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CARTAS DE LECTORES

A DIEZ AÑOS DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA INAPLICABLE EN EL CHACO
 
Señor director de NORTE:
Se cumplieron diez años desde la sanción de la ley de seguridad pública 2011-J (antes ley 6976) y su implementación fue la crónica de un fracaso anunciado.
El modelo de seguridad pública enlatado que el gobernador Capitalice compró en 2012 había fracasado antes en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Y como si esto fuera poco el mentor del modelo, Marcelo Saín, el año pasado fue eyectado del cargo de ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en medio de un escándalo político, judicial y policial. 
El modelo Saín de seguridad pública fracasó en el Chaco, entre otras cosas, porque se trata de una reforma con una concepción académica y teórica, sin contacto con la realidad, sin tener en cuenta los antecedentes y la idiosincrasia local, sin un proceso que incluya la participación de los reformados y la administración de las resistencias al cambio, y que se pretendió imponer sin el consenso necesario y a las apuradas. 
A lo largo de una década advertimos que el modelo Saín resultaba inaplicable en el Chaco, y que no se puede endilgar a la policía provincial el fracaso de un proyecto de seguridad pública al que desde su génesis le negaron participación y la convirtieron en parte del problema.
El gobernador demostró con creces que no le interesa la seguridad pública, que no está en su agenda y que no quiere invertir en este servicio esencial para la comunidad. 
El bajo compromiso con la finalidad seguridad pública ubica al Chaco en los últimos lugares del ránquing de participación en el presupuesto provincial, al destinar a la seguridad alrededor del 5% del gasto total. La media de los estados su nacionales es destinar a seguridad aproximadamente el 10% del gasto o sea el doble de lo que se asigna en nuestra provincia. 
Y no se trata de un problema de recursos presupuestarios, porque el Chaco tiene un índice de coparticipación federal privilegiado con el 4° mayor índice de ingresos automáticos de la Nación, solo superado por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y es el más alto del NEA.
El gobernador anunció varias veces inversiones en materia de seguridad que luego no se concretaron. Hace varios años no se compran vehículos patrulleros en la cantidad necesaria y no hay reposición de los móviles en desuso. Esto mismo sucede con la logística policial en general.
No ha resuelto temas urgentes como por ejemplo la superpoblación de detenidos procesados y condenados en las comisarías, el colapso de los establecimientos penitenciarios y el mantenimiento de edificios policiales, porque evidentemente no quiere invertir en seguridad. 
En cuanto a los recursos humanos, la falta de incorporación de agentes y oficiales de policía hace varios años debilitó el servicio de prevención en la población urbana y rural del gran Resistencia y en el interior provincial. La política salarial de pobreza, de pagos de sumas en negro y con caída del salario real de los trabajadores del escalafón seguridad fue una constante en estos diez años.
No implementó la policía judicial y no cuenta con estadísticas delictuales integradas. Siguen conviviendo dos sistemas estadísticos, el policial y el judicial, como compartimientos estancos. Y no hay medición de la cifra negra de la criminalidad a través de encuestas de victimización.
Sigue difundiendo estadísticas policiales sesgadas, parciales y falaces, y habla de una supuesta baja del delito, un relato alejado de la realidad. No hay información integral, confiable y oportuna sobre la cuestión criminal, un insumo básico para el diseño, ejecución y control de las políticas públicas de seguridad.
Capitalice prometió una y otra vez implementar la ley de "seguridad democrática" como él la denomina, pero no lo hizo. Esto derivó en un problema adicional porque se tuvo que continuar aplicando en forma supletoria el modelo de organización elaborado por la policía chaqueña entre 2001 y 2005: la ley orgánica policial 1179-J (antes ley 4987), su decreto reglamentario 02/2002, la resolución  921/2005 "Manual de organización de la Policía del Chaco" y demás normas reglamentarias. 
Hay una dualidad y una cierta confusión normativa, porque se aplican muy pocos artículos de la ley de seguridad pública 2011-J, y por ende conviven dos modelos distintos de organización policial y de régimen profesional en un proceso de transición indefinido y engorroso.
Pero todo esto no sería lo más importante para la comunidad, porque lo que verdaderamente interesa a los chaqueños es que la seguridad que presta el Estado provincial sea tan eficaz como eficiente para minimizar la inseguridad y la violencia social, algo que no sucedió desde la sanción de la ley de seguridad pública. 
 
LIVIO T. FERNÁNDEZ
Secretario general 
Policías Auto convocados por un Salario Justo - FREPPACH   
FREPPACH (Frente de Policías y Penitenciarios Auto convocados del Chaco)