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Cartas de lectores

Los actores chaqueños y la hidrovía

Señor director de NORTE:
En la página 31 de NORTE del domingo 4 de julio aparecen varias cámaras y federaciones patronales que se autotitulan, sin ruborizarse, “los actores chaqueños”, y manifiestan su desacuerdo con el decreto nacional 427/21 que otorga la concesión del sistema de señalamiento y tareas de dragado de la Hidrovía a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, función que le fue quitada en épocas del menemismo hace 40 años en plena primavera neoliberal, y que permitió todo tipo de abusos, negocios ilegales, como el contrabando, la evasión fiscal y el desenfrenado extractivismo de las empresas multinacionales agroexportadoras eran las únicas beneficiarias del comercio exterior.
 En estos 40 años estos actores chaqueños no sacaron ninguna solicitada y utilizan el mismo criterio que su concepción ideológica les indica, como los integrantes de la Mesa de Enlace. Ellos “son el campo” y por ende son la patria, el resto de los argentinos somos convidados de piedra, y no tenemos derecho a opinar sobre nuestros ríos y a su administración porque ellos son los únicos y verdaderos actores que “saben” de la cuestión. 
Pero cuando aparece un Estado que genera la posibilidad de construir una sociedad más justa limitando los privilegios de algunos pocos que han juntado con pala en todo estos años, ahí aparecen con indignación los fundamentalistas de la propiedad privada y del rey mercado, que cada vez construye con mayor inequidad un mundo más injusto, donde el 1 % de la población más rica se queda con el 50 % de todas las riquezas, y el relato construido en estos años instala un sentido común contra el que no se puede disentir, o es la ley del mercado a través de la globalización o la nada. 
Nuestro país no es la excepción y después de cuatro años de macrismo donde se acentuó esta política, que disminuyó drásticamente los impuestos y los que exportaban si querían rendían el porcentaje que por ley debían aportar al Estado, pero el negocio más redituable estaba en la evasión fiscal, pero ahora que asumió este gobierno ya lleva más de 400 camiones con granos transportados ilegalmente. 
Tenemos el astillero Río Santiago que es un orgullo nacional creado por el General Perón y que sobrevivió milagrosamente gracias a la lucha de sus trabajadores, donde se pueden fabricar todo tipo de embarcaciones de gran calado y también dragas. 
No les cae bien que el Estado retome sus atribuciones de cobrar peajes y controlar la circulación; porque el neoliberalismo la única lógica que entiende es la del lucro, y para que este siempre vaya creciendo, no les importa destruir a hombres y mujeres de un pueblo, como tampoco al ambiente. Podría extenderme en los ejemplos, por eso creo firmemente que hay que apoyar el Decreto Nacional 427/21, y trabajar incansablemente para lograr en este año una legislación definitiva sobre el tema, ya que hace a nuestra soberanía nacional.

DANIEL FERNÁNDEZ
DNI 11.653.682
Resistencia

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Docentes preocupados por designaciones irregulares

Señor director de NORTE:
Como docentes pertenecientes a la Planta Orgánica Funcional del I.E.S. Profesor E. A. Fracchia recurrimos a este medio para visibilizar y hacer pública una situación institucional irregular específica relacionada con la violación del Estatuto del Docente. La misma se refiere a la forma en que ha sido designado el cargo de coordinador pedagógico o su equivalente.
El Estatuto del Docente, ley madre de la gestión educativa, en el artículo 173 reza: “Para acceder al cargo de coordinador pedagógico deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Titular en el grado inmediato inferior del escalafón (profesor o director de estudios); b) acreditar como mínimo cinco años de antigüedad en el nivel terciario; c) título de profesor en Ciencias de la Educación o equivalente”.
También, el rector cuenta con una lista de orden de mérito que envía la Junta de Clasificación del Nivel Superior para respetar la trayectoria de cada docente. La institución, además, debe realizar el ofrecimiento teniendo en cuenta lo mencionado y utilizar los medios de comunicación que oficialmente posee para que los profesores que se encuentran en condición lo acepten o no. Como eso no sucedió, la docente a la que le correspondía continuar porque ya estuvo desempeñándose en el mismo en carácter de suplente, se vio obligada a presentar un recurso de revocatoria con apelación jerárquico en subsidio a fin de salvaguardar los derechos que le asisten por ley. En su lugar, fue designado por el rector y toma posición del mismo un profesor de la casa con el título de Matemática, Física y Química, que se estaba desempeñando como director de estudio de ese profesorado, sin encuadrarse en la normativa vigente. Algunos profesores en Ciencias de la Educación, que somos los que obtenemos competencia de título, al observar dicha irregularidad solicitamos al rector una reunión para que nos explique, criterios y normativas adoptadas para realizar ese nombramiento, sin obtener respuesta y/o espacio al diálogo, ya que, a nuestro juicio no es justo ni corresponde, porque si se alteran los procedimientos administrativos que figura en la institución, ¿los profesores en Ciencias de la Educación vamos a enseñar  matemáticas entonces?
Estamos en desconcierto porque sería inédito en toda la provincia que un profesor del área de las ciencias exactas ocupe un cargo, sin tener las competencias establecidas por el Estatuto; además de sentar un grave precedente de violación de las normativas. Por todo ello, nos hacemos los siguientes interrogantes: ¿es frecuente en la institución esa manera de realizar los ofrecimientos, tanto para los cargos como para las horas cátedras? ¿Por qué casi todos los directores de estudios de la institución son del área de las ciencias exactas como, también las horas semiexclusivas? ¿Por qué las ciencias sociales se encuentran en detrimento respecto de las ciencias exactas? ¿Se olvidan que lo sustantivo y pertinente de la formación docente es lo pedagógico-didáctico y otras, como por ejemplo: la sociología, filosofía, psicología, etc.? 
En conclusión, esta situación específica le quita transparencia a la gestión institucional y al cuerpo directivo, naturalizando ciertas formas de realizar las designaciones de cargos y horas cátedras, no respetando las leyes y normativas vigentes que establecen los procedimientos administrativos. 

