La posibilidad del colapso en la salud pública y tener coronavirus sin saberlo, y de esa forma contagiar a seres queridos, los temores de la comunidad.
La muerte de un ser humano es algo solemne, que paraliza. Lo ocurrido con el médico terapista Miguel Duré del hospital Perrando, con el comisario René Pogonza en El Sauzalito, y ayer con la enfermera Mónica Moyano, de quien los médicos de la UME Juan Marcelo Gallovich y Fabián Acevedo escribieron que era “una excelente profesional y mucho mejor persona, que siempre tenía una sonrisa para ofrecer”, muestra la imagen que los “soldados” de la trinchera sanitaria y de seguridad, están siendo golpeadas por la pandemia del coronavirus.
“El Chaco es parte de la Argentina y me preocupa tanto como cualquier otro lugar” fue el mensaje del presidente de la Nación en la videoconferencia con el gobernador que reemplazó a la visita a Resistencia -que sus médicos desaconsejaron-, pero que en términos políticos puso a Capitanich en la misma línea de Axel Kicillof y del jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, embretados todos en poder aplanar la curva de contagios y de fallecimientos del coronavirus, cuya expansión, dígase lo que se diga, es incontenible en un impacto universal donde, al decir de la Organización Mundial de la Salud, todavía no hemos sufrido lo peor, con el viento de cola de una segunda fase y en el caso argentino un mes de julio con sus temperaturas bajas y la sobrecarga del momento más complicado del año para distintos riesgos sanitarios.
En el Boletín Oficial y en la página de la Suprema Corte de Justicia argentina fue publicado el texto de la sentencia otorgada por el Tribunal de Derechos Humanos en 2019.
El Chaco no tiene en la faz pública un espacio para producirlo y empresas quieren al menos cubrir costos.
Se trata de casos confirmados y aquellos que regresan a la provincia desde otros distritos o que provienen del extranjero.
Más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen en los hogares argentinos sale de pequeñas extensiones de tierra donde se llevan a cabo actividades agrícolas realizadas por familias que, por lo general, tienen dificultades para acceder a créditos para fines productivos. De ahí la importancia de la reciente decisión del Banco Nación de promover la inclusión financiera de este sector con medidas que faciliten las inversiones en capital de trabajo y la compra de insumos.
