandos oficiales, informes de la SIGEN revelaron demoras en entregas, problemas de habitabilidad, sobrecostos y falta de control. Con base en esas auditorías, el Ministerio de Economía argumentó que el modelo estatal de gestión era ineficiente y debía reemplazarse.

   Mientras tanto, en Avellaneda, el reclamo por las 160 viviendas se mantiene vigente. Para Daniel García, más allá de la legalidad de las reasignaciones, lo que está en juego es un principio ético: "No se pueden arrebatar derechos ya adquiridos. Esto no es administrar, es despojar".