CARTAS DE LECTORES
Cuando se quiere cambiar todo para que nada cambie
Señor director de NORTE:
Tal como nos tiene acostumbrados a los chaqueños, el gobernador de la provincia en oportunidad de inaugurar el IV Congreso Internacional de Mediación Policial, lanzó un nuevo globo de ensayo: reformar la Constitución del Chaco para poner en práctica la Policía Municipal, cosa que ahora no puede en virtud de que nuestra Carta Magna expresa que el gobernador ejerce la máxima autoridad de seguridad y prevención policial del Estado Provincial, de su organización y operaciones y que además debe prestar inexcusablemente el auxilio de la fuerza pública a los jueces y tribunales de justicia.
Por lo que puede deducirse que lo expresado por el mandatario no es más que una expresión de deseo o bien tratar de plantear un debate en la sociedad en un intento por tapar su pésima gestión y administración que nos coloca a los chaqueños entre las provincias con los peores índices de pobreza y desocupación, al igual que el alarmante aumento de la inseguridad y la criminalidad que para comprobar basta con leer las crónicas diarias.
Con la Ley Orgánica del Ministerio Público sancionada en 1997 ya se creó la Policía Judicial la que hasta la fecha no pudo ser puesta en práctica. La Policía Comunitaria y los foros de seguridad preventiva fueron creados por ley en 1999 y ratificado en la Ley de Seguridad Publica en 2012 cuya autoría le pertenece al actual gobernador y la que tampoco hasta la fecha pudo ser totalmente puesta en práctica por falta de reglamentación de algunos de los Institutos creados por esa ley. Lo que me lleva a pensar que tenemos el marco legal y jurídico para mejorar la calidad de la seguridad de los chaqueños pero lo que realmente faltan son las directrices de políticas públicas en materia de seguridad y conjuración del delito.
En Resistencia y en las principales ciudades del interior de la provincia desde 2012 con la creación del Servicio de emergencias *911 ya existen las cámaras de seguridad, la seguridad divididas por cuadriculas territoriales con la asignación de patrulleros y en algunos casos policías de proximidad o caminantes (como comúnmente se los denomina) y conforme las denuncias de hechos en comisarías se confecciona y mantienen actualizado el mapa del delito, es decir, que todo lo que promete el gobernador se viene ejecutando desde hace más de 10 años y a la hora de evaluar los resultados todos los planes han fracasado hasta aquí.
Sigue obstinado en que la tecnología en materia de seguridad puede reemplazar al hombre y que la presencia policial o saturación en territorio resulta un método de seguridad arcaico y por ello durante casi 4 años no hubo ingresos a la Escuela de Policía.
¿De qué le sirve al ciudadano la instalación de más cámaras de seguridad si la Institución no cuenta con patrulleros ni policías necesarios para dar la respuesta inmediata ante la comisión de un hecho?, lo que nos limita a ser meros espectadores sin poder proteger a la sociedad.
El resultado de menor cantidad de policías significa más carga horaria de servicios y, por lógica consecuencia, tenemos hombres cansados, desmotivados y mal equipados. No podemos aspirar a tener la seguridad que merecemos si tenemos agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial que cobren haberes por debajo de la línea de la pobreza y que además deben comprar su propio uniforme para poder realizar servicio de policía adicional en sus horas de franco para poder llegar a fin de mes.
La seguridad pública debe estar desprovista de todo sesgo ideológico, debe estar dirigida a la protección de la ciudadanía, no es casualidad que en los últimos tiempos el delito haya crecido exponencialmente en la provincia sobre todo en los grandes centros urbanos, esto es el resultado lógico de haber quitado totalmente el servicio externo de las comisarias sin haber evaluado el impacto que causaría esta medida arbitraria tomada y anunciada con bombos y platillos por la ministra de Seguridad con motivo de un hecho poco claro que habría involucrado a personal policial vestido de civil.
Si un personal policial es involucrado en un hecho delictuoso debe ser investigado en la esfera penal y administrativa y si corresponde, condenado o sancionado, pero no se puede tomar una medida que afecta al conjunto de la sociedad por un caso aislado.
Al comienzo hablaba sobre un nuevo globo de ensayo porque no me olvido que hace dos años, el gobernador antes de las PASO puso en debate una supuesta sindicalización policial que no era más que la integración de asociaciones civiles, pero a mi entender era una buena ocasión para comenzar a discutir sobre los derechos de los trabajadores, pero lamentablemente no fue más que eso; un anuncio rimbombante destinado a captar el voto de los policías y penitenciarios y luego de eso nunca más se habló del tema.
Ahora nuevamente quiere instalar un debate sobre el paso de la Policía a los municipios pero no dice cómo lo va a poner en práctica, es un viejo anhelo que tiene el gobernador aconsejado por su asesor estrella Marcelo Sain quien fue el autor de la Ley de Seguridad que los chaqueños padecemos hoy y que ya ha fracasado en todos los lugares donde fue puesto en práctica, prueba de ello es lo que pasó en la provincia de Mendoza, de Buenos Aires con los famosos pitufos de Scioli, de Santa Fe donde el narcotráfico tienen el control y donde el propio Sain fue echado como ministro de Seguridad.
El gobernador demuestra su soberbia al comprar un modelo de seguridad foráneo que no se adapta a las necesidades de los chaqueños y que ya fracasó, debiera ser más humilde y asesorarse y nutrirse del conocimiento y la experiencia en terreno de los miembros de la Policía del Chaco, no le va a costar nada, de esta forma los chaqueños no tendríamos que pagar las sumas millonarias que cobró Marcelo Sain. La seguridad pública es un deber indelegable del Estado y en ese sentido el gobernador no puede admitir su propia torpeza.
RAUL CANTERO
Comisario mayor (r)
Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana
Resistencia