ROSANA E. ROMERO 
DNI 22.327.275
CARINA ROBLEDO
DNI 24.298.264
MARÍA MERCEDES PITTERI 
DNI 20.091.446
ROCÍO ELIN ROBLEDO
DNI 37.974.081
(Hay más firmas)
General San Martín

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El debate en torno del sistema colegial

Señor director de NORTE:

Como expresidentes del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial, y exconsejeros ante el Consejo de la Magistratura del Chaco por el estamento de los abogados/as queremos expresar nuestra opinión sobre el reciente proyecto legislativo de regulación del ejercicio profesional de la abogacía y la procuración en nuestra provincia. Al respecto, debe destacarse inicialmente que el mismo hace reposar el gobierno y control de la matrícula profesional en colegios públicos, lo que difiere sustancialmente con la vigente ley 2275-B, que asigna esa función al Poder Judicial. Valga esta aclaración para despejar la versión difundida en diversos medios de comunicación masiva, por colegas y distintas asociaciones de abogados, oponiéndose al proyecto, manifestando, entre otras razones, en que resulta injustificado el tratamiento de una nueva ley con idéntico objeto atento a lo reciente de la sanción de la norma actual (7 años). La nueva iniciativa, entonces, no importa reeditar un debate sobre lo existente, sino la posibilidad de restablecer un sistema consagrado hace casi 30 años mediante la ley 3718, la que luego de superar el examen de constitucionalidad por ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, y luego de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, insólita, inaudita e infundadamente, creando un nefasto precedente en materia de política legislativa, la Legislatura local la mantuvo suspendida por casi 20 años.
 En 2013 se derogó la ley 3718 con el voto de los mismos diputados que luego dictaron la actual ley 2275-B. La realidad de esta ley fue, como era de suponer, una suerte de trámite estadístico, circunscripto una vez más a compulsar la aparente opinión mayoritaria, únicamente, claro está, de lo/as abogados/as, lo que  muy rápidamente terminó por sancionar una ley excluyendo el sistema de colegio legal. Los legisladores nunca supieron responder satisfactoriamente a la indagación de por qué mientras otorgaban el sistema colegial a otras profesiones liberales, aún no universitarias, se la negaban a los abogados, limitándose aquellos a responder, sistemáticamente, que los abogados no se ponen de acuerdo. Esta inapropiada respuesta ha dado lugar al reproche que insistentemente hemos planteado quienes adherimos al sistema de colegio legal: 1) La regulación del ejercicio de la abogacía y procuración no es de interés exclusivo de los abogados/das, sino que tiene decisiva proyección a la sociedad, o usuarios de su servicio, por lo que su control, surge ineludible con la finalidad pública de procurar una prestación ética e idónea, que asegure el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos en las mejores condiciones posibles de probidad y calidad. 2) A su turno, tampoco perjudica a los abogados, por el contrario, les permite recrear un ámbito de lealtad y jerarquización profesional, en que se diluciden las conductas denunciadas como reñidas con la ética profesional, despejando las críticas centradas en aquellas conceptualizaciones generalizadas tan oídas como: la industria del juicio, los corre ambulancias, etc. La realidad es que estamos convencidos de que la gran mayoría de los y las colegas ejercen digna y honorablemente la profesión. 3) La regulación tal cual está, gobierno y control de matrícula por el Poder Judicial, ha dado sobradas muestras de ineficiencia en ese sentido. Téngase en cuenta que las estadísticas indican el ínfimo, casi inexistente, registro de sanciones por conductas contrarias a la prestación ética del servicio profesional. Queremos resaltar aquí ante la opinión pública, la que tal vez sea, y no casualmente, la menos difundida de las bondades del sistema colegial, en cada ocasión en que se intenta modificar el estado de cosas relacionadas al control del ejercicio de la abogacía en el Chaco. La característica medular del sistema es su aptitud para propiciar garantías al justiciable en particular, al ciudadano y a la sociedad en general, de un servicio jurídico tutelado por normas éticas, cuya inobservancia encuentre un ámbito que ofrezca respuestas efectivas al usuario. Así se cimentó la creación de colegios o consejos legales de prácticamente todas las profesiones liberales del Chaco, de todas las provincias argentinas, y de todos los países, al menos los occidentales y más desarrollados, del mundo.
 Es por ello que debe llamar poderosamente la atención a la opinión pública por qué los legisladores del Chaco centran y limitan su atención, al punto que supeditan su función eminentemente pública, a una aparente disputa entre abogados/as, como si solo a estos interesa la cuestión. A la vez que prescinden, absolutamente, de la opinión de la gente, o de representaciones de distintas extracciones de la comunidad, quienes son, los que mayores intereses en juego tienen en la cuestión. Lo dicho, no equivale a decir que la legislación en la materia debe hacerse a espaldas de los profesionales involucrados, de ninguna manera, sino que debe prevalecer en aquella el interés público, el bien común. Suma en este sentido, y solo a modo de ejemplo, la previsión del sistema colegial a título de carga pública, la asistencia y representación jurídica gratuita de los sectores sociales de recursos insuficientes para acceder al servicio de administración de justicia mediante el patrocinio legal privado, coadyuvando, a la asistencia y representación oficial estatal. 
Entendemos auspiciosa esta nueva recreación del debate en torno del sistema colegial, que no debería desperdiciarse repitiendo prácticas de tratamiento previo que no dieron buenos resultados y el producto de ello ha sido una ley que no ha sido eficaz ni útil para jerarquizar la profesión y dar a la sociedad respuestas serias y claras frente al mal ejercicio de la abogacía.
              
