Más fallos contra la fórmula de Alberto Fernández 

   La Cámara Federal de Tucumán se sumó a otros tribunales del país —como los de Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca— al declarar inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria que rigió durante el anterior gobierno (marzo 2021 - marzo 2024). 

   La fórmula impugnada combinaba en partes iguales la variación de la recaudación tributaria de la ANSeS y la evolución de los salarios (según RIPTE o INDEC, el que resultara mayor), pero excluía totalmente al IPC. En un contexto de alta inflación, esto supuso una pérdida significativa para los jubilados. El propio Gobierno reconoció este deterioro en el DNU 274/2024, cuando reemplazó el mecanismo por uno atado al IPC, aunque sin compensar lo perdido en los años anteriores.

   La historia se repite con cada administración: se ajustan las fórmulas previsionales buscando ahorros fiscales a costa de los jubilados, sin establecer mecanismos de reparación. Durante la gestión de Fernández, ignorar la inflación fue clave para contener el gasto previsional. 

   Bajo el gobierno de Javier Milei, que apunta a controlar la inflación mediante una fuerte recesión y ajuste, se actualizan los haberes por IPC, pero recién luego de haber sido brutalmente recortados por la inflación acumulada y la devaluación inicial del nuevo mandato.

   Entre marzo de 2021 y junio de 2024, los haberes jubilatorios perdieron entre un 25% (para quienes cobran con bono) y más de 45% en los casos sin bonos, especialmente en jubilaciones superiores a la mínima. Estos porcentajes son los que los fallos judiciales comienzan a reconocer como base para los reclamos.

   Mientras tanto, en el Congreso avanza un proyecto votado en Diputados —y ahora en el Senado— que propone una recomposición del 7,2% solo por la inflación de enero de 2024, sin contemplar el deterioro acumulado en años anteriores.

   La ANSES, por su parte, apela sistemáticamente los fallos. Incluso cuando los acata, muchas veces ajusta los haberes sin pagar los retroactivos, que quedan en el limbo financiero, postergados por un Estado que prioriza el cumplimiento de pagos con el FMI. La Corte Suprema, en tanto, no ha unificado criterios y posterga resoluciones que favorezcan a todos los jubilados en igual situación.

   Las demoras judiciales, el desinterés por aplicar el 82% móvil y la falta de resarcimiento completo muestran los límites estructurales del reclamo legal. Por eso, cada miércoles, los jubilados organizados mantienen su lucha en la calle, reclamando por el 82% móvil, un haber que cubra la canasta básica y el rechazo a planes económicos atados al pago prioritario de la deuda externa.