Por decisión política y por la crisis económica, las provincias ya sienten el recorte de fondos 

Más allá de las advertencias del gobierno nacional de "dejar sin plata" a las provincias si sus gobernadores no garantizan –a través de los legisladores- la aprobación en el Congreso de la Ley Ómnibus, el ajuste vía transferencias no automáticas de la Nación a las jurisdicciones subnacionales ya empezó a plasmarse en la realidad, igual que la caída en los envíos coparticipables afectados por la aceleración inflacionaria, con licuación de ingresos. En ambos casos, el recorte es fuerte. 

En el caso del Chaco, hasta el 23 de enero las transferencias discrecionales (atadas a la voluntad política, en parte) totalizaban sólo medio millón de pesos, cuando el año pasado durante este primer mes la provincia había recibido $924 millones, lo que implica una caída real del 100%.

Mirando los totales nacionales, el impacto del recorte puede verse mejor: el primer mes del año pasado, el Estado repartió poco más de $37.600 millones, mientras que ahora se van girando $4.187 millones que llegaron a 15 de las 24 provincias, en datos hasta el día 23, cuando pudo corroborarse que transferencias vinculadas al Fondo Nacional de Incentivo docente comenzaron a llegar a algunas provincias. Un día antes, el 22 de enero, los giros eran bastante menores: $60 millones para 10 de las 24 jurisdicciones.

Pero, más allá de esos números que lo demuestran ¿cuánto más pueden catapultarse a hechos los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei de los últimos días, considerados como una amenaza de desfinanciar a las provincias?

Para el director de la Consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, el gobierno apunta a "sostener y profundizar el recorte en los envíos no automáticos, algo que ya es una realidad". Y, por otro lado, si bien el Poder Ejecutivo Nacional no puede incidir ni recortar las transferencias automáticas (coparticipación), cuyo reparto está fijado por ley, lo cierto es que hoy "el plan licuadora está en marcha", según definió, ya que el nivel de inflación del 25% mensual significa "un recorte real importante" en estos fondos. 

A la fecha, la caída de la coparticipación en términos reales se ubica en torno al 12% con respecto a igual mes del año anterior. "El mes cerrará con una caída similar a la de diciembre, en torno al 20%, y de esa manera los ingresos se van licuando, sin posibilidades de recomponerlos vía transferencias no automáticas, porque esos recursos fueron recortados, y tampoco vía recaudación propia", alertó en diálogo con NORTE.  

En tanto, en el mediano plazo esas "amenazas" bien podrían ser plasmadas con mayor potencia –según el analista- porque los recursos podrían seguir reduciéndose si el gobierno nacional no acepta coparticipar impuestos como PAIS y al cheque; y, además, si vuelve a aumentar el piso del Impuesto a las Ganancias. 

El mes cerrará con una caída de la coparticipación en torno al 20%. Los ingresos se van licuando, sin posibilidades de recomponerlos vía transferencias no automáticas, porque esos recursos fueron recortados, y tampoco vía recaudación propia.  

Reducción "al mínimo" 

El 12 de diciembre de 2023, el ministro Caputo anunciaba un paquete de medidas "de urgencia económica", entre las cuales se anotaba la reducción "al mínimo" de las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Su argumento fue que estos recursos, en la historia reciente, "se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos". 

Ese capítulo de los anuncios generó "una enorme grado de incertidumbre", según recordó Pegoraro, porque "no existía una definición de lo que significaba reducir al mínimo", lo que todavía ahora sigue siéndolo, pese a los primeros números que se conocen aún sin haber finalizado el mes. 

Observando los envíos a las provincias hasta el 22 de enero, el analista reveló que los recursos corresponden a un solo concepto: "Conducción y docencia", vinculado a los servicios educativos, recursos que desde la reforma constitucional de 1994 se envían a las provincias y que financian gastos de funcionamiento en esta área. 

Los girados eran hasta entonces, básicamente, montos pequeños y a un puñado de provincias. Pero un día después, el 23 de enero, comenzaron a destrabarse transferencias vinculadas al Fondo de Incentivo Docente, con dos provincias que picaron en punta: Misiones, que recibió $1.483 millones (-46% de caída real interanual) y Santiago del Estero, con $1.525 millones (-16% de caída real interanual).

Por debajo de esos montos, también La Rioja y Catamarca recibieron transferencias ($397 millones y $227 millones, respectivamente); Santa Fe, $284 millones; Buenos Aires, $50 millones; Corrientes, $50 millones; Córdoba, $40 millones; San Juan, $20 millones; Mendoza, $15 millones; Chubut, $12,4 millones; Neuquén, $7 millones; Tucumán, $5,5 millones y Chaco con 500 mil pesos. Las caídas en términos reales van desde el 46 al 100%. 

Las provincias que todavía, hasta esa fecha, no recibieron ninguna transferencia discrecional son Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

"Enero siempre es el mes con menores transferencias, y luego va creciendo", indicó Pegoraro, pero consideró que "es esperable" que en estos últimos días del mes "se incremente un poco el nivel de estas transferencias, principalmente por el Fondo de Incentivo Docente. Si Nación no lo transfiere, se abre un problema importante porque las provincias deberían pagar a los docentes con fondos propios", advirtió. 

Es esperable que en estos últimos días del mes se incremente un poco el nivel de estas transferencias, principalmente por el Fondo de Incentivo Docente. 