RODOLFO GABARDINI
      OMAR MIRÓ 
      MARCELO CASTELÁN
      JUAN PENCHANSKY
      RICARDO BUGNART
      JORGE PACHECOY
      VICTOR ARBUÉS
      HUGO PEIRETTI
      CARLOS BARCESA 
      JOSÉ SÁNCHEZ
      HILARIO BISTOLETTI
     ALFREDO MATHE
     ESTELA MOULIN
     OSVALDO SIMONI 
     ROLANDO ORTIZ
     AVELINO FERNÁNDEZ
     PATRICIA GUITART
     BENJAMÍN KAPEICA
     LAURA LOTERO 
     CARLOS GRILLO
     LAURA TISSEMBAUM
     VICTOR VELEFF 
     CLAUDIA PACCE 
     PEDRO REGUEIRO
     KARINA BRISIGHELLI
      Resistencia 
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Nada nuevo, viejos compromisos  

Señor director de NORTE:
No es nuevo ni sorprende que sectores clamen por aumento de salarios. No es nuevo que se diga que los jubilados han sido marginados. No es lo mismo referirse a los jubilados nacionales de los que dependen de sus provincias.  
Desde Salud, tanto pública como privada, Educación, y otras instituciones, sumados a los planes sociales son casi a una sola voz. Recomposición o aumento son las demandas. Todas legitimas. Estén unos de acuerdo y otros no.  
¿Por qué se necesita aumento? ¿Por qué sube la canasta familiar? ¿Por qué decidieron aumentar servicios e impuestos?  
 Lo que no se conoce y pertenece a administradores de gobierno, es cómo comienza el desfase y cómo se desata la inflación. Ellos lo saben y con maniobras, discusiones y estrategias, tratan de manejar las situaciones, algunas teñidas de confrontaciones entre pares o partidos políticos. 
Y a veces aparece un decreto, que se parece a darse por vencido a esa montaña de problemas heredados y adquiridos. Y es necesario hacer callar... a todos.  
Si fuera una economía estable, los clamores no existirían.  
Si no hubiera derroche y dinero mal invertido, quizás no querrían culpar a nadie.  
Si bien cada sector necesita reclamar, hacerse oír, las causas y los motivos que mueven los precios y los costos van más allá de las arcas provinciales.  
Los patrones: el combustible, la harina y el aceite parecen ser “las dianas” de lo que vendrá.  
¿De quienes depende, del Gobierno o sus productores? ¿No será que algo debe cambiar?  
Gobernar debe ser una tarea estresante y complicada. Pero los hombres deben saber que existen limitaciones, y en vez de decir “Nos salva Dios o no nos salva nadie…”, por un momento, pedirle a Dios que muestre los caminos y toque los corazones de los responsables de aquello que no se hace.  
Unos pensarán en un país bendecido, otros en una Argentina justa...  
 
MÓNICA PERSOGLIA 
Resistencia  

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