Reformas y acuerdos

Hoy se da la gran posibilidad de reunir todas esas propuestas y avanzar aprobando una declaración de reforma, el paso previo para que se pueda convocar a una convención que trabaje en una Carta Magna. El miércoles pasado, el gobernador Jorge Capitanich convocó a los diputados a trabajar para aprobar la norma que posibilite trabajar de tal forma que el próximo mandatario jure sobre una nueva Constitución.

’Los convoco hoy mismo a ponernos de acuerdo y consensuar la elección de convencionales constituyentes con el objetivo de sancionar la reforma de manera inmediata, para que el próximo gobernador elegido por la voluntad popular pueda aplicarla a partir del 10 de diciembre de 2023’, adelantó.

Y si bien no es una propuesta nueva de Capitanich, en esta oportunidad el Poder Ejecutivo llamó a consensuar la reforma, de tal forma que hoy la oposición podrá también plantear sus artículos. A las pocas horas de concretarse el llamado del gobernador, comenzaron los primeros disparos opositores, pero no atacaron la propuesta, sino que señalaron la desconfianza que existe por la modificación, concretada el año pasado, que suspendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Antes de aprobar esa norma, el oficialismo cambió la composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales permitiendo que la misma se pueda reunir para tratar algunos proyectos que estaban en cartera, pero frenados porque no pudieron asistir quienes debían redactar los despachos.

Esa nueva composición, de ratificarse, podría ser la llave para destrabar el primer paso: qué tema pueda debatirse en esa comisión y en poco tiempo lograr los acuerdos para emitir el despacho necesario.

Es la primera etapa, pero implica un gran avance, más en un año electoral, pero eso no garantiza que cuando el tema llegue al cuerpo la propuesta sea respaldada por la mayoría exigida por la normativa vigente. Se necesita más que una mayoría, prácticamente se debe contar con la unanimidad.

Técnicamente requiere que tres cuartos de los miembros de la Cámara aprueben la propuesta para que el Ejecutivo convoque a una reforma. De no obtener esa mayoría hay otra posibilidad, pero para que prospere debe contar con el apoyo de los dos tercios de la cámara y en ese caso la propuesta de reforma podría ir a una consulta popular. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el gobierno, en caso de no contar con los tres cuartos, logre la reforma, pero para ello necesita que la sociedad finalmente respalde los cambios propuestos.

Ahora, por difícil que parezca lograr la reforma, no es imposible; y quienes recuerdan la que hubo en 1994 consideran que hoy, aún con los diputados que tiene el oficialismo, hay posibilidades. Y si bien muchos reconocen que durante aquellos años existía una cultura reformista que fue encabezada por la convención nacional, en el Chaco se necesitó un acuerdo político entre las fuerzas más importantes.

Entre otras cosas, algunos lograron imponer la reelección del gobernador, mientras que otros incorporaron la segunda vuelta. Poco después el radicalismo logró llegar al poder gracias al balotaje establecido en la reforma.

Fue una negociación que llegó a buen puerto gracias al trabajo que realizaron dirigentes muy importantes de las fuerzas políticas. Luego, cuando la mayoría era notoria, se sumaron aún quienes no estaban de acuerdo con la constituyente.

Y esa Constitución, además de reformar el mandato del gobernador y el cambio electoral, también marcó avances en otras áreas: como el reconocimiento de los pueblos originarios o en derechos humanos.

Hay que recordar que el Chaco es una provincia pionera a la hora de crear instituciones que luego son replicadas en otras jurisdicciones del país. Incluso, a nivel nacional, también se analizó lo actuado acá, antes de poner en marcha organismos.

Hoy se plantean cambios interesantes para garantizar tanto la transparencia para llegar a cargos clave, como el límite a los mandatos, de tal forma que los cargos ya no serán perpetuos, sino que tendrán fecha de caducidad. Parte de estos cambios propuestos cosechan adhesiones, pero también rechazos, por parte de quienes hoy pueden perdurar durante muchos años gracias a que no hay una restricción constitucional.

Si bien muchos apuntan contra los jefes comunales, lo cierto es que existen garantías para mandatos indefinidos en muchos cargos de los tres Poderes del Estado. Algunos están amparados en la necesidad de garantizar la permanencia. Tampoco hay restricciones en las asociaciones o en organizaciones, que si bien no son estatales son claves en la vida democrática.

Aquí también se presentan algunas oposiciones al plan reformista. Sin embargo, gran parte de la sociedad cree que es hora de poner fin a ciertos privilegios que en casi cuarenta años de democracia se mantuvieron inalterables, casi creando una nueva casta social en la provincia. Este reclamo social permite creer que pueden darse en los próximos meses los acuerdos que se necesitan para conseguir la mayoría que establece la Constitución actual.

Por otra parte, una reforma constitucional no será la panacea y tampoco será la solución a todos los males que afectan a nuestra democracia, que cumplirá 40 años el 10 de diciembre. Incluso en el continente hay casos que demostraron que una nueva Constitución puede generar una tormenta política, que afecte la gobernabilidad de quien llegó al poder con un apoyo importante.