El estudio de Funes de Rioja redactó el paquete fiscal del gobieno
Ángel Kusa, del estudio Brochou & Funes de Rioja, aparece como autor del archivo Word que el gobierno envió a los gobernadores.
Después de que Javier Milei firmara el mega DNU para desregular la economía y enviara la mega ley al Congreso, desde la oposición apuntaron al bufete que lidera Daniel Funes de Rioja. Los cambios en la normativa impulsada por Milei favorecían evidentemente a algunas de las principales empresas argentinas, representadas casualmente por Bomchill, Mairal y Bruchou & Funes de Rioja.
En el borrador del capítulo fiscal enviado por el gobierno a las provincias, aparece el nombre de Kusa como autor del archivo, según publicó Cenital. Esto dista mucho de ser normal, ya que las normativas deben ser redactadas por las áreas legales del Gobierno y no por privados.
En diciembre, Funes de Rioja celebró el decreto en una entrevista radial, pero se puso nervioso y titubeó cuando le preguntaron si su estudio había participado en la redacción del mismo. Aunque no negó la participación del bufete, trató de desligarse del manejo del estudio.
Fuentes del Congreso recordaron el caso de la concesión de peajes durante el gobierno de Macri, donde las contratistas entregaron un pen drive con el nuevo acuerdo que luego fue suscripto por Nación.
Los gobernadores detectaron que Kusa Liban Ángel, un socio del presidente de la UIA, estuvo detrás de la redacción del documento provisorio del "Proyecto ley medidas fiscales" que les hizo llegar el oficialismo, lo que generó quejas entre algunos mandatarios provinciales.
El gobierno nacional mandó a algunos gobernadores un proyecto de ley de 115 páginas titulado "Proyecto ley medidas fiscales", que acompañaría a la nueva Ley Ómnibus y que sería enviado al Congreso durante las próximas semanas. El documento está siendo analizado por los mandatarios provinciales, pero les llamó la atención que el archivo fuera guardado por Kusa Liban Ángel, uno de los socios del estudio de abogados fundado por Funes de Rioja.
En Casa Rosada, después de que se conociera que el documento había sido modificado por Kusa, decían estar trabajando con los equipos técnicos de cada uno de los gobiernos provinciales y mostraban confianza en que la ley saldría.
Desde los gobiernos provinciales, sin embargo, no opinan lo mismo y consideran una vergüenza que se trabajen las medidas fiscales con estudios jurídicos privados. Aseguran que las negociaciones están complicadas y que lo revelado sobre la intervención de estudios privados en la escritura de los proyectos no ayuda en absoluto.
El ministro del Interior y el jefe de Gabinete entregaron a los gobernadores un adelanto de la ley ómnibus y un nuevo paquete fiscal que incluye la vuelta del impuesto a las ganancias. Algunos gobernadores están preocupados por la arquitectura jurídica institucional energética y ven con atención el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.
Sobre Kusa, se reveló que ingresó a Casa Rosada el 10 de enero pasado y que, aunque aparece como asesor del Ministro de Justicia, no figura en las planillas de esa dependencia ni tiene designación en Boletín Oficial. Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y fundador del estudio jurídico al que pertenece Kusa, no respondió a las solicitudes de aclaración sobre la vinculación del estudio con el gobierno.
En resumen, las revelaciones periodísticas apuntan a que los proyectos del gobierno son armados por el sector privado y abogados que no son funcionarios públicos, lo que genera preocupación y críticas entre los gobernadores, que temen por la legalidad y la seguridad jurídica.
