El 92% de las políticas de cuidado fueron eliminadas desde la llegada de Milei

   Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde que asumió Javier Milei, solo el 8% de las políticas nacionales de cuidado continúan vigentes. Esto implica que 2.866.000 personas perdieron al menos un beneficio social destinado a garantizar su bienestar, especialmente en sectores vulnerables.

   Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, explicó que actualmente solo cuatro de las cincuenta políticas de cuidado siguen activas. Las que persisten —como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo— son transferencias directas de ingresos, sin infraestructura ni servicios que acompañen. 

   "El modelo es puramente individualista, y aún con aumentos, los montos no alcanzan para cubrir las demandas reales de cuidado en los hogares", señaló.

Adultos mayores en emergencia

  El informe advierte que los jubilados "deben elegir entre comer o medicarse". La eliminación de la moratoria previsional y la caída del poder adquisitivo afectaron gravemente a quienes cobran la mínima: incluso con bono, les faltan \$45.000 por mes para cubrir la canasta básica. Además, se redujo el número de personas mayores con acceso gratuito a medicamentos a través de PAMI, de 4,6 millones a 3,8 millones.

Personas con discapacidad: más trabas, menos derechos

   También se agravó la situación de las personas con discapacidad. Desde diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrió recortes presupuestarios. Según el CELS, el 75% de las solicitudes de pensiones por discapacidad fueron rechazadas (frente al 40% previo) y se revocaron 56.000 pensiones ya otorgadas.

   "Vemos más obstáculos para acceder a derechos básicos, desde pensiones hasta prestaciones. Muchas negativas carecen de fundamentos, lo que vulnera gravemente a quienes más necesitan del Estado", afirmó de la Vega.

Retroceso en salud sexual, educación y trabajo

   El informe también denuncia el desfinanciamiento de políticas vinculadas a la educación sexual integral, los métodos anticonceptivos y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, afectando directamente la autonomía reproductiva de las mujeres.

   En cuanto a cuidados infantiles, si bien se sostienen las transferencias, se desarticulan las estrategias para ampliar su cobertura social y comunitaria. A largo plazo, esto reproduce desigualdad estructural.

   En el mercado laboral, se eliminaron medidas de equidad como el cupo travesti-trans, ahora reemplazado por criterios generales de idoneidad. Las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero, y las mujeres rurales enfrentan una situación crítica sin asistencia estatal.

    "El desmantelamiento de las políticas de cuidado no solo agrava la exclusión social, sino que profundiza las desigualdades de género, edad y discapacidad", concluye el informe.