Los conceptos intocables que están atados a leyes

La consultora liderada por Alejandro Pegoraro elaboró, luego de los anuncios económicos hechos por el ministro Luis Caputo en diciembre de 2023, un informe sobre el contenido de las transferencias no automáticas o discrecionales, diferenciando aquellas partidas que la Nación envía a las provincias porque forman parte de alguna legislación vigente, de las que están sujetas a la voluntad política. 

"En 2023 hubo envíos por 2 billones de pesos a las provincias por transferencias no automáticas. De ese total, el 25% podría quedar garantizado, porque corresponde a dos puntos: el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los giros a las cajas provinciales no transferidas a la Nación, que abarcan a 13 provincias y tienen una legislación respaldatoria", explicó. 

Sobre el Fondo de Incentivo Docente, recordó que se trata de una "partida establecida por ley, con fuente de financiamiento y garantía legislativa; y que podría eventualmente ser tomado en una disputa judicial como un derecho adquirido por las provincias, ya que con esos recursos se paga una parte del salario docente". 

Con respecto a los recursos que se destinan a las cajas previsionales, el analista recordó que en los últimos años se fueron "licuando" porque "no se actualizan por inflación ni en función de los informes provinciales sobre el déficit de esas cajas", apuntó. Por ese motivo, mencionó, Córdoba y Santa Fe tienen juicios en curso con el reclamo por transferencias inferiores. 

Con respecto al Chaco, Pegoraro recordó que existe una medida judicial todavía no resuelta, y además que en 2023 por este concepto la provincia recibió $7400 millones."Tomando los datos al tercer trimestre del año pasado, últimos disponibles, el déficit del Insssep llegaba a $9000 millones", contrastó, y dijo que también en años anteriores los envíos de Nación estuvieron por debajo del "rojo" previsional.

Al margen de esos recursos atados a alguna ley, el 75% restante de las transferencias no automáticas está compuesto por múltiples líneas de financiamiento utilizadas por las provincias, donde se incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la Asistencia a las Provincias, recursos éstos que serían susceptibles de recortes. Ese último concepto, puntualizó, significa "financiamiento fresco no reembolsable del Estado nacional para atender necesidades de caja de las provincias; son los fondos más políticos". 

Hay también dentro de este grupo, recursos que se aplican a asistencia a hospitales, programas educativos y de desarrollo social y obra pública, entre otros. Y un concepto no menor es que aquí está el financiamiento que el Estado nacional otorga a provincias, cuya fuente son organismos internacionales como el BID o el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. "La continuidad de este fondo, que representa un 7% del total de las transferencias, dependerá de la decisión del gobierno nacional sobre la continuidad de esas línea de crédito internacionales", indicó. 

Una amenaza al equilibrio fiscal logrado 

El "rojo" que van generando los recursos nacionales (automáticos y no automáticos), que caen con fuerza igual que las recaudaciones provinciales, pone en jaque el equilibrio fiscal logrado por la mayoría de las provincias entre 2020 y 2022. De hecho, el Chaco venía mostrando superávit fiscal en sus cuentas públicas.  

"Con la escalada de la inflación y la reducción de los ingresos, empezamos a ver cómo se deterioran los equilibrios fiscales.Chaco es un ejemplo porque, desde 2020, venía con superávit, pero en septiembre de 2023 cerró con un déficit que equivale al 10% de los ingresos. Si sumamos un agravamiento de la situación fiscal entre octubre y diciembre, el año podría cerrar con un déficit que podría ser más fuerte que los años más complicados del gobierno de Macri", expuso Pegoraro.   

Esa presión sobre la caja provincial, que tiene "gastos muy rígidos", se agrava con el horizonte de febrero que tiene vencimientos de deuda pública. "Si pensamos que entre ese mes y marzo se deben reabrir paritarias, y el gasto en personal crecerá, es necesario comenzar a buscar cómo ajustar las partidas presupuestarias", trazó. 

Quinto lugar en 2023

En 2023, el Chaco ocupó el quinto lugar a nivel nacional por el volumen de transferencias no automáticas recibidas, con unos 73.000 millones de pesos, detrás de Provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y La Rioja. 

En este sentido, Pegoraro destacó que históricamente la provincia tuvo montos elevados en este tipo de transferencias, en parte explicados por ser una provincia gobernada por el mismo signo político que la Nación, pero también por la "capacidad de gestión" del exgobernador Jorge Capitanich y por tener abiertas múltiples líneas de financiamiento para inversión pública en obras. 

El pago de salarios, una buena señal 

El anuncio del gobierno provincial de abonar salarios de la administración pública provincial en los últimos días de este mes fue, para Pegoraro, una señal política importante, que pudo tener como sustento económico recursos logrados vía colocación de Letras de Tesorería y otros fondos provenientes de la coparticipación y también del Fondo Anticíclico que tiene el Chaco nutrido con excedentes fiscales de períodos anteriores. 

"Durante este mes, el gobierno se dedicó a juntar los pesos necesarios para poder pagar en esta fecha y desactivar un problema", dijo, recordando que los salarios de diciembre pasado fueron abonados en los primeros días de enero. 

"La coparticipación es la principal fuente de recursos para el pago de sueldos a la administración pública", reveló el analista, pero puso signos de interrogación a la posibilidad de continuar cumpliendo estos pagos en los últimos días de cada mes, lo que dependerá del equilibrio de las cuentas públicas.